Palacio Legislativo, 11-11-2014 (Notilegis).- Diputados del PAN, PRD, MC y PT, afirmaron que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las solicitudes de consultas populares negaron derechos constitucionales a los ciudadanos; mientras que PRI, PVEM y NA se pronunciaron por respetar los fallos.

Los legisladores fijaron la posición de sus bancadas este martes en el Pleno, respecto a las posiciones de la SCJN, relativas a las solicitudes de consulta popular en materia de salarios mínimos y sobre energía.

La diputada Martha Gutiérrez Manrique (PRI) subrayó que los legisladores, como artífices de las legislaciones, deben ser los primeros en respetar las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En ese sentido, expresó que “no se vale” descalificar el trabajo de los ministros de la Corte, ya que, dijo, actuaron conforme a los instrumentos legales que otorgó el Congreso de la Unión en la reforma que dio origen a la consulta popular.

Apuntó que su fracción está abierta a la posibilidad de perfeccionar “con seriedad” este instrumento de democracia participativa para que sea viable y los ciudadanos puedan ejercer un derecho construccional.

El diputado Fernando Rodríguez Doval (PAN) aseguró que la Corte se extralimitó en su análisis de la consulta popular sobre aumento al salario mínimo y su resolución fue “mediocre y vaga” en perjuicio de los derechos políticos de los ciudadanos que, a su vez, son derechos humanos.

Aseguró que los ministros sólo tenían que resolver si la solicitud se ajustaba al artículo 35 constitucional y en cambio se erogó facultades para afirmar que la petición podría tener efectos negativos en la inflación.

Subrayó que su bancada presentará iniciativas para reformar ese artículo constitucional y la Ley Federal de la Consulta Popular, para que sea un instrumento viable para los ciudadanos. Asimismo, afirmó que propondrán en el Congreso de la Unión la desvinculación del salario mínimo como unidad de medida para poder incrementarlo.

La diputada Amalia García Medina (PRD) subrayó que el derecho de los ciudadanos a participar en consultas populares es un mecanismo de democracia directa que “ya está en la Constitución”, el cual debería prevalecer en cualquiera de los poderes públicos, pero “lamentamos decir que ha sido conculcado (este derecho)”.

Con el rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la solicitud de consulta popular en materia energética, “se niega a millones y millones que firmaron la solicitud de consulta, se le niega a todo México, el derecho a ser consultado y a decidir sobre su presente y futuro”.

“Por eso discrepamos de la SJN y lo decimos de manera clara y subrayada: no estamos de acuerdo en que se violente un derecho que ya está en la Constitución”, destacó.

El diputado Antonio Cuellar Steffan (PVEM) solicitó que no se politice la resolución de la Suprema Corte respecto a las solicitudes de consulta popular presentadas por el PRI, PAN, PRD y Morena.

“En el grupo parlamentario del PVEM estamos conscientes de cuál fue la labor que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de las preguntas que se plantearon en este caso, y encontramos que su labor fue apegada a lo que establecen los cauces que se han previsto en la Constitución”, manifestó.

Expresó que la SCJN está para resolver sobre el fondo jurídico de las propuestas de consultas populares y no para hacer un análisis político de las preguntas, por lo que se pronunció por hacer un alto en el discurso “incendiario” contra las decisiones de dicha institución.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) afirmó que en la decisión de la SCJN de negar la realización de las consultas existió simulación, además de una visión conservadora y de consigna.

Los ministros al negar la posibilidad de que el pueblo de México se manifestara a través de vías institucionales, especialmente en la consulta promovida por Morena, evidenciaron un contexto de exclusión, de negocios al amparo del poder, afirmó.

Mejía Berdeja consideró que en el país existe una crisis nacional a nivel económico, político, social y en el ámbito humanitario que trae consigo afectaciones a los derechos humanos y a la moral pública.

“El país atraviesa por una polarización social, y el régimen representado por la Corte ha optado por el endurecimiento y cerrar las vías institucionales para que el pueblo se exprese”, indicó.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf (PT) subrayó que los derechos fundamentales no se encuentran sujetos a regateos políticos y “la Suprema Corte de Justicia de la Nación debió garantizar una interpretación conforme y pro omine del derecho a la consulta ciudadana”.

Apuntó que el máximo tribunal debió, en el caso concreto de la consulta en materia energética y de petróleo, maximizar los derechos políticos contenidos en diversos artículos de la Constitución y en la Convención Internacional de los Derechos Humanos.

La SCJN estaba obligada a promover y ampliar los derechos humanos de la participación política y la decisión mayoritaria de los ministros, con excepción del voto particular del ministro Cosío, es violatoria de derechos humanos”, subrayó.

La legisladora manifestó que tanto integrantes del PT como de Morena están inconformes con la decisión, “porque estamos viviendo no un estado de derecho, sino un estado violatorio de los derechos fundamentales”.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco (NA) señaló que los fallos de la SCJN respecto a las solicitudes de consulta popular presentadas por el PRI, PAN, PRD y Morena obligan a revisar de manera crítica el uso que los partidos políticos quisieron dar a la figura, y el marco jurídico que la regula.

Señaló que las preguntas planteadas por los cuatro partidos carecieron, desde un principio, de fundamento para acreditar su constitucionalidad como materia de consulta.

“La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación brinda la oportunidad de asumir el compromiso de proteger la consulta popular de todo intento de partidización. El mensaje de la Corte es claro en el sentido de que debe evitarse que la consulta popular se convierta en un mecanismo de propaganda política”, dijo.

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