Palacio Legislativo, 29-07-2014 (Notilegis).- Diputados del PRI, PAN, PVEM y NA expresaron los beneficios del dictamen sobre la Ley de la Industria Eléctrica, el cual fue cuestionado por PRD, MC y PT, al fijar la posición de su fracción parlamentaria respecto al segundo paquete de leyes secundarias de energía que se discute en San Lázaro.

El documento expide la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica, y adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

La diputada Irazema González Martínez Olivares (PRI), al posicionar a favor del dictamen, indicó que el protagonista de las reformas en el sector eléctrico será el ciudadano, quien va a ser el receptor de todos los beneficios.

Afirmó que la existencia de un mercado abierto nacional de energéticos no está reñida en lo absoluto con la rectoría del Estado, “es la mejor manera de alcanzar mejores tarifas y hacer más competitiva la economía nación”.

“De eso se tratan estas leyes secundarias. Sin una reforma constitucional no hubiera sido posible utilizar las energías alternativas para tener más y mejores energéticos, de mejor calidad y a menor costo. De eso es de lo que estamos hablando con esta reforma”, subrayó.

El diputado Juan Bueno Torio (PAN) externó que México “está perdiendo muchas inversiones, por ofrecer una energía cara y de mala calidad, y afectando la capacidad de compra, porque, a pesar de los subsidios, los consumidores pagan caro ese servicio”.

Frente a ello, agregó, “requerimos una industria eléctrica fuerte, en el campo y en las demás actividades productivas, y hacia esto se orientan las reformas de las leyes secundarias”.

Con ese dictamen “se moderniza el sector, se fortalece al órgano regulador para garantizará la tarea eficiente y justa de todos los participantes (en la generación y comercialización de la electricidad), se establece la competencia y se garantiza una Comisión Federal de Electricidad (CFE) como un actor importante”, añadió.

La diputada Carla Alicia Padilla Ramos (PVEM) señaló que la reforma garantiza la suficiencia en el sector energético y promueve el desarrollo de una economía, a través de una buena calidad de suministro y de tarifas que resulten competitivas.

“Las elevadas tarifas de energía eléctrica en nuestro país han sido en los últimos años una preocupación constante a nivel nacional, pues éstas se han convertido en un freno para el crecimiento económico al limitar la inversión e impedir que los consumidores finales de gran variedad de bienes y servicios se vean beneficiados” dijo.

La diputada Dora María Talamante Lemas (NA) destacó que las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica y a la Ley de Energía Geotérmica permitirán “potenciar el desarrollo económico del país”.

Asimismo, puntualizó que “los cambios que hoy se discuten garantizan la participación pública y privada en la generación y comercialización de la energía eléctrica, pero igualmente incluyen la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente”.

Con todo, resaltó, la propuesta de reformas “conlleva beneficios para la población mexicana, alienta el uso de energías renovables y las inversiones que detonen el crecimiento de la economía.

Al posicionar en contra del dictamen, la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Aleida Alavez Ruiz (PRD), recalcó que la reforma a la industria eléctrica no piensa en los usuarios domésticos ni agrícolas, sino sólo en los ligados a los sectores industriales.

Comentó que con ésta se abren todas las cadenas del sector a la inversión privada, incluidas las estratégicas, como son la transmisión y distribución, lo que podría generar malos servicios a los usuarios.

Enfatizó que el dictamen tiene un “espíritu mercantilista” donde se ve a la energía eléctrica como un producto antes que un derecho humano indispensable para la realización de otros derechos de los mexicanos.

El diputado Alfonso Durazo Montaño (MC) aseguró que la reforma privatiza la industria eléctrica y desmantela la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que tendrá afectaciones económicas para México.

Expresó que la deficiencia del servicio eléctrico se debe a la corrupción gubernamental y mala administración, y no a que la empresa haya dejado de ser rentable para el Estado mexicano, “como ha hecho creer el gobierno federal”.

Mencionó que la legislación permite la expropiación de terrenos por interés de particulares, donde se pretendan desarrollar proyectos de generación de electricidad, pagando “indemnizaciones ridículas”.

El diputado José Benavides Castañeda (PT) afirmó que la legislación contiene definiciones que dejan espacio a la confusión, además de que se no promueven las energías limpias, sólo criterios de sustentabilidad que no generan compromiso de los participantes.

Aseveró que es inaceptable que se permita producir energía eléctrica para uso exclusivo de exportación, permitiendo que genere en México energía eléctrica que no usarán los mexicanos y que propicie afectaciones al medio ambiente.

Comentó que no existen restricciones de operación en áreas de reserva ecológica ni de salvaguarda, y los precios de la electricidad se determinarán por las reglas del mercado. YRE/AMR/MAV/JGM