Palacio Legislativo, 2206-2016 (Notilegis).- El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, solicitó al presidente Enrique Peña Nieto que ejerza la facultad que le confiere la Constitución y observe la Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3), en particular los artÃculos 29 y 32. El diputado presidente hizo la solicitud en un escrito que envió este miércoles al Ejecutivo federal. Pide que Peña Nieto “ejerza la facultad que le confiere el artÃculo 72, apartados A, B y C de la Constitución PolÃtica de los Estados Unidos Mexicanos, y observe la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en particular los artÃculos 29 y 32â€. Esos apartados de la Constitución se refieren a la facultad del Ejecutivo federal de publicar los documentos aprobados por las cámaras de Diputados y Senadores, asà como la posibilidad de que los regrese de manera Ãntegra o sólo alguna parte de éstos. El Congreso de la Unión aprobó la semana pasada esa ley, en el marco de las normas que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción, y los dos artÃculos mencionados generaron polémica porque no corresponden a lo establecido en la iniciativa ciudadana que impulsa la también llamada Ley 3 de 3. En el artÃculo 29 se establece que “las declaraciones patrimoniales y de interés serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constituciónâ€, lo que es cuestionado por quienes plantean la necesidad de que la difusión sea sin restricciones. El artÃculo 32 señala que deben presentar declaración patrimonial y de intereses los servidores públicos, pero también cualquier persona fÃsica o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos, de la federación, entidades o municipios, asà como sus empleados. Zambrano Grijalva precisó que el artÃculo 29 “no incorpora los elementos de la iniciativa ciudadana, denominada Ley 3 de 3â€, en relación a las obligaciones de los servidores públicos. “Se incorporaron preceptos que destruyeron por completo el espÃritu de la Ley ciudadanaâ€, añadió. Sostiene que los artÃculos 29 y 32 imponen a personas fÃsicas y morales una obligación destinada a los servidores públicos. “De publicarse las normas crearÃan un temor en la sociedad, en virtud de la desconfianza que implica dar información privada en relación al patrimonioâ€, apuntó. También comentó que de existir un error en el llenado del formato de manera involuntaria, sujetarÃa a la persona a una responsabilidad administrativa y/o penal, toda vez que la información que se proporcione serÃa bajo protesta de decir verdad ante autoridad administrativa. Asimismo, “como está redactado el artÃculo 32 de la Ley, afectarÃa a millones de personas beneficiarias de programas sociales como PROSPERA, PROAGRO; los pensionados del IMSS, ISSSTE, PEMEX, asà como becarios de CONACYT, entre otros, que reciben recursos públicosâ€, aseveró Zambrano Grijalva. Al final de su misiva, reiteró al Presidente de la República la necesidad de que observe esos artÃculos “en virtud de que la norma es incompleta, oscura, imprecisa y confusa, que no genera los instrumentos institucionales necesarios para combatir la corrupciónâ€. JGM |