Palacio Legislativo, 30-07-2014 (Notilegis).- Las nuevas leyes sobre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) establecen una estructura corporativa y organización que moderniza a estas empresas, afirmó el presidente de la Comisión de Energía, Marco Antonio Bernal Gutiérrez (PRI).

“Estos organismos contarán con un régimen especial que incremente su competitividad, aumente su productividad y atienda las legítimas exigencias de la sociedad para atajar las prácticas de corrupción”, indicó al fundamentar el dictamen que sobre ese tema discute este miércoles la Cámara de Diputados.

El dictamen de la minuta del Senado que debaten, expide la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Bernal Gutiérrez señaló que el documento defiende con claridad los principios que rigen a la nueva organización empresarial, su administración, estructura corporativa, régimen especial y el dividendo estatal que se aplicará conforme al nuevo marco jurídico, en donde el Estado se convierte en propietario y deja de ser administrador.

Se consideran seis ejes de cambios sobre los cuales descansa la integralidad de la reforma.

1.- La empresa productiva del Estado como una nueva figura, con un nuevo régimen jurídico especial.

2.- El nuevo papel del Estado como propietario de la empresa.

3.- Un gobierno corporativo, sólido y eficaz.

4.- Un marco jurídico flexible y que obedece al principio de la máxima autoregulación.

5.- El rediseño integral de los esquemas de vigilancia y auditoría.

6.- Nuevos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Se ha propuesto una forma de administrar y operar las empresas estatales, con nuevas herramientas que mejoren sus funciones, con una estructura empresarial autónoma y flexible, que integre las mejores prácticas de gobierno corporativo.

Se pretende impulsar una adecuada toma de decisiones en Pemex y CFE, que aumente su capacidad productiva, optimice la ejecución de sus proyectos y mejore sus índices de productividad y rentabilidad.

Para ello se dispone que las empresas son propiedad exclusiva del gobierno federal, cuentan con personalidad jurídica y patrimonios propios, así como autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a los principios establecidos en la reforma constitucional del año pasado

“Pemex y la CFE son creadas por este este Poder Legislativo, el cual establece el régimen especial aplicable a ellos, y garantiza que eventualmente el Poder Ejecutivo federal no pueda desaparecer estas empresas con argumentos coyunturales. Se da certeza y continuidad a sus operaciones”, explicó Bernal Gutiérrez.

Dijo que también se garantiza que el gobierno no pueda mermar, mediante la emisión de disposiciones de carácter administrativo o secundario, el régimen especial que requieren las empresas para realizar sus actividades con plena autonomía.

En el nuevo esquema institucional, el gobierno federal se asume como administrador principal, lo cual significa que podrá designar a algunos funcionarios dentro del consejo de administración y tendrá funciones de propietarios, es decir, como cualquier dueño de una empresa.

Se propone, asimismo, el establecimiento de un modelo de gobierno corporativo moderno, que abarque todos los aspectos necesarios para el óptimo desempeño de las empresas estatales.

El nuevo diseño del marco regulatorio plantea que al ser Pemex y la CFE instituciones de origen público, se rijan por el principio de legalidad, lo que implica que sólo podrán realizar lo que la ley expresamente les autorice y confiera, al tiempo que les será aplicable el derecho privado.

“Se trata de un diseño sin camisa de fuerza que sigue el principio de la máxima autorregulación para generar condiciones gerenciales óptimas”, enfatizó el presidente de la Comisión de Energía.

Aseveró que este dictamen es parte esencial del proceso de transformación del sector energético, derivado de la reforma constitucional, promulgada el 20 de diciembre de 2013.

Recoge más de un año de trabajo intenso, de dialogo y debates en el que todas las voces fueron escuchadas e incluidas para fortalecer el sector energético, sobre la base del respeto irrestricto a la soberanía nacional, de modo que se garantice la propiedad de la nación y la rectoría del Estado, añadió.

El decreto reglamenta el mandato constitucional en el cual se establece que las entidades paraestatales del sector se transforman en empresas productivas del Estado.

La disposición constituye un aspecto central de esta reforma, pues al abrir las industrias eléctrica y de hidrocarburos a la participación del sector privado, se fortalece a estos organismos, con la finalidad de que alcancen las condiciones necesarias para competir exitosamente dentro del sector”, sostuvo.

JGM