Palacio Legislativo, 27-01-2015 (Notilegis).- Diputados y senadores cuestionaron en distintos tonos el director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Benito Neme Sastré, respecto a la toma de casetas por parte de manifestantes que exigen la aparición con vida de los estudiantes de Ayotzinapa.

Los legisladores externaron su postura y pidieron al funcionario federal que se resuelva esa problemática, durante una reunión de trabajo con la Tercera Comisión de la Permanente (Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas).

La senadora Blanca María Alcalá Ruiz (PRI), dijo que los bloqueos de las casetas de peaje a las carreteras en el país han sido una situación recurrente en los últimos tiempos, pero no se puede pensar que es un hecho que ha surgido de manera reciente.

Sostuvo que la problemática requiere soluciones integrales, no sólo miradas aisladas que al final del día tampoco permitirían lograr un México próspero y en paz.

Destacó el diálogo que existe entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, el cual –agregó- permite encontrar soluciones efectivas para lograr el objetivo de brindar un tránsito seguro a ciudadanos del país por las carreteras administradas por Capufe.

El senador Javier Lozano Alarcón (PAN) expuso que los bloqueos a casetas de peaje afectan la vida y movilidad de miles de personas y reclamó que la dependencia defienda su actuación ante las pérdidas, hasta el momento, de 192 o casi 200 millones de pesos, por estos bloqueos o tomas de casetas de peaje.

“Cómo es posible que estén ustedes defendiendo su actuación diciendo que siguen unos protocolos de un manual interno, que se conforma simplemente con resguardar los valores, dar aviso a las autoridades y levantar un acta. ¡Valiente actuación!”, expresó el legislador.

Cuestionó a los manifestantes al señalar que no se vale “lucrar con el dolor de (los estudiantes de) Ayotzinapa (desaparecidos)… que una bola de vándalos, delincuentes, estén extorsionando so pretexto de cooperación en las casetas, robándole su dinero a la gente y que no tengan un seguro para el tránsito”.

Explicó que estas tomas representan un daño patrimonial y “un delito que se tiene que perseguir y se tiene que castigar”.

El senador Juan Gerardo Flores Ramírez (PVEM) puntualizó que “si bien es cierto que es importante respetar el derecho de expresión de las personas, también es importante respetar el derecho de la mayoría de circular por el país”.

Reconoció los esfuerzos que en materia de seguridad ha realizado Capufe, para la protección al libre tránsito de los millones de usuarios diarios de estas vías.

Pidió que se detallen datos sobre el status de protección en materia de seguros a automovilistas cuando ocurren estas circunstancias, además de conocer de qué manera el Congreso puede ayudar a subsanar las posibles debilidades de las autoridades de Capufe, a fin de que pueda llevarse a cabo una mayor mejora.

El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (PRD) consideró que más que aclarar la pérdida de recursos que sufre la nación por la toma de casetas, se debe poner énfasis en resolver la problemática que ha llevado a que se realicen estas acciones.

Enfatizó que la situación se desprende de la información incompleta que el gobierno federal ha brindado en torno a la desaparición de los normalistas de Guerrero y “tiene una deuda de explicación certera y precisa de qué realmente ocurrió en Iguala y en Cocula”.

Comentó que “la protesta social se ha agravado, no es ni nueva ni única en el país; (y) se han acudido a nuevas formas que podemos no compartir, pero creemos que ir al encarcelamiento o mano dura, en vez de aliviar la situación, la van a agravar, es como echar gasolina al fuego”.

Opinó que Capufe ha actuado de manera responsable, ya que no depende de ésta parar la movilización y reconoció que han hecho lo que está su alcance dando parte a la autoridad correspondiente.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) recordó que la reunión con el funcionario fue solicitada a petición del senador Lozano Alarcón (PAN), en relación con las tomas de casetas que se han suscitado en el marco de la exigencia por la aparición con vida de los normalistas desaparecidos el año pasado en Iguala, Guerrero.

Resaltó que este tipo de acciones reflejan un estado de descontento generalizado, por la forma en que el gobierno federal abordó la situación.

La legisladora informó que, de acuerdo con datos de Capufe, las tomas de plazas se concentran, “no casualmente”, en estados como Guerrero, Oaxaca y Estado de México, que son consideradas zonas de alta conflictividad social.

“La gente se está manifestando de la manera que puede por la falta de Estado de derecho y de eficiencia del gobierno”. La solución no es utilizar la gendarmería, sino mostrar eficiencia en las investigaciones y dar soluciones para resolver el conflicto, indicó.

YRE/JGM