Palacio Legislativo 03-10-2016 (Notilegis).-Diputados, investigadores y académicos plantearon restructurar la Reforma Educativa, por considerar que sólo es laboral y administrativa; cuestionaron la evaluación estandarizada del magisterio y pidieron rescatar el espíritu de la enseñanza pública, laica y gratuita.

La secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (Morena), resaltó que la Reforma Educativa guarda mucha secrecía sobre la estrategia que tiene el gobierno con ella.

En el foro “La Reforma Educativa para México”, urgió a analizarla de manera crítica y cuestionar qué hay detrás de lo que propone el gobierno y de lo qué dice en realidad; qué se ha descubierto y por qué “ha sido una especie de novela que se ha contado a cuentagotas”.

“Se requiere hacer propuestas para cambiar esta reforma, así como estar preparados y emprender una estrategia para lo que se avecina: la reforma a educación superior, la cual podría estar a principios de diciembre; no nos vaya a tomar de improviso, sin que estemos preparados para enfrentar este nuevo asalto a la enseñanza”, añadió.

La presidenta de la Comisión de Seguridad Social, diputada Araceli Damián González (Morena), afirmó que la crisis de la educación en México se debe a que no existe un proyecto, una identidad, y porque el Estado no tiene valorización académica.

Detalló que día con día a los maestros se les descalifica, y eso no es posible porque son personas fundamentales para este país, ya que tienen en sus manos a los niños; por ello, “es necesario darles su lugar”.

Subrayó que la reforma es un modelo que se implementó hace diez años en Estados Unidos, el cual plantea la participación de actores privados, es decir, escuelas particulares, a las que el gobierno les da dinero, o públicas que tienen operación privada, lo que vuelve a la educación una ganancia y no un derecho.

Además, viola el propio artículo 14 constitucional, el cual establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna; por lo tanto, subrayó, no tendrían por qué los profesores estar sujetos a la ley.

Dijo que como se vincula la evaluación obligatoria con la permanencia de los docentes, la reforma es, por tanto, laboral y administrativa, y pretende controlar la lucha del magisterio nacional. Asimismo, no se plantean concepciones pedagógicas para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, carece de legitimidad con los maestros y no respeta las tradiciones de cada entidad.

Yeidckol Polevnsky Gurwitz, secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, argumentó que esta reforma afecta no sólo a los profesores, sino a los alumnos y a la educación en general; además, hay interés en expulsar a trabajadores “que no están al servicio del gobierno para cuestiones electorales”.

Propuso emprender un análisis profundo y serio de los recursos que se destinan al sector de educación y que, en muchos casos, no llegan. “Estamos con y por la educación; respaldamos a los maestros, porque creemos en la enseñanza pública, laica y gratuita; estamos en contra de todas las vejaciones que se han realizado contra el magisterio”, afirmó.

John Mill Ackerman Rose, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expresó que en los hechos la Reforma Educativa está en suspenso, principalmente en los estados del sur más movilizados, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, en donde “hay suspensión de facto de las evaluaciones punitivas, siguen despidiendo maestros y hay un acoso constante desde el poder; por ello, se debe revocar esta reforma”.

Las movilizaciones de los maestros, dijo, lograron poner en el centro de la agenda pública el tema educativo y demostrar que es el magisterio quien tiene la razón y no el poder. Esta reforma no es educativa, sino laboral, basada en un modelo de evaluación punitiva, enfocada en centralizar el poder, excluir a los maestros de su propio proceso pedagógico y profesional, y está dirigida hacia la privatización.

Planteó rescatar el espíritu público, laico y nacionalista de la educación pública mexicana; recuperar el pase automático de los egresados de las normales a los puestos de trabajo, ya que sirven para entrenar maestros; mejorar la educación de las normales y fortalecerlas; evitar el despido de los profesores; dar participación a los maestros en las evaluaciones, y ofrecer mayores contenidos críticos.

Hugo Aboites Aguilar, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, puntualizó que evaluación no significa mejora de la educación, pues en México, desde 1994, se hace una valoración docente. Se han aplicado alrededor de cien millones de exámenes estandarizados con la idea de la calidad de enseñanza, y 20 años después “podemos constatar que este sector está en uno de sus peores momentos”, enfatizó.

Aclaró que la evaluación no es medición. “Se tiene un examen estandarizado porque es más fácil de hacer y permite un mayor control para dispensar, aprobar y reprobar a un millón y medio de maestros; un examen de opción múltiple mide el estatus económico de la persona y hace una discriminación de género”, añadió.

Antonia Candela Martin, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional, precisó que las evaluaciones y las actuales condiciones que tiene el trabajo docente están desalentando a muchas personas para entrar a las escuelas normales; además, las pruebas de opción múltiple no ayudan a saber quién es un buen docente ni permite tener educación de calidad.

Llamó a suspender la evaluación estandarizada y valorar el impacto que ha tenido esta política en la educación pública del país. Además, propuso combatir el desprestigio de los maestros que han generado las autoridades y los medios de comunicación. “Hay que ampliar la batalla que han dado los profesores para cubrir el impacto que puede tener esta lucha contra esta reforma que lleva a la privatización y al desmantelamiento de la educación pública del país”.

Enrique Enríquez, secretario de la sección 9 de la CNTE, mencionó que ya no se ve a la educación como un proyecto nacional, sino como un empleo más. “Esos exámenes se hacen para que otras licenciaturas puedan entrar a dar clases, que no ven a esta profesión con vocación, sino como la agencia de empleo más grande de México”.

Refirió que se debe tirar la actual reforma y generar un proyecto nacional de educación pública, sin protagonismos, donde se fortalezca al normalismo y la evaluación sea colectiva; una donde exista la perspectiva de crear programas sobre la formación docente.

Rubén Núñez, secretario de la sección 22 de la CNTE de Oaxaca, dijo que la coordinadora no acepta exámenes estandarizados, punitivos, construidos desde espacios que no corresponden a la realidad del terreno del maestro y sus comunidades.

“Nosotros creemos en que debemos transformar la educación en un proyecto que emane desde los espacios donde los maestros generan su trabajo”.

Agregó que el nuevo proyecto debe ser construido a partir de las diversas corrientes epistemológicas, pedagógicas, psicológicas y sociológicas. En cuanto a los planes de estudios, consideró, deben tener una vigencia de 10 años y después ser transformados e innovados, porque la tecnología avanza de manera vertiginosa y la educación también lo debe hacer.

Aquilino Martínez, comisionado de la CNTE en Guerrero, indicó que el proyecto educativo debe conocer a las necesidades de las regiones indígenas, ya que a través de la participación de los padres de familias, autoridades agrarias, comisionarios y comités, así como académicos, se podrá realizar un ordenamiento que atienda sus necesidades.

RED/NGM