11-01-2019.- En la Mesa 9: "La seguridad y la Guardia Nacional” de las Audiencias Públicas, investigadores y sector empresarial expusieron a legisladores sus posturas sobre la creación de esta institución y destacaron la importancia de resolver el problema de inseguridad.

El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena) argumentó que el mando de la Guardia Nacional tendrá un carácter eminentemente civil. Agregó que la estrategia va encaminada a atender las causas que han generado violencia en el país, a través de una institución que genere confianza en la población y ajena a la corrupción. “Buscamos que haya paz en México y seguridad”,

Su compañera de bancada, la diputada María de los Ángeles Huerta del Río resaltó que estas audiencias han ayudado a reconocer que el mayor problema nacional es la falta de seguridad. “La ineficacia en las políticas en esta materia han sido monumentales y para combatirlo se tiene un extraordinario plan para alcanzar la paz; la Guardia Nacional sólo es uno de los varios aspectos que se contemplan”.

También de Morena, la diputada Irma Juan Carlos afirmó que se tiene un severo problema de falta de seguridad. “En menos de 72 horas mataron a dos militantes de mi partido en Oaxaca; no vamos a solapar a nadie y esta ley sí contempla una evaluación de la Guardia Nacional a los tres años y prevé ajustes”.

Lucio Ernesto Palacios Cordero, diputado de ese mismo grupo parlamentario, expuso que las audiencias son un ejercicio inédito, del cual se aprende, pues “es una acción democrática el discutir de cara a la sociedad la reconfiguración de las instituciones, las políticas públicas y los derechos fundamentales”.

El diputado de Morena, Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses expresó que afortunadamente la Guardia Nacional será civil y no militar; además, las instituciones de seguridad trabajarán en coordinación.

De esa misma fracción, la diputada María Guadalupe Román Ávila afirmó que la Guardia Nacional es una necesidad urgente para atender la inseguridad, pues garantizará su pronta capacidad de respuesta, se optimizarán los recursos del Estado y la profesionalización en materia de uso de fuerza, derechos humanos y procedimientos penales.

Por el PAN, la diputada María del Pilar Ortega Martínez señaló que si bien se ha aceptado tener un mando civil en vez de militar, “no basta con este cambio, cuando hay temas preocupantes, como el sistema de reclutamiento y formación, ya que detonaría un organismo de formación y características asociadas a un órgano castrense; hay que hacer ajustes en el desarrollo orgánico de la Guardia Nacional”.

El diputado priista, Rubén Ignacio Moreira Valdez preguntó a los diversos ponentes sobre la base de los diversos estudios de la confianza que tiene la sociedad en las fuerzas armadas, cuáles son los elementos para decir que hay militarización en el país, y si es la misma Guardia que el siglo XIX y exhortó a reflexionar si se discutirá el artículo 19, “démonos el espacio para mejorar el dictamen”.

Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, diputado del PES, expuso que estas audiencias permitirán construir acuerdos sobre la base de la responsabilidad, apertura, pluralidad, entendimiento y, sobre todo, tener el mejor resultado en beneficio de México.

El diputado Jacobo David Cheja Alfaro (MC) mencionó que se debe realizar un nuevo dictamen y contar con el paquete de iniciativas de leyes secundarias, como la orgánica de la Guardia Nacional, del Uso de la Fuerza Pública, de lo contrario el debate no podrá avanzar. El nuevo documento debe dar prioridad a la prevención y salvaguardar los derechos humanos de la ciudadanía.

Su compañera de bancada, diputada Martha Tagle Martínez cuestionó que si hoy que se plantea que el mando del nuevo modelo de seguridad será civil, esto evitará que existan abusos sexuales por parte de las fuerza armadas y saber si se tiene claridad sobre si las víctimas han logrado acceder a la justicia.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) subrayó que estas audiencias han servido para incidir en que la Guardia Nacional esté bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; sin embargo, se comentan que la disciplina, operación, preparación y reclutación será militar. “Me parece que sólo hay un cambio de nombre porque si se aceptara que esta institución es civil, por qué debe hacerse una reforma constitucional”.

