Palacio Legislativo 24-05-2016.- (Notilegis).- Las desapariciones forzadas y asesinatos, la delincuencia y la violación constante de los derechos humanos, son los daños colaterales de la violencia institucionalizada que se vive en México, aseguró la diputada Araceli Damián González (Morena).

Al inaugurar el foro “Las continuas violaciones a los derechos humanos en México: De la guerra sucia a Ayotzinapa”, la legisladora indicó que en el país “actualmente vivimos una violencia institucionalizada”.

“La muerte y desaparición de hombres y mujeres en México ha alcanzado niveles que sólo se pueden explicar en un contexto en el que se han roto todos los principios básicos de la moral y de la ética que permiten una sana convivencia social”, apuntó.

Señaló que “no es sólo un problema de delincuencia, sino de la violencia institucionalizada” y agregó que “México es uno de los países con mayor desigualdad del ingreso y la riqueza a nivel mundial. Ha sido laboratorio de las reformas económicas más radicales impuestas por los organismo internacionales”.

La integrante de la Comisión Especial sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Guerrero, refirió que la violencia institucional se traduce en el desempleo, la inestabilidad laboral, el deterioro de los salarios, la pobreza y el hambre, lo que orilla a muchos a involucrarse de diversas maneras en la violencia.

Aunado a la desigualdad social, añadió, “la cercanía a los Estados Unidos, principal consumidor de drogas en el mundo, y la negativa para legalizar su consumo, han provocado que México se convierta en un campo de batalla”.

Damián González sostuvo que en México el problema de la violación de los derechos humanos por parte del Estado viene desde el inicio del régimen autoritario que se implanta después de la revolución de 1910, pero que se agudiza en ciertos periodos, como la guerra sucia en los 70.

Resaltó que la violencia no es nueva, pero ha tomado un carácter explosivo y se debe tener claro que la responsabilidad de estos problemas sociales y de seguridad, recae directamente en el Estado.

“Es el Estado el responsable porque no ha dotado de las condiciones materiales que eviten las muertes y las desapariciones forzadas, porque no ha reducido la enorme desigualdad social, porque ha dejado en impunidad a los asesinos y a los desaparecidos, y porque ha permitido la corrupción sin medida y el abuso de autoridad”, sentenció.

Recordó que durante la administración del presidente Felipe Calderón (2006-2012) se reconocieron más de 26 mil personas desaparecidas y actualmente se habla de más de 28 mil, pero la cifra es sólo de las víctimas que reconoce el Estado.

Explicó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contabiliza a dos mil 443 servidores públicos vinculados en delitos de desaparición forzada desde 2005 y todos están impunes, a pesar de las recomendaciones que se han emitido en relación a este delito.

Destacó que en junio de 2014, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) registró 72 averiguaciones previas de casos de militares involucrados en casos de desaparición forzada entre 2006 y 2014.

Advirtió que el “uso de la fuerza pública bajo el argumento de que nadie puede estar por encima de la ley, solo legitiman la represión para conservar la violencia institucional disfrazada de estabilidad social”.

El diputado Juan Romero Tenorio (Morena) lamentó que el tema de desaparición forzada no se plantee como una prioridad en la agenda legislativa del país.

Manifestó que “existen muchas estrategias para borrar hechos, que son delitos de lesa humanidad, y que, a través de formalismos jurídicos, se evade la responsabilidad, la obligación del Estado de garantizar derechos básicos, como el derecho a la vida, a la integridad física y psicológica”.

Dijo que en México todo acto se criminaliza, se vincula con la delincuencia y se justifica al Estado en una llamada guerra contra las drogas.

Romero Tenorio y Damián González mencionaron que propusieron en un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente crear un Plan Nacional de Búsqueda de todas las Personas Desaparecidas, a fin de localizar a las víctimas con vida y, de no lograrse, identificar sus restos y entregarlos a su familia de forma digna.

En el foro participaron el general José Francisco Gallardo Rodríguez, defensor de derechos humanos; Félix Hernández Gamundi, ex presidente de la Comisión de la Verdad de Guerrero, entre otros activistas sociales.

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