Palacio Legislativo, 19-01-2015 (Notilegis).- La falta de informaci贸n documental por parte de las instituciones a las que se les ha solicitado formalmente es el principal impedimento para presentar elementos conclusivos sobre el caso Tlatlaya, afirm贸 el grupo de trabajo legislativo que coadyuva en la investigaci贸n del tema.

Mediante un informe preliminar, difundido por la bancada del PRD, el grupo de trabajo dio a conocer que se mantendr谩 a la espera de que la Secretar铆a de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuradur铆a General de la Rep煤blica (PGR) concluyan con la integraci贸n de la informaci贸n que se les solicit贸, para, una vez analizada, llegar a conclusiones preliminares sobre el asunto.

Agrega que buscar谩n reunirse con v铆ctimas del caso, representantes del gobierno del Estado de M茅xico, el Presidente de la Comisi贸n Ejecutiva de Atenci贸n a V铆ctimas, Jaime Roch铆n del Rinc贸n, y organizaciones de la sociedad civil, con el prop贸sito de reunir mayor informaci贸n sobre el caso.

El grupo de trabajo se constituy贸 el pasado 14 de octubre, con el fin de coadyuvar con las autoridades competentes en la investigaci贸n del enfrentamiento armado entre elementos del Ej茅rcito e integrantes del crimen organizado, con un saldo de 22 civiles muertos, en el municipio de Tlatlaya, Estado de M茅xico, el 30 de junio de 2014.

En el informe, el grupo de trabajo enumera 28 puntos de avance en el esclarecimiento del caso, los cuales derivan de la informaci贸n vertida de forma verbal por los representantes de diversas instituciones con los cuales se reunieron, entre el 5 de noviembre y el 16 de diciembre de 2014.

Comenta que los integrantes del grupo de trabajo, coordinados por la diputada Elena Tapia Fonllem (PRD), se reunieron con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) y diversos mandos de la Secretar铆a de la Defensa Nacional (SEDENA).

Asimismo, con el titular de la PGR, Jes煤s Murillo Karam, con la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretar铆a de Gobernaci贸n, L铆a Lim贸n Garc铆a, y el presidente de la Comisi贸n Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Ra煤l Gonz谩lez P茅rez.

En los avances, el grupo trabajo destaca que, respecto al enfrentamiento en Tlatlaya, 鈥渆xiste consenso de que hubo un uso ilegal, excesivo, desproporcionado de la fuerza y sin los instrumentos de grabaci贸n por parte de los elementos militares, en contravenci贸n al Manual del Uso de la Fuerza, de aplicaci贸n com煤n a las Tres Fuerzas Armadas鈥�.

Agrega que las acciones letales por parte del Ej茅rcito 鈥渟e pueden definir como ejecuci贸n extrajudicial en el 谩mbito de la violaci贸n de derechos humanos y como homicidio calificado en el 谩mbito penal鈥�.

Subraya que 鈥渆l mayor impedimento para determinar las circunstancias de los homicidios se encuentra en la alteraci贸n de vestigios y del lugar de los delitos por parte de elementos militares y, presumiblemente, de funcionarios de la Procuradur铆a General de Justicia del Estado de M茅xico.鈥�

Considera tambi茅n que, la aceptaci贸n de la recomendaci贸n 21/2014 de la Comisi贸n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por parte de la PGR, la Sedena y el Gobierno del Estado de M茅xico, 鈥渟ignifica que el Estado reconoce la presencia de actos de tortura, intimidaci贸n y alteraci贸n de la escena del crimen cometidos por elementos de la Procuradur铆a de Justicia del Estado de M茅xico鈥�.

鈥淓xiste coincidencia en este Grupo de que las acciones de las autoridades en cuanto a investigaci贸n, sanci贸n, reparaci贸n y prevenci贸n, derivadas de los se帽alamientos de la CNDH y de (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) OACNUDH, en el 谩mbito de sus respectivos mandatos, implican que el Estado asume la responsabilidad de los hechos鈥�, a帽ade.

Indica que 鈥渆l caso Tlatlaya es grave y paradigm谩tico, que revela ciertos patrones de violaciones a derechos humanos que deben atenderse para su erradicaci贸n鈥�.

Finalmente, asevera que el esclarecimiento de los hechos debe tener como consecuencia necesaria acciones por parte del Estado en su conjunto para la prevenci贸n, investigaci贸n, sanci贸n y no repetici贸n de las conductas violatorias de los derechos humanos.

OAA/JGM