11-01-2019.- En el marco de las Audiencias Públicas sobre la Guardia Nacional, diputados y senadores de todos los partidos manifestaron sus observaciones sobre la propuesta que crea ese órgano de seguridad, ante titulares de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana y PGR.

La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Juanita Guerra Mena (Morena), indicó que la mayoría de delitos de alto impacto son consecuencia de las limitaciones de cada corporación policial.

En la mesa 8: “Seguridad, Construcción de la Paz y Guardia Nacional”, calificó de urgente un marco legal acorde con las necesidades. Pidió que la instancia que preside sea partícipe de las propuestas normativas que acompañen a la Guardia Nacional.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República, Lucía Trasviña Waldenrath (Morena), indicó que “debemos ser conscientes de la realidad que vive el país; nosotros, los civiles, le hemos fallado a la patria; por ello, vamos a actuar construyendo la paz que demanda la ciudadanía; no hay pretextos”.

“Tenemos que construir la Guardia Nacional; es un imperativo de hoy y no del mañana. No seamos irresponsables porque hay un pueblo al que nos debemos y que nos demanda”, comentó.

El diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) explicó que la guardia será una policía civil. “La disyuntiva es cómo diseñar esa transición, mediante los transitorios del dictamen”. Sobre las propuestas de activar el artículo 29 constitucional, dijo que se trata de un precepto para suspender garantías; la mayoría parlamentaria no avalará ninguna restricción de derechos.

Su compañera de bancada, diputada Lorena Villavicencio Ayala, destacó la postura que ha adoptado el Ejecutivo al aceptar que la conducción de la Guardia Nacional esté en manos de una autoridad civil. Además, resaltó el compromiso de las fuerzas armadas por el respeto cabal a los derechos humanos y la perspectiva de género.

Del mismo partido, la diputada María de los Ángeles Huerta del Río explicó que la nueva corporación estará compuesta por jóvenes civiles y algunos elementos militares, pero todos respetarán los derechos humanos. Estimó que ese órgano de seguridad puede ser la única manera de que la sociedad pueda resistir, mitigar y hacer frente al grave flagelo del crimen organizado.

El diputado Marco Antonio Andrade Zavala, también de Morena, expuso que la Guardia Nacional está incluida en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. En cuanto al federalismo, dijo, está garantizado y su funcionamiento y organización estarán plasmados en las leyes secundarias. “Avancemos y no tengamos temor, porque por la crisis de seguridad que vive el país no puede postergarse”.

La diputada del mismo grupo parlamentario, María Guillermina Alvarado Moreno, puntualizó que nadie tiene la infraestructura ni la capacidad para desarrollar policías a la velocidad que se requiere; sin embargo, la milicia tiene una estructura que comienza desde la academia. “Queda claro que la formación castrense cuenta con adiestramiento sujeto a la protección de los derechos humanos”.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) expuso que la Guardia Nacional es una salida real a la crisis de violencia que vive el país. Asimismo, reconoció al Gobierno federal y a la Cámara de Diputados la apertura para realizar los ajustes necesarios al dictamen a fin de lograr un acuerdo nacional a favor de la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.

Del mismo partido, la diputada Susana Cano González indicó que ese cuerpo de seguridad no puede esperar más. Estimó que “las administraciones pasadas dejaron un país desecho”, por lo que pidió a los legisladores analizar su voto, en virtud de que la propuesta busca el bienestar de la ciudadanía.

El coordinador del grupo parlamentario del PAN, diputado Juan Carlos Romero Hicks, subrayó que los legisladores “no tienen derecho a fallar; tenemos que actuar bien y pronto”. El país espera soluciones que garanticen paz y seguridad, y se requieren cinco elementos: estrategia completa, rediseño de las instituciones, acreditación de la personas que van a actuar, instrumentos normativo y el máximo de participación de la ciudadanía.

El diputado Fernando Torres Graciano (PAN) manifestó que el dictamen no puede transitar tal y como está, pues no define cómo se hará el reclutamiento ni entrenamiento de quienes integrarían la Guardia Nacional, tampoco el paquete de leyes secundarias que respaldarán a la reforma constitucional. “Acción Nacional está dispuesto a acompañar una institución fuerte, legitimada y de alto nivel, pero no avalar ocurrencias que después se tengan que corregir”.

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN) manifestó que su partido quiere ayudar al Presidente de la República; sin embargo, las leyes no se pueden hacer para una persona, sino hacia todo un país y sus instituciones. “Por eso se necesita una policía de proximidad y, por otro lado, centrarnos en darle un marco jurídico al Ejército”.

El senador Damián Zepeda Vidales (PAN) consideró que las fuerzas armadas no están capacitadas para las funciones de seguridad pública debido a que tienen otra función constitucional. “Parecería que las únicas dos opciones son Guardia Nacional, sí o no, y eso es falso; el problema es cómo resolver la inseguridad pública que se tiene en este país”.

El diputado priista Rubén Ignacio Moreira Valdez externó su preocupación respecto de que se vea a esta institución como la que resolverá el problema de la inseguridad, si bien es un componente importante, se requiere la cooperación de los tres órdenes de gobierno y poderes. Por lo que solicitó a los titulares de la Sedena, Semar y Seguridad detallar cuál será la naturaleza de contratación de los jóvenes que se incorporen a la Guardia Nacional y la competencia de esta corporación.

