Palacio Legislativo, 16- 04- 2015 (Notilegis).- Los diputados de la Comisión de Derechos Humanos revisaron con el secretario general del gobierno del Estado de México, José Sergio Manzur Quiroga, los lamentables hechos de Tlatlaya, las medidas urgentes que impidan su repetición en el futuro, las sanciones penales y administrativas impuestas a servidores públicos por estas acciones graves, así como la omisión en que pudieron haber incurrido.

Asimismo, mencionaron la violación de los derechos humanos de víctimas y la violencia en contra de mujeres, por lo que solicitaron se declare la alerta de género en la entidad para frenarla.

En reunión con los legisladores a la que también asistieron Alejandro Jaime Gómez Sánchez, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y Luz María Zarza Delgado, consejera Jurídica de la entidad, el presidente de la comisión, diputado Heriberto Galindo Quiñores (PRI), informó que el propósito era dialogar sobre actos y omisiones atribuibles a funcionarios públicos de acuerdo a la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La diputada Loretta Ortíz Ahlf (Morena) refirió la serie de irregularidades procesales en el caso Tlatlaya y señaladas por la CNDH, destacó la tortura y amenazas a las mujeres encontradas, así como ocultar información. “Van intentar ocultar toda la documentación y van a negar la responsabilidad: en conjunto la PGR y la Procuraduría del Estado de México, son responsables de no haber explorado la hipótesis de que muchos de los muertos fueron asesinados de forma arbitraria”.

Comentó los hechos registrados en esa región el 30 de junio de 2014, donde se ejecutaron a 22 personas; se encontraron a mujeres en el lugar que fueron identificadas como secuestradoras, cuando son víctimas; la actuación de soldados y de funcionarios públicos que participaron. Así como la recomendación de la CNDH que indica la serie de irregularidades detectadas.

Por el PRI, la diputada María del Rocío García Olmedo preguntó sobre el caso Tlatlaya y sus implicaciones. En torno a la violencia de género, dijo que “es una queja recurrente la falta de profesionalización de funcionarios públicos mexiquenses que atienden este tipo de delitos, ya que interponen prejuicios y juicios denigrantes hacia las mujeres demeritando la aplicación de la justicia”.

La diputada priista, María Esther Garza Moreno, destacó la urgencia de abatir la violencia contra las mujeres. Es vital, dijo, avanzar en la armonización legislativa de género que contribuya a disminuir, por otra parte, los feminicidios.

A nombre del PAN, el diputado Carlos Fernando Ángulo Parra pidió información sobre las acciones preventivas y compromisos del gobierno estatal que eviten en el futuro hechos “vergonzosos” similares a los de Tlatlaya. Manifestó preocupación por la “colusión para esconder hechos y lo peor, intervenir en la violación fragrante de los derechos humanos, ya que la CNDH refirió la tortura de tres mujeres”.

También la diputada panista, Leticia López Salas resaltó que el Estado de México es la entidad que tiene la situación más crítica en materia de alerta de género, ya que 54 mujeres de cada 100 son víctimas de algún tipo de violencia infringida por su pareja y, por temor a represalias, se denuncian sólo nueve casos por cada cien maltratos. “Dejaron de maquillar las cifras de mujeres asesinadas y ahora se ocultan”, afirmó.

Por el PRD, la diputada Roxana Luna Porquillo interrogó sobre las labores de dragado en el Río de los Remedios para localizar restos óseos de posibles víctimas de delito. También sobre las acciones que garanticen la imparcialidad en el asesinato de Mariana Lima Buendía, cuyo esposo Julio César Hernández Ballinas, policía judicial de la entidad, es señalado por los familiares como el responsable, pese a lo cual continúa como funcionario público.

La perredista Margarita Elena Tapia Fonllem solicitó que se valore declarar la alerta de género en el Estado de México para prevenir y frenar la violencia en contra de las mujeres. Sobre Tlatlaya, urgió a definir cuándo, cómo y dónde se desagraviará a las víctimas para cumplir con la reparación del daño. Si esto es un asunto federal, ¿consideran que la disculpa pública la tiene que dar el Presidente de la República, en su carácter de Jefe Máximo del Ejército mexicano?, cuestionó.

