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Palacio Legislativo 20-10-2014 (Notilegis).- El representante adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, hizo un llamado a agilizar la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, se sancione a los responsables y repare el daño a las víctimas. Este caso, de desaparición forzada, refleja un reto para los derechos humanos “y esperamos que lo antes posible las autoridades puedan esclarecerlo, investigarlo adecuadamente, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas”, indicó en declaraciones a la prensa tras reunirse con la comisión especial que investiga este hecho. El integrante del organismo internacional se reunió durante unas dos horas con los diputados de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Hechos Ocurridos en Iguala, Guerrero, a Alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos". A finales del mes pasado, seis personas murieron, varias resultaron heridas y 43 estudiantes fueron desaparecidos en la ciudad de Iguala, en lo que estarían involucrados policías municipales y presuntos integrantes del crimen organizado. Peña Palacios dijo que conversó con los diputados sobre algunas medidas legislativas que se podría aplicar en el país para garantizar la no repetición de estos casos, con el desarrollo de una ley general e integral sobre desaparición forzada de persona y un plan de búsqueda. Sostuvo que el asesinato de las personas en Iguala, las heridas causadas a otras y la desaparición forzada de los 43 jóvenes es una grave violación a los derechos humanos y un reto para las autoridades investigarlo y encontrar a los responsables. “Nosotros sólo vamos a estar alentando a las autoridades para que dispongan todos los recursos disponibles para el rápido esclarecimiento de los hechos”, indicó. Los diputados Ricardo Mejía Berdeja (MC) y Lilia Aguilar Gil (PT), integrantes de la comisión especial, coincidieron en señalar que el de Iguala “es un caso de desaparición forzada en términos de la legislación nacional y en materia internacional, porque establece el grado de responsabilidad de las autoridades. Es un delito federal”. Asimismo, señalaron que las autoridades federales fueron omisas para defender a los jóvenes normalistas, ya que “el batallón 27, con sede en Iguala, tuvo conocimiento de los hechos y no actuó con la debida oportunidad”. También señalaron que hizo falta un protocolo de acción para actuar con la prontitud que demandaba el caso. MAV/JGM |
