|
Palacio Legislativo, 24-11-2015 (Notilegis).- La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de una minuta del Senado, con el fin de impulsar el desarrollo científico, tecnológico y innovación del país y lo turnó al Ejecutivo federal para su promulgación. El documento, avalado en un solo acto, en lo general y lo particular, por unanimidad, con 438 votos a favor, reforma los artículos 40 Bis y 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología y el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Surge de una iniciativa que diputados del PRI presentaron el 23 de septiembre de 2014, la cual se avaló el 11 de diciembre de 2014 y se turnó al Senado de la República, donde se aprobó con modificaciones el pasado 16 de abril y se regresó al Palacio Legislativo de San Lázaro. Plantea lograr un cambio integral que pueda colaborar a desarrollar un ecosistema favorable de innovación, con la transparencia y objetividad necesarias. “Resulta indudable que el desarrollo tecnológico internacional nos ha absorbido y en él, México ha quedado rebasado, pese a que en el país se cuenta con los recursos humanos y materiales esenciales para transitar por esta vía”, se señala en el documento. La reforma busca incentivar el establecimiento de instancias de gestión para transferencia tecnológica y vinculación en todas las instituciones con actividades de investigación y desarrollo (I+D). También elimina el impedimiento que tienen los investigadores para participar en actividades que implican su vinculación con proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en relación con tercero. “A conformación de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas empresas privadas de base tecnológica e innovaciones realizadas en instituciones y aquellas entidades dedicadas a tareas de ciencia, tecnología e innovación, así como de los investigadores formados por ellos”. El documento resalta la necesidad urgente que tiene México de acceder a gran velocidad a la economía del conocimiento exige acciones importantes, en una gran cantidad de frentes, entre ellos el legal. También menciona que se requiere distinguir la calidad de servidor público de tipo administrativo y uno que realiza investigación. En el artículo segundo transitorio, la reforma establece: “Las instituciones, centros y entidades referidas en el contenido del presente Decreto, que de acuerdo con sus funciones lleven a cabo actividades de investigación, desarrollo o innovación científica, deberán emitir y hacer pública su normatividad institucional en un plazo no mayor a 180 días, a partir de la publicación del presente Decreto”. JGM |
