Palacio Legislativo, 24-02-2017 (Notilegis).- El coordinador del grupo parlamentario del PRI, diputado César Camacho, se comprometió a sumar esfuerzos para contar con el entramado jurídico e institucional, moderno y eficaz, para combatir el delito de trata de personas.

Indicó que aunque haya buena voluntad, las autoridades no pueden ir más allá de lo que expresamente les otorga el marco normativo. Por eso, dijo, “se detuvo una minuta del Senado que encontramos, deficiente y peligrosa”.

Al clausurar en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el Foro Binacional de Prevención contra la Trata de Personas, César Camacho destacó su compromiso para formular una ley alternativa que rescate lo mejor de esa minuta y se construya con la participación de los senadores, a fin de facilitar su procesamiento y aprobación.

“El compromiso es reformular el planteamiento de una legislación que ha tenido que adecuarse con rapidez: la reglamentación de trata de personas ha tenido una vigencia corta, porque más tardamos en expedirla, cuando la realidad parece rebasarnos y el tipo penal es insuficiente”, añadió.

Destacó que sigue habiendo empeños personales, grupales y de inteligencia al servicio de esta mala causa que se refuerza por mantener un status quo que hace daño a las personas, familias y sociedad entera. “Ese crimen organizado, con ganancias pingües que solo pueden equipararse al tráfico de drogas y a la venta ilegal de armas, sigue constituyendo una amenaza”.

El combate a la trata de personas, expuso, “no es un asunto de moda, sino de vida”, ya sea institucional, grupal o personal. Esta esclavitud contemporánea no puede ni debe tener lugar; sin embargo, “la realidad nos abruma y se encarga de situarnos en ella y nos registra tal situación”, abundó.

El diputado afirmó que no puede haber dignidad sin libertad, la cual es inalienable e impensable ceder. Recordó que el bien jurídico que tutela la normatividad del combate a la trata de personas es el libre desarrollo de la personalidad.

Sara Paola Galico Félix Díaz, diputada del PVEM, señaló que el fenómeno de la trata de personas “no tiene partido político”, sino que es un compromiso de cada persona, pues “aunque somos legisladores no dejamos de ser ciudadanos”.

Durante las mesas de análisis, Adriana Lizárraga González, titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la Procuraduría General de la República, informó que en el 2016 se realizaron diversos operativos en los estados de Baja California Sur, Quintana Roo y Tlaxcala, en los cuales se rescató a víctimas de estos delitos.

Detalló que en estos procedimientos se capturó a 23 mujeres y 75 hombres, se abrieron 65 averiguaciones previas y se liberó a 17 personas, las cuales fueron remitidas a la Procuraduría General de Justicia en Baja California Sur.

Lizárraga González reiteró que la Fevimtra busca fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos para actuar eficazmente con el nuevo sistema penal, a fin de que las víctimas y sus perpetradores sean tratados con pleno respeto a los derechos humanos.

Destacó que los retos de esta dependencia son incentivar la denuncia de este delito, fortalecer la creación de las fiscalías especializadas en materia de trata de personas, con recursos suficientes para brindar atención a las víctimas.

Además, atender el debido proceso de manera que se garantice el acceso a la justicia y crear refugios dónde se les otorgue un trato justo.

Sugirió a los legisladores hacer un llamado para que las entidades homologuen los protocolos de actuación y avance en la armonización de las leyes locales y estatales para facilitar la persecución del delito, así como reformar el ordenamiento jurídico para incorporar los medios comisivos.

Elías Rafful Vadillo, titular del Centro Nacional de Prevención al Delito y Participación Ciudadana, de la Secretaría de Gobernación, mencionó que es indispensable que los tres niveles de gobierno, trabajan de manera conjunta, pues no sólo se trata de entrever el delito, sino de atacar todos los factores de vulnerabilidad en la población.

“Es importante visibilizar, porque de qué sirve hacer campañas de prevención. Con eso no se termina el problema, sino con herramientas suficientes para que las personas puedan ejercer su libertad y no se encuentren presas de este ilícito”.

Añadió que en estas acciones se debe incluir a toda la cadena que pudiera ser cómplice de este delito, tales como transportistas, hoteleros y restauranteros, para que sean informados de cómo actuar en contra de la trata de personas.

En tanto, América Nava Trujillo, directora general de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, reconoció que en el país hay avances, pero aún hay mucho qué hacer y la Cámara de Diputados tiene un papel estratégico para implementar acciones que permitan combatir este flagelo

Advirtió que la policía no tiene los elementos tecnológicos para investigar y tampoco para brindar atención a las víctimas: por ello, dijo, se requiere de una política pública que deje de ver a las personas en calidad de víctimas y otorgue las herramientas necesarias que les permitan salir de ese círculo de vulneración de sus derechos.

Por su parte, el director general de Proximidad Social de la Gendarmería Nacional, de la Policía Federal, Miguel Ángel Martínez Colunga, resaltó que en el combate a la trata de personas es fundamental la denuncia ciudadana; por ello, señaló, esta área se encarga de ser un vínculo con la sociedad.

Explicó que la Gendarmería busca dignificar la imagen y devolver la confianza a la sociedad, con el propósito de fomentar la denuncia, la legalidad, la paz y la prevención.

“La policía quiere cambiar de un sistema correctivo de seguridad pública a uno de seguridad ciudadana, dónde todos los actores sociales se involucren para atender ilícitos como la trata de personas”, especifico.

El consejero del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Jorge Martínez Arreguín, dijo que la legislación respectiva debe dejar como base exclusiva al Protocolo de Palermo; de lo contrario, a la trata de personas se le da un enfoque de análisis de la delincuencia organizada, dejando a un lado los factores culturales.

Coincidió en que los tres órdenes de gobierno realicen su trabajo con la finalidad de velar por el cumplimiento de los derechos humanos y evitar que este flagelo siga afectando el tejido social del país.

Iván Torres Pérez, representante de la ONG Alto al Secuestro, señaló que hay un problema grave con la Ley de Víctimas, ya que “los jueces y magistrados no reconocen a este ordenamiento, sino a la Ley de Amparo, lo cual afecta la operatividad de los derechos humanos”.

Apuntó que en el sistema penal la víctima prácticamente no tiene voz, ni derecho a nombrar un asesor jurídico que la represente, ya que los ministerios públicos no tienen el peso específico para esto.

Aclaró que dentro del sistema acusatorio, se contemplan varios derechos para la víctima; sin embrago, el problema radica en que estos se hagan valer. Ejemplo de ello, añadió, es la reparación del daño, la cual muy pocas sucede.

Pidió a los legisladores garantizar el pleno respeto a los derechos humanos; que exista una adecuada investigación con la debida diligencia, y que el Ministerio Público y las policías indaguen e integren carpetas de investigación, para que no haya pretexto jurídico alguno que permita a los criminales salir de prisión.

RED/JGM