Palacio Legislativo, 18-11-2016 (Notilegis).- Diputados de los grupos parlamentarios plantearon que el nuevo modelo de desarrollo urbano implica una visión transversal de los tres niveles de gobierno y que se priorice la calidad de vida de las personas, al fijar sus posiciones sobre la política del Ejecutivo federal sobre el tema.

Abordaron el tema ante la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, quien compareció ante Comisiones Unidas de Desarrollo Metropolitano, de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y de Reforma Agraria, por la glosa del IV Informe de Gobierno del Ejecutivo.

La diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez (PRI) sostuvo que ante el crecimiento desenfrenado de los asentamientos humanos y urbanos, la desatención de la política de la vivienda digna y el ordenamiento del territorio, se requiere de nuevas líneas de acción y una visión de largo plazo, en la que participen los tres niveles de gobierno y los ciudadanos.

Señaló que “la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (aprobada en octubre pasado por el Congreso de la Unión), le da al Estado mexicano la rectoría en materia de desarrollo urbano, para evitar prácticas que se han dado en los estados y en los municipios, tendientes a permitir asentamientos humanos en zonas de alto riesgo”.

En ese sentido, Arcos Velázquez preguntó qué políticas públicas implementará la Sedatu en las construcciones y asentamientos humanos ya establecidos en las zonas de alto riesgo.

La diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (PAN) externó su preocupación por la reducción que se le aplicó en el PEF 2017, al Fondo Metropolitano, el cual se debe destinar a la zona metropolitana del Valle de México.

“De qué manera se va a estar distribuyendo dicho fondo, cómo priorizar esos proyectos para fortalecer el desarrollo metropolitano y si va a incentivar la coordinación intergubernamental para poder fortalecer materias como protección civil, transporte y seguridad pública”, cuestionó.

Precisó que en el tema de la megalópolis se requiere mejorar la calidad de vida de las personas que la habitan. “Cómo podemos contribuir desde el ámbito legislativo y cuáles son los retos que vamos a estar afrontando esté año”, preguntó.

La diputada Ana Leticia Carrera Hernández (PRD), en la tercera ronda, recordó que en el PEF 2016 se contempló una suma de más de 25 mil millones de pesos para la implementación de programas a cargo de la Secretaría (Sedatu).

Sin embargo, “en la delegación Iztapalapa, considerada la más vulnerable de la Ciudad de México, no se ven reflejadas acciones del programa ‘Un cuarto más’ (implementado para evitar el hacinamiento y reducir la posibilidad de que se presente violencia intrafamiliar)”, cuestionó.

Comento que en la delegación Milpa Alta sucede el caso contrario, donde se han realizado muchas acciones del programa mencionado.

“Esto es de resaltar, tomando en cuenta que una buena parte de los AGEBS, considerados de alta y muy alta marginación, se encuentran en Iztapalapa y no en Milpa Alta”, precisó. “No omito mencionar que la CDMX se encuentra en el lugar ocho de las ciudades que concentran el mayor hacinamiento del país”, añadió.

Preguntó “¿cuál es el criterio que utiliza la secretaría para ejercer el recurso, sin dar prioridad a las zonas más vulnerables de la Ciudad de México”.

La diputada María Ávila Serna (PVEM) expuso que México se posiciona como el quinto país con mayor potencial minero, la minería extractiva representa un 2.0 por ciento de Producto Interno Bruto (PIB) y genera más de 300 mil empleos directos.

Pero reprochó que haya un desequilibrio entre las cuantiosas ganancias de las grandes compañías y los escasos beneficios a la población que habita en los estados y municipios donde se genera, refirió.

En virtud de esta situación, en el año 2013 se aprobó el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros, un nuevo esquema fiscal con la finalidad de transformar dicha condición, indicó.

“Es necesario que la población conozca cuál ha sido el destino de los recursos de dicho fondo minero, en este año, así como el monto de recaudación de derechos en los ejercicios fiscales en años anteriores”, planteó.

La diputada Blandina Ramos Ramírez (Morena) acusó, en la primera ronda, que, en los hechos, el objetivo de la nueva ley general de asentamientos humanos sea “satisfacer las necesidades de los mercados y los dueños del capital”.

“Nuestras ciudades no pueden convertirse en un modelo de tejido territorial, orientado a la producción, distribución y consumos masivos”, agregó.

“La construcción de un verdadero nuevo modelo urbano debe incluir, como exigencia, la efectiva acción participativa de la ciudadanía, no sólo como simple observadora pasiva del proceso, ya que la imposición de conceptos engañosos, que pretende dar (el gobierno federal), refleja un modelo económico decadente que lastima al pueblo de México”, señaló.

La diputada Claudia Corichi García (MC) cuestionó que el Ejecutivo federal no haya publicado aún la Ley General de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobada en octubre pasado, por el Congreso de la Unión.

“Da la impresión de que el Ejecutivo está esperando el buen momento, tal vez para la foto, pero a nosotros nos preocupa en qué momento va a ser publicada, qué procede, qué están pensando ustedes en ese sentido”, aseveró.

La diputada federal también solicitó saber el avance de las políticas públicas destinadas a mujeres en materia de la adquisición de vivienda urbana, tenencia de la tierra en zonas rurales y licitaciones para espacios de vivienda, con la finalidad de reducir la brecha de género en la propiedad de inmuebles.

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