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Palacio Legislativo 28-10-2014 (Notilegis).- El coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, consideró que en el caso de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, en la que se vincula al ex edil, José Luis Abarca Velázquez, existen fallas por parte de instituciones del Estado responsables de verificar a los candidatos. Aseguró que, en el 2009 y el 2012, el PRD solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que se verificara la lista de sus candidatos a los comicios que se llevaron a cabo en esos años, para determinar si alguno tenía antecedentes o vínculos con la delincuencia organizada, y “no tuvimos ninguno”. El ex alcalde Abarca Velázquez está prófugo y acusado de vínculos con la delincuencia organizada, además de haber ordenado, junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, el ataque a estudiantes normalistas que dejaron seis muertos, varios heridos y 43 desaparecidos. Alonso Raya, en declaraciones a la prensa, enfatizó que las investigaciones a candidatos no puede basarse en simples rumores, sino que tienen que seguir elementos concretos que determinen si quienes se postulan para un cargo público tiene o no vínculos con la delincuencia organizada o narcotráfico. “Ahora que vienen las elecciones (de 2015), a quién puedes recurrir para decir aquí tengo mi lista de candidatos, los 300 candidatos de los 300 distritos, más los 200 de representación proporcional, a nivel nacional? Tenemos que entregarlo a la PGR, para que dé su opinión, si nos dice que no tiene ninguna responsabilidad, ¿Qué hacemos?”, indicó. El coordinador parlamentario señaló que si posterior a la postulación de candidatos y entregar la lista a las instituciones correspondientes, se da este tipo de situaciones, se deben compartir responsabilidades. “Ya no es obviamente responsabilidad (sólo) del partido que lo postuló, sino también de las instituciones que intervienen y dan su opinión y seguimiento a los delitos o a los delincuentes”, explicó. Subrayó que en el caso Iguala independientemente de interpretaciones que se deben determinar a partir de la investigación, “es un crimen de Estado, de lesa humanidad y debe atenderse con las responsabilidades”. YRE/JGM |