La diputada del PVEM, Martha Edith Vital Vera, rechazó cualquier tipo de violencia y se pronunció porque se garanticen los derechos fundamentales en todo momento. “Repudiamos la violación de los derechos humanos porque es un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz”. Solicitó conocer las acciones emprendidas por el gobierno del Estado de México para reparar esta falta.

Por Movimiento Ciudadano, José Francisco Coronato Rodríguez pidió información sobre las acciones jurídicas y resultados que ha obtenido el gobierno estatal para investigar las irregularidades del caso Tlatlaya referidas por la CNDH, y en su caso las sanciones penales y administrativas se han impuesto por estas acciones graves, como la omisión en que pudieron haber incurrido servidores públicos.

El diputado René Fujiwara Montelongo (Nueva Alianza) cuestionó respecto a las acciones tomados por el gobierno estatal junto con las autoridades federales y elementos castrenses, para que en las tareas de seguridad no se vuelvan a vulnerar los derechos humanos de los mexiquenses. Sobre los elevados casos de violencia de género y que permanecen impunes, solicitó conocer las medidas para contrarrestarlos.

Se respetan los derechos humanos: Manzur Quiroga

En su participación, Manzur Quiroga coincidió con los legisladores en que “la violación de derechos humanos nunca debería haber sucedido” en ninguna parte.

Aseguró que se investiga a todos los servidores públicos involucrados en el caso Tlatlaya y, “si alguno violó los derechos humanos de las mujeres encontradas en el lugar, será castigado de manera ejemplar conforme a la ley”. Explicó que la Procuraduría estatal fue la que cambió la situación jurídica de las tres mujeres: de testigos a víctimas.

Agregó que en caso de determinarse que el gobierno mexiquense debiera indemnizarlas, existe un fideicomiso listo para hacer los pagos correspondientes.

El gobierno estatal ha atendido y aceptado las 8 recomendaciones hechas por la CNDH y mantiene diálogo con su titular y los visitadores. El gobierno mexiquense, afirmó, “es total y absolutamente respetuoso de los derechos humanos”.

Aclaró también que se felicitó al Ejército el día de los hechos “por haber rescatado a tres secuestradas no por los hechos violentos”.

Señaló que en el Índice Nacional Delictivo, en sólo diez meses, la entidad ocupa el 15º lugar cuando en marzo de 2014 tenía el octavo sitio.

Garantizó que la Subprocuraduría Especializada trabaja para abatir la violencia de género. Se pide que denuncien, “el Estado de México está listo para actuar, pero si no hay denuncia no hay cómo hacerlo”.

Sobre la petición de declarar alerta de género en la entidad, Manzur Quiroga sostuvo que no es una decisión que dependa del gobierno estatal. “No vemos ningún problema en establecerla, si el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres determina que el Estado de México debe de estar en esta situación lo veríamos con muy buenos ojos, incluso tendríamos beneficios”.

Se comprometió a remitir las respuestas por escrito a todos los legisladores federales, así como las fichas técnicas necesarias que contribuyan a fortalecer el trabajo parlamentario.

El titular de la PGJEM, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, refirió que en el caso de Tlatlaya, el gobierno estatal actuó como colaborador y a los tres días -3 de julio de 2014- entregó el expediente a la Procuraduría General de la República (PGR), pues se cometió un delito federal.

Explicó que el primer reporte del Ejército fue a las 6 de la mañana, y las recomendaciones fueron no avanzar ante el riesgo de encontrar individuos de la delincuencia organizada, por lo que dada la magnitud del hecho se desplegó personal de Toluca y de Valle de Bravo y llegaron al lugar a las doce horas.

En este sentido, Manzur Quiroga precisó que la investigación a mandos militares “no corresponde a nosotros, eso sería un asunto federal, lo único que tendríamos que ver es la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación a las mujeres que se les reconoció su carácter de víctima por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado, fue la primera que lo hizo”.

Respecto a la hora en que llegó el personal de Toluca y Valle de Bravo subrayó: “no son 6 horas tarde, quiero precisar que de Toluca a Tlatlaya son muchas horas y kilómetros y a nosotros nos advirtió no sólo el Ejército, las propias personas de la Procuraduría que no había condiciones de seguridad para que funcionarios se trasladaran con prontitud. Teníamos que ir con el cuidado necesario para no tener ningún problema”, puntualizó.

RED/JGM