La profesora investigadora del CIDE, Catalina Pérez Correa señaló que si la Guardia Nacional es una herramienta para contener la violencia, “les quiero decir que no va a funcionar; 12 años de probar la estrategia de despliegue federal han arrojado suficiente evidencia para decir que no sirve para contener la violencia. En todo caso, los resultados que tenemos y hemos estudiado muestran que especialmente cuando el despliegue es militar aumenta la violencia”.

Indicó que pensar que la creación de la Guardia Nacional va a resolver la crisis de violencia es un error y la evidencia lo demuestra. Calificó como avance el que se haya anunciado que el mando será civil; sin embargo, dijo, el entrenamiento militar, el armamento militar no son adecuados para hacer frente a los problemas de seguridad pública. “El Ejército no es ni debe ser policía. Les pido que no reformen la Constitución de esta forma y que no aprueben este dictamen”.

Por México Evalúa, Edna Jaime expuso que la militarización de la seguridad pública no resuelve de fondo el problema que vive México y la solución pasa por la formación de instituciones de seguridad, civiles, sólidas y confiables. “La seguridad se construye desde lo local, con la intervención de muchos actores. El Estado mexicano tiene muchos otros recursos para resolver la violencia. Se requieren múltiples estrategias locales para atender las necesidades de cada región, estado, municipio y zona”.

Uno de los principales errores en la argumentación a favor de la Guardia Nacional es pensar que si el cuerpo militar está bajo mando civil los derechos humanos serán respetados. También se asegura que la disciplina militar evitará el abuso y esto no es así. “Falta mucho trabajo para desarrollar controles eficaces, así como mecanismos de capacitación, monitoreo, fiscalización y rendición de cuentas para las Fuerzas Armadas. Darles más atribuciones y cruzar los dedos para que no abusen de ellas”, señaló.

Ignacio Manjarrez Ayub, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de Coparmex, destacó que la creación de una Guardia Nacional no puede dejar de lado la indispensable tarea de fortalecer a las policías en el ámbito federal, estatal y municipal; debe depender de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; tener plena coordinación con el ámbito estatal y municipal, porque “así como está planeada hoy en día no soluciona los problemas delincuenciales que laceran a la sociedad”.

Afirmó que no hay evidencia de que las fuerzas armadas tengan las herramientas legales y técnicas para mejorar el fenómeno de la delincuencia ordinaria. Se debe construir bajo una naturaleza civil, no militar; acotar las facultades en la materia de delincuencia organizada; establecer con claridad las atribuciones de la federación, estados y municipios y crear un consejo nacional de evaluación.

Arturo Mendicuti Narro, vicepresidente de Seguridad de Concanaco-Servytur, puntualizó que de una lectura al dictamen se podría inferir que la Guardia Nacional no es considerada como una institución de seguridad pública. “De aprobarse, debe convertirse en una institución competente y eficiente que desempeñe las tareas que le son encomendadas. Se requiere del fortalecimiento de las capacidades y depuración de las policías estatales y municipales”.

Resaltó que se requiere de una procuración y administración de justicia que abata los altos índices de impunidad. “Que el sistema de reinserción social ahora sí cumpla reinsertando a los procesados, a los sentenciados en la sociedad. Que las tareas de prevención social del delito y la violencia se desarrollen a plenitud. Que el Poder Legislativo le otorgue a esta área los recursos suficientes para desarrollar las tareas de prevención del delito. Que las acciones contra la corrupción sean efectivas”.

Manuel Cardona Zapata, de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, AC (ANTAD), argumentó que tienen 35 grupos de trabajo en el ámbito federal, estatal y municipal para atender la problemática de la inseguridad. “Nos hemos dado cuenta que la mayoría de los mandos federal, estatal y muchos de los comisionados son integrantes del Ejército o de la Marina. Lo más sorprendente es que cuando un mando civil está operando y arropado por gente del Ejército la disciplina cambia totalmente adentro de las corporaciones”.

