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Palacio Legislativo, 04-08-2015 (Notilegis).- El presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno Rivera, aseguró que México, por los recientes acontecimientos en contra del gremio, seguirá como uno de los paÃses más peligrosos para el ejercicio periodÃstico. Recordó que asà lo ha señalado la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y no hay intentos por revertir dichos datos, lo que atenta contra los derechos humanos y la democracia en la nación. Moreno Rivera calificó de alarmantes las cifras que proporciona la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respecto a que en los últimos 15 años se han registrado 100 asesinatos de comunicadores en México y, desde el 2005, 21 periodistas se encuentran desaparecidos. En ese mismo periodo, continuó, también se han cometido 45 atentados contra medios de comunicación. Recordó el caso del múltiple homicidio del pasado fin de semana en la colonia Narvarte, en el Distrito Federal, en donde perdió la vida el fotoperiodista de la revista Proceso y la agencia Cuartoscuro, Rubén Espinosa Becerril. El diputado presidente calificó de discordante que el Procurador del Distrito Federal haya iniciado la investigación por robo, cuando existen evidencias de que los presuntos agresores dejaron en las vÃctimas señales de tortura y tiro de gracia, elementos que no se registran en simples robos. Advirtió que este tipo de visión de nuestras autoridades alimenta los altos Ãndices de impunidad que imperan en México; por ello, el legislador pidió a gobiernos locales y federal garantÃas reales para quienes ejercen cualquier tipo de periodismo. Por lo anterior, estimó que todos los niveles de gobierno están obligados a atender este problema que, entre otras cosas, deriva en autocensura y exilio de periodistas. Sostuvo que las autoridades deberán poner especial cuidado en estos temas y cumplir con capacitación de sus servidores públicos, con el fin de fortalecer medidas preventivas de futuras agresiones a comunicadores. El lÃder de la Cámara de Diputados aseguró que la LXIII Legislatura, que inicia el 1 de septiembre, deberá modernizar la legislación sobre libertad de expresión. Para ello, agregó, tendrá que basarse en recomendaciones internaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en ordenamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). RED/JGM |
