Palacio Legislativo 18-07-2017 (Notilegis).- Representantes de organizaciones de periodistas pidieron a diputados de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, impulsar una serie de iniciativas para proteger la labor de comunicadores.

Entre otras, pidieron impulsar una para elevar a rango constitucional el secreto profesional de los periodistas; otra para despenalizar los delitos de injuria, calumnia y difamación, y una más para expedir una ley de equidad publicitaria gubernamental.

También solicitaron realizar ajustes legislativos pertinentes para que se puedan crear leyes locales de bienestar social, a fin de que los profesionales de la comunicación puedan gozar plenamente de los derechos laborales y de seguridad social, ya que, afirmaron, más del 90 por ciento de los periodistas no cuenta con contratos de trabajo.

En reunión con integrantes de la Comisión Especial, que preside la diputada Brenda Velázquez Valdez (PAN), y a la que asistieron fiscales de los gobiernos de la Ciudad de México, Quintana Roo y Chiapas, los representantes de los periodistas señalaron la mejor manera de proteger a los comunicadores es abordando “la agenda legislativa pendiente del periodismo”.

Teodoro Raúl Rentería Villa, presidente honorario vitalicio de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fepermex), destacó la necesidad de crear una ley de equidad publicitaria gubernamental, para que todo medio de comunicación que justifique una labor social reciba recursos de los gobiernos federal y estatales, “porque es la única manera de beneficiar a un periodismo libre”.

Dijo que hay gobiernos estatales que establecen convenios publicitarios con medios de comunicación, a cambio de no “golpearlo”, pero si por alguna razón uno de sus colaboradores realiza un trabajo que no lo favorece, se retira ese convenio y el periodista se queda sin trabajo.

Teodoro Rentería Arróyave, presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (Conalipe) y fundador de la Fepermex, subrayó que es necesario despenalizar los llamados “delitos de prensa” en todo el país (injuria, calumnia y difamación), porque hay “gobernantes y funcionarios que se valen de ellos para atacar a la prensa y meter periodistas a la cárcel”.

“Si legislan sobre lo que le hemos llamado la agenda pendiente del periodista, eso va a ser el mejor blindaje de los periodistas”, externó.

Por su parte, los titulares de las fiscalías Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Margarita Vázquez Sánchez; Especial para periodistas del Estado de Chiapas, Carlos Tovilla Padilla, y General del Estado de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Cen, informaron sobre el estado que guardan las investigaciones de agresiones a periodistas en sus respectivas entidades.

La fiscal del gobierno de la Ciudad de México reconoció que un problema que enfrentan para perseguir los delitos, es que los periodistas ya no dan seguimiento a sus denuncias, y ello se convierte en un problema para poder castigar a los responsables, porque la Procuraduría capitalina ya no puede hacer nada.

El titular de la Fiscalía Especial para periodistas de Chiapas dijo que, durante la actual administración estatal, no se han registrado casos de homicidios o privaciones ilegales de la libertad de comunicadores, y que se está dando seguimiento a denuncias por amenazas y agresiones físicas.

El fiscal general de Quintana Roo comentó que en su entidad tampoco se han dado casos de homicidios contra periodistas, y que el caso más grave que han atendido es una relacionado con los ataques de taxistas convencionales a trabajadores del servicio de taxi Uber, donde una reportera fue golpeada cuando cubría la nota de dichas agresiones.

El fiscal agregó que en Quintana Roo no existe una fiscalía especial para atender los casos de agresiones a periodistas, lo cual fue recriminado por el vicecoordinador de Morena, Virgilio Caballero Pedraza, porque “estamos ante un problema gravísimo”.

La diputada Velázquez Valdez dio a conocer que a la reunión de trabajo también fueron convocados el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) de la PGR, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrían, pero no acudieron.

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