Palacio Legislativo, 28-01-2015 (Notilegis).- El expediente del caso de los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, no se puede dar por concluido hasta que los responsables sean puestos ante la justicia y reciban una sanción, afirmó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

No se cerrará ningún expediente en la materia “mientras no se agoten todas las aristas que tienen que ver con los derechos fundamentales y luego de ello haremos el pronunciamiento que corresponda”, señaló al rendir su informe de actividades 2014 ante la Comisión Permanente y en posteriores declaraciones a la prensa.

“Debe señalarse que en las investigaciones que se llevan a cabo, las autoridades no podrán dar por concluido este expediente hasta que todos los responsables sean juzgados y se aclare el destino de los estudiantes desaparecidos”, agregó.

Explicó que lo sucedido en Iguala ha consternado a la sociedad mexicana y al mundo, por tratarse de un hecho que indigna y agravia a todos los mexicanos, y obliga a buscar la verdad, a fin de que los responsables sean señalados, puestos ante la justicia y sancionados conforme a derecho.

Los hechos de Iguala son ejemplo de la infiltración del crimen organizado en algunas estructuras del Estado, de displicencia y omisiones, por lo que hay que desmontar ese entramado perverso de complicidades y colusiones, cuyo trasfondo no es otro que la corrupción, comentó el funcionario.

“Las manifestaciones de apoyo y solidaridad a las víctimas que se han presentado, las cuales han sido acompañadas por esta Comisión Nacional, son una expresión de hartazgo ante la impunidad, de indignación por la complicidad entre autoridades y delincuentes”, dijo González Pérez,

Además, se muestra la inconformidad de los ciudadanos ante los abusos de poder y la falta de respuesta de las autoridades a las demandas por un país justo e incluyente, mencionó ante los diputados.

Indicó que la CNDH defiende la libertad de expresión y, con ella, el derecho a la protesta social, siempre y cuando se realicen dentro de los límites de la legalidad.

“Es obligación de la autoridad dar cauce a las muestras de descontento, escuchar las necesidades y generar canales o vías adecuadas para responder a ellas efectivamente. También lo es la oportuna y debida aplicación de la ley, la cual lleva implícito el respeto a los derechos humanos”, señaló.

Precisó que en el caso Iguala solicitaron medidas cautelares y se da un seguimiento a la implementación de aquellas emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 3 de octubre del año pasado.

De igual manera, indicó, para la atención y acompañamiento a las víctimas se creó una Oficina Especial en diciembre pasado.

“El caso es grave por su propia naturaleza, así como por su relevancia y proyección, pues hasta que no se acredite lo contrario, estamos en presencia de desapariciones forzadas, entre otras violaciones a derechos humanos”, sostuvo.

González Pérez también aseguró que hechos como Tlatlaya, en el Estado de México, e Iguala, Guerrero, han provocado en la sociedad y las instituciones un nuevo paradigma de actuación.

En rueda de prensa, subrayó la necesidad de unificar en el país los tipos penales, pues, por ejemplo, no todos los estados tienen tipificado el delito de desaparición forzada, por lo que se deben llevar a cabo las adecuaciones jurídicas necesarias.

Sobre ese tema, el ombudsman nacional informó que los próximos 1 y 2 de febrero asistirá ante el Comité de Desapariciones Forzadas, de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, donde dará un reporte que como institución nacional ha elaborado sobre ese tema.

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