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Palacio Legislativo, 13-05-2015 (Notilegis).- La diputada Amalia García Medina (PRD) aseguró que la fianza de siete millones de pesos fijada a jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, violenta los preceptos contenidos en la Constitución y demandó que se garanticen sus derechos humanos y laborales. “Hay que decir con toda claridad que esto es anticonstitucional; el artículo 20 de la Constitución dice que las fianzas deberán ser asequibles al inculpado, es decir, tienen que ver con la condición y capacidad económica”, indicó en conferencia de prensa, en el marco de la sesión de la Comisión Permanente, en el Senado de la República. El pasado sábado, jornaleros del Valle de San Quintín y elementos de seguridad del estado se enfrentaron luego de que los primeros intentaran quemar parcelas y la delegación municipal; tras los disturbios, tres campesinos fueron detenidos y se les fijó una fianza de siete millones de pesos a cada uno de ellos. La también presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, expresó, a nombre de su grupo parlamentario, su “enorme indignación, y preocupación sobre el trato a jornaleros agrícolas”. Señaló que deben cumplirse, además de lo estipulado en la legislación nacional, lo signado por México en instrumentos y ordenamientos internacionales. Aseveró que autoridades federales habían pactado una reunión para llegar a acuerdos que pusieran en el centro el cumplimento de los derechos laborales de los trabajadores y sus familias. Sin embargo, ante la ausencia de acuerdos, se ha propiciado una “indignación, absolutamente justificada, pero a esto hay que sumar que los detenidos han sido sancionados con una fianza de siete millones de pesos”. “La pregunta que surge y que hacemos como grupo parlamentario es que mientras a humildísimos jornaleros agrícolas, que reciben un salario que es inaceptable e infame, se les imponen multas de siete millones de pesos, a otros presuntos responsables los liberan imponiéndoles una multa de siete mil pesos”, añadió. Exigió que la mesa de negociación que se lleva a cabo con trabajadores agrícolas, considere las condiciones y obligaciones que tienen el gobierno mexicano con ellos. YRE/JGM |
