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Nota N°. 9881 Plantea Anaya Cortés que nadie se atreva a regatear en la agenda del Sistema Nacional Anticorrupción lo que el país necesita

 

Palacio Legislativo, 12-02-2015 (Notilegis).- El coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, pidió que nadie se atreva a regatear en la agenda del Sistema Nacional Anticorrupción lo que el país necesita para poder castigar a los corruptos y sostuvo que “lo fundamental no es negociable”.

 

“Ya está el cronograma (de la reforma anticorrupción), lo fundamental no es negociable, que nadie se atreva a regatear lo que el país está exigiendo, tenemos que ir a una agenda de máximos para verdaderamente poder castigar a los corruptos”, indicó en declaraciones a la prensa.

 

La Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó ayer miércoles el calendario para discutir y aprobar las propuestas en materia de anticorrupción, cuyo dictamen deberá presentarse ante el Pleno el 24 de febrero, para lectura, y el 26 para votación.

 

Anaya Cortés señaló que ahora el reto es ir a una agenda de máximos, “porque del tamaño del problema tiene que ser el tamaño de la solución”.

 

“Tenemos que dar un primer paso contundente con la reforma constitucional, que de suyo permitirá ya poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción e inmediatamente después iniciar la discusión sobre la legislación secundaria”, refirió.

 

Puntualizó que los cuatro puntos centrales de este sistema son: dar a los ciudadanos un papel central: observatorios ciudadanos con capacidad de denuncia y tener verdadero control interno con el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien debería ser ratificado por la Cámara de Senadores.

 

Igualmente, verdaderos controles externos, es decir autónomos, lo cual implica fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y tener una Fiscalía Anticorrupción Especializada para combatir los delitos relacionados con hechos de corrupción.

 

Asimismo -dijo-, que un tribunal federal autónomo y el Poder Judicial de la Federación (PJF) sean los encargados de sancionar y no “los empleados del Presidente, de los alcaldes y de los gobernadores”.

 

LSN/JGM

 
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