Palacio Legislativo, 28-03-2016 (Notilegis).- La consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción permitirá crear el entramado institucional necesario para dar un paso firme en la lucha contra una problemática que, de acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), le cuesta al país cerca 342 mil millones de pesos anuales, afirmó la diputada Arlette Muñoz Cervantes (PAN).

Esta situación ha provocado, entre otros aspectos negativos, el distanciamiento entre los ciudadanos y sus representantes, indicó la legisladora en un comunicado.

“Es por ello que resulta fundamental que el dictamen que saldrá del Senado en próximas fechas (sobre este sistema) no venga descafeinado”, apuntó.

Señaló que este documento debe integrar de manera puntual “las aportaciones de la sociedad civil, como la iniciativa Ley3de3, así como los puntos torales que han permitido a otros países hacer frente al fenómeno de la corrupción, como un acceso pleno a la información pública”.

Muñoz Cervantes precisó que “la lucha contra la corrupción en México se encuentra en un momento político que no debe ser desperdiciado con un marco normativo de simulación, sino con un verdadero sistema que integre de manera funcional las distintas iniciativas presentadas en la materia”.

Lo anterior, añadió, para que antes del 28 de mayo próximo el país cuente con los instrumentos suficientes para hacer frente a un malestar que cuesta al país 15 por ciento de la inversión pública total y representa la pérdida anual de unos 480 mil empleos.

La diputada panista resaltó que la sociedad mexicana ha enviado señales de hartazgo y alarma que la clase política debe atender con toda responsabilidad.

“De acuerdo a estudios como el Barómetro Global de la Corrupción 2013, publicado por Transparencia Internacional, el 70 por ciento de los mexicanos considera que este fenómeno ha ido a la alza de manera exponencial en todo el territorio nacional y se ha expandido a distintos sectores de la vida pública del país”, añadió.

Reconoció que la corrupción ha alcanzado niveles de mayor complejidad y se ha expresado, incluso, en la debilidad de procesos institucionales que han permitido el manejo inadecuado de los recursos públicos.

Enfatizó que la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción permitirá contar con mecanismos únicos de combate contra este malestar, como el acceso y flujo de información pública a través de plataformas digitales.

Asimismo, la vigilancia interinstitucional y ciudadana sin ataduras políticas y el fortalecimiento y la generación de sanciones más estrictas para quienes incurran en estas prácticas, agregó.

“Debemos entender a la corrupción como una problemática que implica redes de colaboración y procesos institucionales endebles”, resaltó.

Como ejemplo mencionó “el sobreendeudamiento que se gestó durante el mandato del ex gobernador Humberto Moreira, en donde hubo una intervención clara de distintos actores del gobierno y la ausencia de un marco normativo que bloqueara la ruta de un manejo ilegal de los recursos públicos”.

“Las comisiones que dictaminarán las iniciativas en el Senado deben tener una visión de trascendencia e inclusión para que el producto final sea un verdadero rediseño institucional que ponga fin a la corrupción y a la impunidad que hoy por hoy privan en el país”, externó.

Sostuvo que de “no hacerlo sería desperdiciar el momento político con un marco de simulación”.

“Hoy más que nunca se necesita congruencia, pasar del discurso a la acción para recobrar la confianza de los ciudadanos”, apuntó.

Detalló que para hacer realidad el Sistema Nacional Anticorrupción será necesario contar con diversos ordenamientos como la reforma y expedición de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General que crea el Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

También, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Todo ello, precisó, deberá aprobarse a más tardar el 30 de abril, fecha en que concluye el actual periodo de sesiones.

HSF/JGM