Palacio Legislativo, 08-03-2015 (Notilegis.- La propuesta de reformas a la Ley General de Aguas, que impulsa PRI, PAN y PVEM y que se discutirá el martes en el Pleno de la Cámara de Diputados, “es un robo desvergonzado en agravio de la Nación y de los mexicanos”, afirmó el coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya.

“Deja en manos de particulares la explotación, uso, disposición y aprovechamiento de los recursos hídricos del país y nulifica, en los hechos, el derecho humano al agua”, sostuvo el líder parlamentario.

Precisó que su grupo participó en el proceso de revisión y discusión del texto que inicialmente presentó la Comisión Nacional del Agua e impulsó propuestas de modificación.

Sin embargo, añadió, “lo que vino a echar por tierra todo fue el hecho de que, cuando la Secretaría de Hacienda manda sus agregados y son aceptados por las fracciones que ahora avalan el dictamen, ya no se permite discutir o añadir algo más”.

“Eso rompe el proceso de negociación y por eso la postura de las fracciones de izquierda de salirse de la sesión de las comisiones unidas de Agua Potable y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, en la que se aprobó el dictamen que el martes se discutirá en el pleno, el cual, por las razones antes expuestas, tampoco fue publicado”, precisó

Alonso Raya argumentó además que por esa premura no se respetaron los tiempos y etapas del proceso legislativo en la elaboración del dictamen, así como tampoco las propuestas y observaciones de los grupos parlamentarios hechas desde hace años a través de iniciativas íntegras de ley o de reformas parciales a la normatividad existente.

“Es el mismo procedimiento que se ha seguido con otras reformas del Ejecutivo federal en materia de trabajo y energía, por ejemplo, que no son otra cosa más que el abandono del Estado mexicano de sus facultades y atribuciones para beneficiar a unas cuantas empresas nacionales y extranjeras; en particular las favorecidas por el actual gobierno y su titular desde que éste encabezó la administración pública en el Estado de México”, añadió.

“La Ley General de Aguas que pretende imponer el Ejecutivo es una transgresión a la misma Constitución, pues nulifica el derecho humano al agua para permitir su acaparamiento por agentes privados, para quienes además se fortalece la posibilidad de traficar con los títulos de concesión incluso en zonas de baja disponibilidad del recurso”, denunció.

En opinión de Alonso Raya “una de esas formas de acaparamiento son los trasvases o explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales trasladadas de una cuenca a otra por agentes privados, lo que les permitiría acaparar y sobreexplotar el agua del país durante 30 años con derecho a prórroga”.

“Los trasvases deben ser la excepción y no la regla, y ser realizadas únicamente por las autoridades del agua a efecto de garantizar el abasto a la población de zonas donde haya escasez”, resaltó.

Indicó además que otra forma sería la prórroga de concesiones a los particulares hasta por 60 años con opción a tenerlas nuevamente cuantas veces quieran, con lo cual prácticamente se les regalan los recursos hídricos para acapararlos, comercializarlos y especular con su precio indefinidamente.

Mediante estas concesiones, la ley otorgaría a empresas privadas el derecho a la explotación del agua por el largo tiempo determinado en la misma con la posibilidad de que esta sea refrendada.

Lo anterior, resaltó, “sin importarles la alteración en los ciclos hidrológicos y biológicos de las cuencas y acuíferos, ni la afectación a los ecosistemas y la sustentabilidad para el ser humano”.

De acuerdo con Alonso Raya, “el proyecto del Ejecutivo vela únicamente por intereses de particulares y deja de lado los costos económicos, sociales y ambientales. Quienes pretendan, por ejemplo, explotar el gas Shell con la cuestionada práctica del fracking, podrán usar agua incluso de otras cuencas sin importar los perjuicios que en todos los órdenes ocasionarían tanto a la cuenca de la cual extraen el líquido como en aquélla donde apliquen esta técnica”.

“De imponerse y aplicarse el proyecto de ley del Ejecutivo, propiciará el acaparamiento y profundizará la inequidad existente entre los distintos usuarios del agua porque implica transitar del actual modelo de sobreexplotación y contaminación a un modelo de expoliación del recurso sin importar los costos económicos, sociales y ambientales”, advirtió.

En esa misma tónica, advirtió que se “pretende poner en manos de grandes consorcios constructores, con intereses simultáneamente en agua, energía, gas y petróleo, cantidades ilimitadas del vital líquido para destinarse en forma irrestricta a procesos intensivos de uso y contaminación, como el fracking”.

Argumentó que la fracción perredista ha presentado propuestas en relación a este tema que no fueron tomadas en cuenta por quienes redactaron el dictamen, entre ellas está la de apegarse al texto constitucional que garantiza el derecho humano al agua, al saneamiento y a la alimentación; el derecho a un medio ambiente sano, y el derecho preferente de los pueblos indígenas al agua en las tierras que habitan y ocupan.

Propuso además utilizar y restaurar los flujos de aguas subterráneas y superficiales; revertir la contaminación de acuíferos y ecosistemas a ellos asociados, y eliminar progresivamente la vulnerabilidad de la población ante seguías e inundaciones provocadas por el manejo inadecuado de las cuencas.

Asimismo, ha demandado atender en la discusión las observaciones y peticiones de las organizaciones sociales, ambientales y académicas.

Finalmente, afirmó que “el Estado mexicano cuenta con los recursos para atender estas propuestas, así como los tuvo en su momento para fortalecer al sector energético nacional, mediante la inversión, la innovación y la tecnificación, aunque no lo hizo porque los gobiernos en turno prefirieron derrocharlos, incluidos los excedentes petroleros, en gastos superfluos y en corruptelas, para después argumentar la supuesta falta de recursos y tecnología para privatizar y regalar la industria petrolera y eléctrica mediante”.

JGM