Palacio Legislativo 17-02-2016 (Notilegis).- Los grupos parlamentarios resaltaron la importancia de que se legisle para crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y pidieron que se apliquen sanciones a funcionarios que desvíen recursos públicos.

Legisladores de las diversas bancadas abordaron el tema durante un evento en el que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Cámara de Diputados el resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2014.

El diputado Pablo Bedolla López (PRI) comentó que, de acuerdo con el Banco Mundial, la corrupción cuesta al país alrededor de 9.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y dijo que se tiene que cambiar la percepción del 88 por ciento de los mexicanos que piensan que la corrupción es muy frecuente, según Transparencia Internacional.

“El reto es fortalecer el Estado de derecho, por eso en las próximas semanas habremos de completar el andamiaje jurídico que sentó la reforma constitucional del SNA”, agregó.

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En el marco de esta reforma –explicó–se ha conferido a la ASF la facultad de auditar en tiempo real el ejercicio de los recursos y ha dotado de plena autonomía al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para sancionar cualquier posible acto irregular.

Eukid Castañón Herrera (PAN) externó su preocupación porque instituciones como la ASF terminen por no dar el resultado que la sociedad exige y externó que el informe presentado pasó de los señalamientos concretos del sexenio pasado a una expresión de bajo perfil, “con conceptos que resultan complacientes con un gobierno que le urge esconder un entorno de corrupción”.

“La corrupción no se combate con la solventación de irregularidades, sino con la denuncia de los malos servidores públicos, no vemos un esfuerzo por presentar denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que se persigan los delitos cometidos y se inhabilite a quienes hayan incurrido en conductas indebidas”, aseguró.

La diputada Maricela Contreras Julián (PRD) refirió que, si bien se cuenta con un sustento normativo sólido y una instancia consolidada en materia de fiscalización, ésta debe ser aplicada adecuadamente para la transparencia y rendición de cuentas.

“En esta legislatura tenemos una oportunidad única de implementar el mandato constitucional del nuevo sistema de fiscalización y no es un cheque en blanco”, añadió, en referencia al SNA.

En muchos casos –indicó– nos enfrentamos a la resistencia institucional que limita el avance de la rendición de cuentas y evita las sanciones a los responsables, niega la transparencia y por eso estamos obligados a atajar los actos ilícitos y las conductas a todas luces que son contrarias al Estado democrático.

“El número de denuncias penales que han prosperado a partir de los actos de corrupción documentados y presentados por la ASF no corresponden con un compromiso real en contra de la impunidad y el abuso de poder”, destacó.

El diputado Emilio Salazar Farías (PVEM) resaltó que es responsabilidad de los titulares de los órganos de fiscalización revisar que gobernadores y presidentes municipales “ejerzan de buena manera sus recursos con independencia, pues eso no sólo es trabajo de la auditoría”.

Señaló que en el análisis, en los próximos meses, del SNA se deberá proponer y revisar a fondo este tema. “Necesitamos honestidad de cada uno de los funcionarios, nadie puede negar la existencia de conductas no correctas, pero éstas deben corregirse, pues es una exigencia de la sociedad”.

La diputada Araceli Damián González (Morena) detalló que esta fiscalización representa una oportunidad para que los legisladores asuman una labor en la que aún tienen un trabajo pendiente ante la sociedad: “llevar a cabo una adecuada revisión del gasto de los recursos federales y muy en particular sancionar de forma ejemplar y efectiva a los servidores públicos que hacen mal uso del presupuesto”.

“Queremos que el trabajo que se realiza en la ASF sea más efectivo y que los funcionarios que cometan ilícitos sean sancionados hasta sus últimas consecuencias. Queremos dar respuesta a preguntas de la sociedad: ¿Cuántos son los servidores públicos que han utilizado recursos de manera indebida? ¿Cómo serán sancionados? ¿Qué sanciones penales tendrán? ¿Quiénes son?”, dijo.

Se necesita –manifestó– que los recursos recuperados se incrementen y se castigue a aquéllos que hayan cometido ilícitos.

El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (MC) expuso que la corrupción y la impunidad son dos factores que hacen que México no se mueva en la dirección correcta, por eso el trabajo que hoy entrega la ASF y el compromiso con el SNA “debe verse reflejado en acciones contundentes”.

“Que fortalezcan nuestras instituciones y le devuelvan integridad al servicio público mexicano, que se rompa el ciclo de impunidad que obstaculiza el proceso de fiscalización, porque es inadmisible que el 97 por ciento de las denuncias presentadas por la ASF queden impunes y que las recomendaciones sean desatendidas”, precisó.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres (NA) comentó que los resultados de las alrededor de mil 700 evaluaciones de políticas públicas, cobran especial relevancia en el contexto actual, enmarcado en la construcción del SNA y el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

“Un contexto que nos sitúa en un nada grato lugar 103 de los 174 del ranking de la corrupción gubernamental, de acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción 2016… en el que, de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, en México la corrupción absorbe alrededor del 9.0 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto)”, mencionó.

Tales circunstancias –enfatizó– nos obligan a realizar las modificaciones legales necesarias, “para que ambos sistemas constituyan la base para transformar el presente y futuro de la nación y combatir un lastre social, un lastre político y económico que implica la corrupción”.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares (PES) aseveró que, si la percepción social es que la corrupción es un imperativo en el ejercicio del poder público, “estamos fallando en la fiscalización”.

Por ello, añadió, en la legislación secundaria del SNA debe permitirse a la ASF –como una denuncia ciudadana fundada y motivada–, intervenir el ejercicio fiscal en proceso y no en la posterioridad. “Si lográramos esas facultades para el ente público fiscalizador, daríamos un paso firme, un paso positivo”, sostuvo.

El diputado independiente, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, expresó que urge fortalecer el trabajo de la ASF, pero también de hacerla práctica y efectiva, “porque el reclamo social sobre el combate a la corrupción indica que no lo estamos haciendo bien”.

“No está generando confianza en los ciudadanos, no está contribuyendo a tener una cultura de transparencia y rendición de cuentas y no estamos generando el andamiaje para un verdadero combate a la corrupción”, aseguró.

LSN/DRG/JGM