Palacio Legislativo, 26-07-2014 (Notilegis).- Con el dictamen que se discute este sábado en San Lázaro se pretende transformar de fondo el sistema fiscal vinculado a la industria de la energía, afirmó el diputado Juan Bueno Torio (PAN), secretario de la Comisión de Energía.

“Los cambios, estoy seguro, serán la base para que nuestra economía crezca y se generen más inversiones que se reflejen en más y mejores empleos”, señaló al explicar las modificaciones que realizaron los diputados a los documentos enviados por el Ejecutivo.

Aseveró que estos empleos deberán generarse de manera particular en las regiones y estados con actividades de exploración y producción de crudo y gas, así como en refinación y petroquímica.

Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía debaten este sábado un dictamen que plantea la creación de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, así como reformas a la Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal.

Este paquete de reformas es el último de las leyes reglamentarias en materia energética que se discute en comisiones y se abordará, junto con los otros dictámenes aprobados en lo general, en el periodo extraordinario que inicia el próximo lunes en la Cámara de Diputados.

Bueno Torio dijo que en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se está concibiendo un nuevo régimen fiscal para Petróleos Mexicanos (Pemex), que reduce de manera notable su carga fiscal.

Se elimina el límite de costo que ahora se le pone a Pemex, de 6.50 dólares por barril. Ahora se establece un mecanismo vinculado con el porcentaje de sus ingresos y lo que no pueda deducir en un año específico lo podrá hacer en periodos posteriores.

Se pretende que Pemex esté en condiciones de competir al igual que las otras empresas que vengan a realizar actividades productivas en el país.

Se simplifica la carga administrativa de Pemex al reducir de 11 a tres los pagos de derechos que debe cubrir en todo su proceso.

Los diputados también modificaron la iniciativa del Ejecutivo para permitir que un contratista que registre pérdidas en un contrato de exploración y producción pueda acreditarlas contra las ganancias de otro contrato que ya esté en etapa de producción, con el propósito de fomentar una mayor inversión.

Sin embargo, este esquema tiene que darse con la misma actividad productiva, con el ánimo de que las empresas no vayan a mandar pérdidas a otros tipos de contratos.

Se mantiene la prohibición para que un contratista pueda acreditar las pérdidas generadas por otras actividades que realice dentro del país.

Por ejemplo, si un contratista genera utilidades en un pozo y también esa empresa se dedica a actividades de refinación o de petroquímica en el país, no podrá cargarle o deducir las pérdidas de refinación, por ejemplo, en sus utilidades que tenga por la explotación o la producción de recursos petroleros.

No va a poder consolidar ese resultado de actividades distintas, ya que ello minaría la capacidad del Estado para capturar la mayor renta petrolera en nuestro país, aclaró el diputado Bueno Torio.

También se consideran distintas variables para la adjudicación de los contratos, ya que la iniciativa del Ejecutivo planteaba que únicamente se tomaría en cuenta el carácter económico para determinar el ganador de una licitación.

Sin embargo, para salvaguardar los principios de claridad y transparencia en las licitaciones, se aclara que dichas variables deberán estar asociadas solamente al monto o porcentaje de recursos que reciba el Estado, así como el monto que el contratista comprometa en la inversión y esto implica la parte de la tecnología.

Al incorporar la inversión como variable de adjudicación se busca tomar en cuenta, no solo a quien ofrezca el menor costo, sino también a quien ofrezca mayor inversión a valor presente, para desarrollar de manera eficiente los campos, reforzando la capacidad del Estado para capturar mayor renta petrolera.

Se establece también un impuesto a favor de las entidades federativas y municipios petroleros, el derecho de explotación de hidrocarburos, que pagarán las empresas por la ocupación que hagan de tierras en entidades donde se esté desarrollando la actividad productiva.

El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo será el encargado de la administración de los aspectos financieros de los contratos y de recibir toda la renta petrolera, así como de realizar los cálculos correspondientes para determinar la contraprestación en favor de los contratistas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) únicamente será la responsable de verificar dichos cálculos, como el principal interesado de que se capte para la nación la mayor parte de la renta petrolera.

Asimismo, se establece un vehículo financiero para que el público en general pueda invertir en proyectos del sector, el cual deberá de generarlo el Fondo Mexicano del Petróleo.

Se considera que Nacional Financiera constituya un fondo de inversión que pueda asociarse a los recursos que vaya a aplicar la Secretaria de Energía, a través de un vehículo financiero, en los proyectos de exploración y producción de crudo con las empresas que quieren invertir en el sector.

Asimismo, establece una estructura mínima para que pueda operar este Fondo Mexicano del Petróleo.

Respecto a la Ley de Coordinación fiscal y la Ley Federal de Derechos, se realizaron modificaciones únicamente para reflejar en éste, y los otros dictámenes de las leyes secundarias en materia de energía, las adecuaciones que se hicieron sobre los fondos para estados y municipios.

Con estas modificaciones se da un gran paso en el fortalecimiento financiero de Pemex y se abre la posibilidad a que nuevos operadores participen en la producción de hidrocarburos, sostuvo el diputado panista.

Asimismo, “se garantiza que los excedentes de los ingresos del petróleo se administren de una manera distinta a como se ha hecho hasta ahora y se destinen a la parte de ahorro, inversión productiva, becas, fortalecimiento de investigación y desarrollo tecnológico y, desde luego, un 10 por ciento a las pensiones” de los trabajadores”, finalizó.

JGM