Palacio Legislativo, 10-09-2015 (Notilegis).- La Cámara de Diputados pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Procuraduría General de la República (PGR) que investiguen el caso de la red de tráfico de menores que involucra al DIF-Sonora, se repare el daño a las víctimas y sancione a los responsables.

El Pleno aprobó un punto de acuerdo, considerado como de urgente y obvia resolución, suscrito por la diputada Sylvana Beltrones Sánchez (PRI), en el que se solicita al titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, que inicie la investigación por violaciones graves a derechos humanos y por trascender el interés nacional.

Asimismo, que la CNDH coadyuve al esclarecimiento “de la red de tráfico de menores que operaba al amparo del sistema DIF Sonora, reparar el daño causado a las víctimas, y que garanticen la no repetición de los lamentables hechos ocurridos en el estado de Sonora y en todo el país”.

También exhorta a la titular de la PGR, Arely Gómez González, para que en el ámbito de sus facultades investigue esa red de tráfico de menores.

Pide que la PGR proceda en contra de quienes resulten responsables por los delitos federales de trata de personas, delincuencia organizada, tráfico de personas, cohecho, uso indebido de atribuciones y facultades, y todos los demás que resultaran imputables producto de la investigación.

Se exhorto al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elias, a que gire instrucciones a fin de que se apliquen o intensifiquen los exámenes de confianza a los servidores públicos del gobierno estatal, particularmente a quienes desempeñen actividades vinculadas con la protección y custodia de niñas, niños o adolescentes.

Esta medida tiene el propósito de prevenir con ello violaciones a los derechos humanos de ese sector vulnerable de la sociedad.

En el documento se recuerda que, a finales del pasado mes de agosto, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, Carlos Navarro Sugich, hizo pública la existencia de una red de tráfico de menores en la entidad, que operaba desde el DIF Estatal.

El funcionario estatal señaló a presuntos responsables, así como la consignación de 16 personas por la probable participación en el lamentable suceso y manifestó que a la fecha se han logrado identificar a nueve menores registrados de manera irregular en Sonora.

Sin embargo, agrega el documento de la legisladora, ha trascendido que desde el mes de marzo el gobierno de Estados Unidos había alertado al procurador de Sonora respecto a la red de tráfico de menores en la entidad con alcance internacional, la cual era operada por funcionarios estatales.

“Las órdenes de aprehensión contra los servidores públicos se efectuaron hasta después de cinco meses, y se giraron hasta el 20 de agosto del presente”, añadió.

El punto de acuerdo establece:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con fundamento en el artículo 102 constitucional solicita al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que inicie la investigación por violaciones graves a derechos humanos y por trascender el interés nacional, a fin de coadyuvar al esclarecimiento de la red de tráfico de menores que operaba al amparo del sistema DIF Sonora, reparar el daño causado a las víctimas, y que garanticen la no repetición de los lamentables hechos ocurridos en el estado de Sonora y en todo el país.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión dirige un respetuoso exhorto a la Titular de la Procuraduría General de la República para que en el ámbito de sus facultades investigue la red de tráfico de menores que operaba al amparo del Sistema DIF Sonora y proceda en contra de quienes resulten responsables por los delitos federales de trata de personas, delincuencia organizada, tráfico de personas, cohecho, uso indebido de atribuciones y facultades, y todos los demás que resultaran imputables producto de la investigación.

Tercero. La H. Cámara de Diputados exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora para que gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que se apliquen o intensifiquen los exámenes de confianza a los servidores públicos del Gobierno Estatal, particularmente a aquellos funcionarlos, empleados o trabajadores que desempeñen actividades vinculadas con la protección y custodia de niñas, niños o adolescentes y se prevengan con ello violaciones a los derechos humanos de ese sector vulnerable de la sociedad.

JGM