Palacio Legislativo 13-04-2016 (Notilegis).- El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, afirmó que “el país invierte cantidades elevadas de recursos” en infraestructura y destacó la necesidad de que sean planeadas adecuadamente, prevean mecanismos de supervisión y se apliquen sanciones por incumplimiento.

Durante la Segunda Reunión de Análisis de los Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, con la Comisión de Vigilancia de la ASF, el auditor señaló que el área de mayor riesgo dentro del grupo funcional de desarrollo económico es el de obra pública.

Explicó que las ineficiencias que se presentan en el desarrollo de infraestructura comienzan desde antes de la definición de proyectos específicos, debido a la modificación a las carteras autorizadas, lo que implica retrasos en la ejecución de los trabajos.

“En etapas subsecuentes, en la planeación, observamos la existencia de proyectos con deficiencias en el alcance, normas técnicas y de calidad, especificaciones generales y particulares de construcción y los estudios previos (mecánica de suelos, topográficos, geológicos, ambientales, principalmente)”, comentó.

Portal Martínez enfatizó que una vez formalizados los contratos se aceptan extemporáneamente fianzas y se entregan anticipos fuera de los plazos establecidos.

El auditor señaló que “resulta de capital importancia que la utilización de los recursos destinados a distintos sectores poblacionales” se atenga “estrictamente a los principios de transparencia, eficacia y eficiencia, con el fin de que tengan un impacto positivo y coadyuven a alcanzar un mayor grado de desarrollo”.

Celerino Cruz García, director general de Auditoría de Inversiones Físicas Federales de la ASF, aseguró que en el informe se hicieron observaciones por mala calidad de obra, así como por pagos anticipados.

Portal Martínez indicó que la segunda mayor área de riesgo en el grupo funcional de desarrollo económico, es la relativa a la información sobre beneficiarios de los programas sociales.

Roberto Salcedo Aquino, titular de la Auditoría Especial de Desempeño de la ASF, comentó que existe un problema en la elaboración de los padrones de beneficiarios, ya que estos sólo son listados nominales, y no contienen los datos de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

“La ley establece todos los requisitos, lo que nosotros encontramos fueron listas de nombres, lo que se necesita es una cédula de identidad, pero como no la hay, la CURP debe realizar ese papel”, externó Salcedo Aquino.

Portal Martínez informó que en el análisis de los aspectos vinculados con las funciones de desarrollo económico, la ASF realizó “234 auditorías, que implicaron la fiscalización de 47 entes públicos”.

Como resultado de ello, agregó, “se formularon un mil 286 observaciones; 582 recomendaciones; 507 recomendaciones al desempeño; 284 solicitudes de aclaración; 358 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria” y se impusieron 12 multas.

El titular de la ASF aclaró que los sectores auditados en la materia fueron los de “agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación; comunicaciones y transportes; empresas productivas del Estado; economía; medio ambiente y recursos naturales y energía”.

También señaló que cuatro sectores concentraron 185 de las 234 auditorías (79.1 por ciento del total): 75 corresponden a comunicaciones y transportes; 56 a empresas productivas del Estado; 29 a medio ambiente y recursos naturales y 25 a agricultura, ganadería, desarrollo rural pesca y alimentación.

Portal Martínez añadió en su exposición del análisis cualitativo en la materia, que “las revisiones fueron asociadas a una o más áreas con riesgo”, obteniéndose los siguientes resultados:

· 36.11 por ciento de las 234 auditorías se vinculó con el área de riesgo “obra pública”.

· 16.11 por ciento a “diseño e implementación de la política para atender el problema público”.

· 12.22 por ciento a “información sobre beneficiarios de los programas sociales”.

· 8.89 por ciento a “adquisiciones, contrataciones o inversiones que cumplen con la norma, pero que no representan las mejores condiciones para el Estado”.

· 3.89 por ciento a “débil incorporación de tecnologías de la información en el ejercicio gubernamental”.

· 3.33 por ciento a “participación de intermediarios en la dispersión del gasto público”.

· 2.78 por ciento a “servicios suministrados por particulares”.

· 2.22 por ciento a “revelación de pasivos y gastos”.

· 1.67por ciento a “programas públicos duplicados y sin coordinación”.

· 1.67 por ciento a “subejercicios”, y

· 11.11 por ciento al renglón “otros”.

Finalmente el auditor superior de la Federación consideró que “para esta soberanía la situación existente en la materia representa un tema de la mayor relevancia, y que, sin duda, podrá aportar, en el ámbito de sus atribuciones, una importante contribución para mejorar cualitativamente la participación del sector público en la economía del país”.

MAV/HSF/JGM