Palacio Legislativo, 31-10-2017 (Notilegis).- La Cámara de Diputados exhortó a las autoridades de Baja California y de todo el país a que se orienten por los principios de certeza, legalidad, independencia, honradez, imparcialidad, lealtad, objetividad, eficiencia y profesionalismo, al fallar en las licitaciones y concursos públicos que se les presenten.

Pidieron que siempre tomen en consideración a la población y al Congreso local, alejándose de cualquier criterio electoral, partidista o de amistad, considerando en todo momento las leyes de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios y la de Responsabilidades de los Servidores Públicos de su estado.

El Pleno aprobó, como de urgente y obvia resolución, un punto de acuerdo que presentó la diputada Cynthia Gissel García Soberanes (PES).

En sus consideraciones, la legisladora recordó que el 22 de agosto de 2014 se aprobó en Baja California la Ley Estatal de Asociaciones Público Privadas, que permite al sector privado participar en obras de infraestructura.

También dijo que “sin avisar a nadie” el gobernador licitó la construcción de dos plantas desalinizadoras, una en el poblado de San Quintín y otra en el municipio de Playas de Rosarito, “endeudando a dicha entidad federativa por una suma inicial de nueve mil millones de pesos, más IVA, por los próximos 37 años”.

Sostuvo que también se intentó modificar la Ley del Agua, mediante el dictamen 57”.

Sin embargo, agregó García Soberanes, “se llevó a cabo la manifestación pública y popular más grande y auténtica que jamás se haya realizado en dicho estado, por lo que al Ejecutivo estatal y a los diputados del PAN, PRD y MC no les quedó otra más que dar marcha atrás a lo que ya habían aprobado”.

Aseveró que ahora “intentan aprobar el dictamen 95, que reduce de desalinizadora a desaladora el nivel de las empresas que han de ser construidas, pero al mismo costo y con mucho menos tecnología”.

García Soberanes expuso que con esta medida se quintuplica la deuda del estado “con el único y perverso fin de vender el agua que viene del Río Colorado al estado de California, en Estados Unidos, y dotar de esa agua con un alto contenido de sal a los habitantes de Baja California”.

Planteó que presentó el punto de acuerdo “para evitar suspicacias futuras en asuntos similares, para otorgar claridad y certeza a todos los participantes de licitación pública en cualquier entidad federativa”.

El Punto de Acuerdo establece:

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las autoridades que ejercen material o formalmente funciones ejecutivas en Baja California y en toda la República Mexicana, a que se orienten por los principios de certeza, legalidad, independencia, honradez, imparcialidad, lealtad, objetividad, eficiencia y profesionalismo, al fallar en las licitaciones y concursos públicos que se les presenten, tomando siempre en consideración a la población y al Congreso local, alejándose por tanto, de cualquier criterio electoral, partidista o de amistad; considerando en todo momento la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de su Estado.

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