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Palacio Legislativo, 20-02-2017 (Notilegis).- El coordinador de los diputados del PES, Alejandro González Murillo, propuso reformar diversas leyes para ampliar las facultades de los Testigos Sociales en las tareas de vigilancia de los procesos de licitación del gobierno, con el propósito de verificar su cumplimiento. En un comunicado, planteó reformar las leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para darle la posibilidad de verificar el cumplimiento de los contratos, además de aumentar la cantidad de licitaciones que puede supervisar. Precisó que los Testigos Sociales no tienen actualmente esa facultad. El también integrante de la Comisión Especial de Vigilancia del Gasto y Deuda Pública de Estados y Municipios, destacó que su propuesta de reforma abriría la oportunidad para que el Testigo Social dé seguimiento al cumplimiento de plazos y formas de pago acordados. También a la ejecución de obras conforme a lo proyectado y presupuestado, y a la aplicación de penas en caso de incumplimiento. “Para combatir los altos índices de corrupción en el país, se deben ampliar las facultades de los Testigos Sociales en sus tareas de vigilancia de los procesos de licitación del gobierno”, dijo. Precisó que disminuyendo el umbral del monto de los contratos que puede verificar un Testigo Social (a partir de los cinco millones de Unidades de Medida y Actualización en obras públicas, en lugar de 10 millones), se ampliaría la cantidad de licitaciones cuya legalidad se pondrá a disposición del escrutinio ciudadano. González Murillo destacó los importantes hallazgos de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), en su Informe de la Cuenta Pública 2015, e indicó que “sin incurrir en cacería de brujas, seguiremos atentos a la aplicación severa y vertical de la justicia a quienes hayan malversado recursos públicos”. Reiteró el compromiso de su bancada con la austeridad, la racionalidad y la disciplina del gasto público, toda vez que organismos internacionales afirman que la corrupción le cuesta a México entre el nueve y el 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). “Somos parte de la generación de políticos que consolidarán el entramado institucional y legal de la lucha contra la corrupción y la opacidad, para recobrar la confianza ciudadana en la cosa pública”, concluyó. EGV/JGM |
