Palacio Legislativo, 02-02-2017 (Notilegis).- La Cámara de Diputados remitió al Ejecutivo federal la declaratoria de constitucionalidad de las reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Carta Magna, en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registros civiles.

En la sesión, la vicepresidenta de la Mesa Directiva, diputada Gloria Himelda Félix Niebla (PRI), anunció: “El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política, y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esta materia”.

Previamente, se dio lectura al expediente con proyecto de declaratoria enviado por el Senado de la República, donde se informa de la recepción de 18 votos aprobatorios, correspondientes a los congresos de Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Con estas reformas se hace más accesible y eficiente la impartición de justicia en el país; se consolidará una justicia eficaz, accesible y de calidad para todas y todos los mexicanos, asegura lo aprobado.

Uno de sus elementos esenciales tiene que ver con la mejora regulatoria, a fin de homologar criterios que permitan unificar a estados y ayuntamientos en un solo lenguaje en la materia, y tener mayor transparencia en el proceso regulatorio de las entidades públicas.

Se faculta al Congreso a legislar en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias para asimilar con mayor profundidad el Sistema Nacional de Justicia en México, ya que “a la fecha no existe unidad de criterios ni estándares mínimos aplicables en cuanto a la formación y requisitos de certificación entre mediadores y conciliadores”.

Actualmente, 23 estados ya cuentan con leyes que regulan los mecanismos alternativos de solución de controversias; sin embargo, precisa, para que dichas leyes tengan un ejercicio eficaz se requieren criterios de homologación.

En materia de justicia cívica e itinerante, se dota de facultades al Congreso de la Unión para emitir una ley general que establezca las bases y los principios que deberán observar los órdenes de gobierno en el ámbito de su competencia para poder acercar la justicia a la vida diaria de los ciudadanos.

Respecto al registro civil, se podrá homologar y equilibrar un lenguaje para todos en este tema. La legislación que se expida deberá prever la obligación de trabajar con formatos accesibles de inscripción, estandarización de actas de nacimiento a nivel nacional, medidas de seguridad física y electrónica, posibilidad de realizar trámites con firmas digitales y realizar consultas y emisiones vía remota.

RED/JGM