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Palacio Legislativo, 13-05-2014 (Notilegis).- El coordinador de PT, Alberto Anaya Gutiérrez, lamentó que las leyes reglamentarias en materia político-electoral “sólo asiente la repartición de bonos políticos y económicos entre dos de las principales fuerzas políticas en el país”. En un comunicado, afirmó que la reforma es “un ajuste de cuentas” donde el PRI paga al PAN “los votos que otorgaron para poder entregar el petróleo al extranjero”. Anaya Gutiérrez comentó que se debió avanzar más en “el establecimiento de las causales de nulidad de las elecciones y no trampear los procesos electorales en la compra subrepticia e ilegal de tiempos en los medios de comunicación electrónica”. En el tema de reelección de diputados y senadores, consideró que “con esta medida se crean oligarquías gubernamentales, que no necesariamente responden a los intereses del pueblo y sólo bastará que quienes ejercen el presupuesto público utilicen clientelarmente los recursos para comprar votos”. Advirtió que con la reelección se prevén dos escenarios: “uno que pudiera ser positivo para la vida democrática del país, como es que los legisladores, en el propósito de reelegirse, se profesionalicen y trabajen para cumplir las demandas de sus votantes”. “Pero por otro lado, prevalece y hasta se incrementa el riesgo de utilizar los recursos públicos de los que disponen para comprar elecciones”, precisó Anaya Gutiérrez. Además, explicó que “se podría fortalecer el clientelismo legislativo y el tráfico de influencias, que si bien no es consecuencia directa de la reelección, podría abonar al afán de los legisladores por reelegirse en un sistema político tan viciado como el mexicano, en el que el interés personal se sobrepone al interés colectivo”. Anaya Gutiérrez manifestó su confianza porque que en estas leyes secundarias se regulen eficazmente los procesos electorales, a fin de evitar prácticas de compra del voto, lo cual, en su caso, sea debidamente sancionado, “aun con la nulidad de la elección en caso de que llegaran a ganar”. Subrayó la necesidad de establecer mecanismos claros y transparentes sobre el ejercicio del financiamiento público o privado, evitando en este último un posible origen ilegal. LSN |
