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Nota N°. 7126 Funcionarios de Sener afirman a diputados que leyes reglamentarias de energía garantizan competencia en sectores eléctrico y petrolero, sin menoscabo hacia Pemex y CFE

 

Palacio Legislativo 12-06-2014 (Notilegis).- Funcionarios de la Secretaría de Energía (Sener) afirmaron a diputados que las leyes reglamentarias en materia energética garantizan la competencia en los sectores eléctrico y petrolero, sin menoscabo hacia las empresas del Estado: Pemex y CFE.

 

Los subsecretarios de Hidrocarburos, María de Lourdes Melgar Palacios, y de Electricidad, César Emiliano Hernández Ochoa, expusieron el contenido de las iniciativas del Ejecutivo sobre esas leyes secundarias en sus materias, en reunión con las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Energía.

 

Tras presentar una exposición inicial, los funcionarios dieron respuesta a cuestionamientos de los diputados de los siete grupos parlamentarios.

 

Sector eléctrico competitivo

 

Hernández Ochoa afirmó que la propuesta del Ejecutivo federal busca generar un mercado competitivo, a través de dos mecanismos para consumidores industriales y básicos.

 

El primero, desarrollado para grandes consumidores, se denomina usuario calificado, en el cual los diferentes generadores pueden competir por ofrecerles energía a los usuarios que estén arriba de un umbral de cinco megawatts.

 

“Es compatible con lo que hemos visto en otros modelos internacionales, donde se arranca con un umbral alto y poco a poco se va bajando a lo largo del tiempo”, dijo.

 

Precisó que el segundo mecanismo diseñado para los consumidores básicos¿ establece un procedimiento de licitaciones, donde hay competencia por ofrecer el mejor precio.

 

“Son dos mecanismos que en los sistemas que tienen mercados eléctricos –que es la mayor parte en el mundo– funcionan muy bien y que están planteados así”.

 

Propiedad de los hidrocarburos

 

Melgar Palacios subrayó que la propuesta de leyes secundarias establece instrumentos para poder llevar a cabo la explotación de estos recursos energéticos de la manera más eficiente, garantizando, además, su sustentabilidad.

 

Afirmó que la legislación garantiza que la nación tiene una propiedad “inalienable e imprescindible” de todos los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo del territorio nacional, incluyendo la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste.

 

Indicó que con el modelo actual, el Estado pedía a Pemex que realizará todas las tareas de exploración y explotación de recursos, y además cumplir con los requerimientos de producción y de restitución de reserva.

 

“Nuestra realidad, sin embargo, nos muestra que en los últimos 10 años hemos visto una caída importante de la producción petrolera, que ha pasado de 3.4 millones de barriles diarios en el 2004 a estar por debajo de los 2.5 millones de barriles actualmente”, dijo.

 

La restitución de reservas, agregó, también ha venido a la baja, de forma tal que en este año es del 67 por ciento.

 

La funcionaria federal destacó que Cantarell actualmente produce el orden de 300 mil barriles, cuando llegó a más de un millón de barriles diarios.

 

Respecto al gas natural, señaló que en este momento se importa 30 por ciento de los requerimientos, por lo que para poder abastecer a la industria eléctrica, “tenemos que sustituir gas por combustóleo, que es cuatro veces más caro y además mucho más contaminante”.

 

“Es por ello que el gobierno ha hecho una propuesta para incrementar la producción de petróleo y de gas y establecer los mecanismos para que podamos también importar más gas natural barato”, señaló.

 

Melgar Palacios expresó que el gobierno federal no busca sólo apoyar la inversión extranjera, sino la nacional, para generar empleo y crecimiento económico.

 

“La propuesta busca englobar esta generación de cadenas de valor y que haya inversión mexicana en nuestro país y que haya crecimiento y grandes oportunidades para los mexicanos”, comentó.

 

Ronda Cero

 

Melgar Palacios explicó que la ronda cero es un procedimiento establecido en el sexto transitorio del decreto constitucional y que será justamente el mecanismo mediante el cual el Estado dará a Pemex sus primeras asignaciones para que pueda seguir produciendo el equivalente al orden de 2.5 millones de barriles diarios.

 

Precisó que la paraestatal está solicitando quedarse con el 97 por ciento de las reservas 1P, con el 83 por ciento de las reservas 2P, el 71 por ciento de las reservas 3P y con el 31 por ciento de los recursos prospectivos.

 

Subrayó que lo que busca el Estado con este mecanismo es hacer de Pemex una empresa fuerte que realmente pueda desarrollar estos campos y que no tenga que estar gastando recursos en áreas donde no tiene las competencias técnicas o donde a Pemex le sale muy caro poder producir un barril de petróleo.

 

La funcionaria subrayó que la ronda cero no significa un techo para Pemex, ya que podrá participar en cada una de las rondas de licitación que se lleven subsecuentemente.

 

Si Pemex es la empresa más competitiva y hace la mejor oferta al Estado, entonces se quedará con esa área o ese campo para producirlo, añadió.

 

Destacó que la legislación prevé además que la conveniencia de la participación del Estado en ciertos contratos, como son:

 

En el caso de yacimientos como Cantarell; el Estado podrá dar una asignación a Pemex para que desarrolle ese campo que descubrió. Sin duda será un caso extraordinario, pero está previsto en la ley”, precisó.

 

También se prevé que cuando se quiera hacer de alguna tecnología de punta y se considere indispensable que participe Pemex en uno de estos concursos, también se pone un máximo de participación del 30 por ciento en ese caso a la paraestatal, dijo.

 

Protección ambiental y social

 

La funcionaria federal señaló que la propuesta crea la Agencia Nacional de Seguridad Industrial, que va a ser la encargada de asegurar las mejores prácticas internacionales en la exploración y extracción de los recursos y en el desarrollo de los demás procesos en la industria de los hidrocarburos.

 

Asimismo, se propone la evaluación de impacto social que permitirá tener una visión general de cuál es la situación que existe en una zona y poder tener mucha claridad de si se tiene que llevar a cabo la consulta previa, libre e informada para el caso de las comunidades indígenas, y llevarla a cabo.

 

“Todo es a través de un mecanismo que privilegia la negociación entre las comunidades y los particulares, para llegar a acuerdos de beneficios tangibles para todas las comunidades”, afirmó.

 

AMR/JGM

 
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