Añadió: “para nosotros el tema de Guardia Nacional nos obliga simplemente a no entrar a la discusión de fondo, para eso hay expertos. Pero sí compartimos casos de éxito en donde la autoridad del Poder Ejecutivo civil se coordina con el gobierno federal, con las fuerzas armadas, la policía estatal y la municipal, los casos de éxito son mayores. Todo esfuerzo que vaya enfocado a mejorar la seguridad del país debemos aplaudirlo, celebrarlo y acompañarlo”.

El presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención del Delito de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Refugio Muñoz López, manifestó que en los últimos años la situación de inseguridad que afecta al transporte de carga ha empeorado, agudizándose principalmente a partir de 2015. “Tal contexto ha vulnerado la prestación de este servicio con afectaciones, no sólo para este sector, sino para la economía. Pedimos que dentro de la Guardia Nacional se cree un grupo especializado que atienda el robo al transporte en sus diferentes modalidades”.

Añadió que la creación de la Guardia Nacional es una propuesta que compartimos, por ello “nos manifestamos a favor de la iniciativa de reforma constitucional. Los niveles de inseguridad que vivimos requieren de un sistema que integre y coordine a las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de las entidades federativas y los municipios, así como las demás autoridades de la Federación que correspondan”.

Karla Michel Salas Ramírez, defensora de derechos humanos, señaló que no se puede avanzar en la construcción de una Guardia Nacional integrada por elementos de la Marina y del Ejército, sin establecer la responsabilidad y alcances de la cadena de mando de dichos elementos, así como de la responsabilidad de los mandos operativos, sobre actos delictivos que cometan los elementos de la tropa, incluidos donde se presenten violaciones a derechos humanos.

Sería preocupante que al integrar a elementos de la Marina y la Sedena a la Guardia Nacional, sigan manteniéndose sujetos al régimen militar. De acuerdo con uno de los transitorios del dictamen “todas y todos los reasignados mantendrán su escalafón, antigüedad, prestaciones, que en la práctica representa seguir siendo parte de las fuerzas militares”, agregó.

El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Raúl Zepeda Gil indicó que hay dos retos generales que la Guardia Nacional va a enfrentar al ser creada, modificada, cual sea su marco jurídico y mando, y que tienen que estar contemplados. Estos son de proporcionalidad y correspondencia del uso de la fuerza, y de operatividad territorial.

Manifestó que los mandos integrantes de los cuerpos armados al ser responsables legales del uso de la fuerza deben considerar en la operación su potencial letal y de daño. También que la inspección de la Guardia Nacional no debe depender ni del titular ni de ninguna secretaría, debe ser autónomo.

El investigador Jorge Lara Rivera comentó que en cuanto a la Guardia Nacional se advierte que se está dando muerte a una institución orgánica histórica, a la guardia civil. “El dictamen puso al Poder Legislativo en una disyuntiva que es la libertad del ciudadano versus su seguridad”.

Este dictamen como está planteado limita derechos fundamentales y es insuficiente; por ello, estas mesas podrían ayudar a robustecer no sólo el texto final, sino el dictamen.

José Reynol Neyra González, secretario de Acción Política de la Confederación Autónoma Nacional de Trabajadores y Empleados de México, dijo que se requiere formalizar una institución policial que responda al clamor de contribuir a la generación de un ambiente de seguridad, de este modo, junto con las medidas para disminuir las desigualdades y atajar la corrupción, se cerrará el círculo para una mejor tranquilidad.

En este nuevo ordenamiento, comento que se propone concretar en tres vertientes: el rol de las fuerzas armadas ante el predominio civil, el desarrollo orgánico de la Guardia Nacional y su perspectiva en los derechos humanos y el énfasis en la coordinación de los órdenes de gobierno.

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