Palacio Legislativo, 28-11-2014 (Notilegis).- El coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, señaló una serie de demandas para que “haya condiciones” de discutir en la Cámara de Diputados las propuestas que presentó ayer jueves el Ejecutivo federal en materia de seguridad y justicia.

“Una de las premisas para que las propuestas presentadas ayer por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, sean creíbles y haya condiciones para discutirlas en la Cámara de Diputados, es que la fracción de su partido respalde la creación de una comisión especial para investigar los presuntos actos de corrupción en los contratos de obra pública otorgados por el gobierno federal”, indicó.

En un comunicado de prensa, también dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) “debe presentar un informe veraz, objetivo, creíble y verificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la investigación de los acontecimiento de Iguala y la desaparición forzada de los 43 normalistas”.

Que “se esclarezcan los hechos y finquen responsabilidad; para que las propuestas presidenciales tengan credibilidad”, agregó.

Asimismo, Alonso Raya señaló que “el Ejecutivo federal debería reconocer con toda la claridad los excesos y abusos en los que han incurrido algunos elementos militares; y plantear plazos concretos para que tanto el Ejército como la Marina regresen a sus cuarteles, sobre la base de que los civiles se hagan responsables de la seguridad en el país”.

También sostuvo que “hay acciones, como la creación del mando único y la intervención de autoridades municipales cuando haya sospecha de colusión con el crimen organizado, que deben ser precisadas y acordadas con los congresos y los distintos niveles de gobierno, para que no se perciban como una invasión de responsabilidades”.

Aseguró que algunas de las medidas planteadas por el Ejecutivo “ya han sido aprobadas en el Congreso y o están en proceso de análisis, como la Ley General de Víctimas y los temas en materia de derechos humanos, justicia, desaparición forzada, tortura, entre otras; cuya implementación o discusión debería retomarse”.

Aseveró que el Ejecutivo “no tendría por qué enviar una iniciativa sobre la unidad de cuenta del Estado mexicano, que implicaría la separación del salario mínimo respecto de todo el asunto de multas, créditos, prerrogativas de partidos, etcétera, cuando sobre el mismo tema ya hay algunas presentadas en la Cámara de Diputados”.

El diputado perredista recordó además que en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos 2015, su grupo parlamentario promovió diversas ampliaciones de recursos.

Entre estos aumentos destacó los mil 400 millones de pesos para el ramo educativo y 400 millones para crear el Programa de Apoyo para Escuelas Normales Rurales, “destinados a estos centros escolares que históricamente han enfrentado serios rezagos, 50 millones de los cuales serán canalizados a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotiznapa”.

Asimismo, recapituló, otra de las propuestas que su fracción impulsó, fue el incremento en casi 100 por ciento de los recursos propuestos para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la que se le asignaron 958 millones de pesos.

Estos recursos se destinaron para que pueda cumplir con su responsabilidad de brindar apoyo a las personas afectadas por la violencia y delitos del crimen organizado, así como ofrecer ayuda a sus familiares.

“Que se implementen medidas para atender las asimetrías entre el norte y el sur, como se ha venido demandado de tiempo atrás, y se atiendan a las normales, entre otras acciones con las que coincidimos, está bien”, manifestó.

Sin embargo, agregó, “se esperaban decisiones más categóricas para enfrentar la crisis por la que atraviesa el país como cambios en el gabinete, una amplia reforma del Estado, combatir firmemente la corrupción y el rediseño de algunas instituciones, particularmente las que tienen que ver con la seguridad, la impartición y procuración de justicia”.

JGM