La diputada Mariana Rodríguez Mier Y Terán (PRI) cuestionó sobre que si se aprueba la guardia como se encuentra, qué pasaría con las demás partes del cuerpo de Sedena y Marina; si tuvieran que continuar participando en estas funciones, cuál sería el marco jurídico que los estaría a ellos cobijando.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES) subrayó que la Guardia Nacional estará integrada dentro de una estrategia que no sólo atienda las funciones para preservar la protección civil a nivel federal, sino como una instancia coadyuvante de las autoridades de seguridad civil, respetando la soberanía de las entidades y la autonomía de los municipios.

José Ángel Pérez Hernández (PES) sostuvo que se debe tener cuidado con las grandes expectativas de la Guardia Nacional, cuando no va a ser la panacea para resolver la inseguridad del país, por ello, se debe apoyar a la policías municipales y la federal para construir “la seguridad pública desde abajo”.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) apuntó que el dictamen podrá ser aprobado si se cuida el respeto a los derechos humanos. “El Ejecutivo no quiere violar la Constitución ni la ley, por eso está en nuestras manos poner el marco jurídico para avanzar en libertad y democracia pero, sobre todo, en justicia y seguridad para la ciudadanía”.

El diputado del PT, Benjamín Robles Montoya, subrayó que en este momento existe una tremenda inseguridad en el país y, ante eso, se requieren estrategias que resuelvan lo que se está padeciendo, por lo que su bancada respaldará la creación de la Guardia Nacional. Asimismo, reconoció que el Presidente de la República coincida con la necesidad de que la guardia esté bajo un mando civil.

En su intervención, el legislador Silvano Garay Ulloa (PT) señaló que el problema número uno en el país es la inseguridad que ha crecido velozmente y está invadido por la delincuencia organizada. También, dijo, es importante que esta soberanía resuelva inmediatamente el tema de hacer uso de la Guardia Nacional.

El diputado de MC, Tonatiuh Bravo Padilla, cuestionó a los titulares en materia de seguridad del país sobre qué efectos traería que los marinos se hagan cargo de la seguridad aeroportuaria, y que si la presencia de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública será temporal o no.

La diputada Martha Tagle Martínez (MC) cuestionó si la capacitación de algunos meses será suficiente para cambiar el actuar de las fuerzas armadas, que están entrenadas para la guerra. También preguntó si los elementos castrenses realmente obedecerán a un civil. Lo más sano, aseguró, es regresar el dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales y continuar la discusión.

Patricia Mercado, senadora de MC, llamó a encontrar nuevas rutas para enfrentar la crisis de seguridad y que la gente viva en paz y no corra riesgos. Añadió que la sociedad civil no está lista para que se vote por esta Guardia Nacional y pidió construir acuerdos en pro de la diversidad del país.

Del PRD, el diputado Antonio Ortega Martínez cuestionó si la presencia del pensamiento militar hace falta en el debate de la gobernabilidad y preguntó a los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina si aceptarían que el Presidente de la República designara como titulares de estas dependencias a civiles y que fueran mujeres.

Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) manifestó que es necesario tener más tiempo para resolver este tema y analizar las propuestas, así como para ver si en su origen y estructuras va a prevalecer lo civil sobre lo militar. “El decidir y tomar la definición de que la guardia debería tener un mando civil, no solamente se trata de hacer cambios de nombre, sino también discutir el tipo de entrenamiento u otras implementaciones”.

La diputada Mónica Almeida López (PRD) subrayó que si no se modifica el dictamen original significará la pérdida del diálogo y de las aportaciones expuestas en las audiencias públicas. “Se requiere un documento que no genere vacíos o que vaya en contrasentido con lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto de que la militarización debe ser extraordinaria y acotada”.

El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM) estimó necesario que las fuerzas armadas estén en las calles, a fin de garantizar seguridad. “Hay tres opciones: regresarlos a los cuarteles, simular un marco jurídico o reformar la Constitución; por eso no hay pretexto para impulsar el dictamen”.

El senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza Longoria, celebró que todos los sectores estén preocupados por el respeto a los derechos humanos, sin embargo, expresó que a la hora de cumplirlos se tienen problemas de impunidad. Cuestionó el por qué no se reglamenta el artículo 29 Constitucional, pues todos los argumentos que se dan sobre las urgencias de seguridad están contemplados en él y con ello realmente dar un marco legal a la actuación de las fuerzas armadas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, afirmó que jamás habrá uso indiscriminado de la fuerza. “No se ordenará ningún acto de represión y quien incurra en ese exceso habrá de pagar debidamente las consecuencias; no encontrará complicidad alguna en el gobierno”.

Enfatizó que si existiera una institución con la misma solidez que las fuerzas armadas, no se habría tenido que recurrir a las policías militar y naval para buscar la base de la Guardia Nacional, aunque aclaró que “no sustituirá a ningún puesto de seguridad, sino los complementará”.

Es fundamental fortalecer las policías municipales y estatales; por eso, “tenemos la convicción de hacer policía desde abajo, pues si no resolvemos la debilidad institucional en esos niveles no se garantizará seguridad suficiente a la ciudadanía.

Aseguró que se depurarán las corporaciones locales, pues “no hay en el país crimen organizado que no camine o crezca de la mano de la protección policiaca y no hay a su vez, protección policiaca sin el patrocinio de un alto político o funcionario público; eso se debe acabar y tenemos que comenzar de arriba hacia abajo”.

Resaltó que el nuevo órgano será supervisado a través de control social; es decir, habrá instancias de participación civil en los mecanismos de control y de transparencia; además, se tendrá control jurisdiccional y legislativo, a fin de garantizar el pleno respeto del federalismo.

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