Palacio Legislativo, 10-11-2017 (Notilegis).- A 100 años de la Constitución Política de 1917 y a 24 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que renegocian México, Estados Unidos y Canadá, es necesario aplicar para el campo políticas públicas más eficientes, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín.

“Aplicar políticas públicas más eficientes, con una meta mucho más compartida que simplemente alcanzar mayores porcentajes de exportación”, indicó al participar en la clausura del XIX Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y IV Internacional.

Resaltó la importancia que significó para el país la aplicación del TLCAN, llevada a cabo a partir del primero de enero de 1994, y apuntó que “es impensable el México moderno sin el TLCAN”, pero alertó que “se han recrudecido los espíritus proteccionistas, aislacionistas, algunos más allá, nacionalistas”.

El diputado presidente sostuvo que estas actitudes socavan los principios del libre comercio y ponen, por lo menos al TLCAN, “al borde de ya no ser factibles como la articulación de las economías que en él están interviniendo”.

Aseveró que Estados Unidos pasó de la sociedad a, prácticamente, la amenaza, y tiene en vilo al TLCAN, “del que en buena medida depende la vida económica del campo mexicano”; además aplicar una política antiinmigrante con la deportación de connacionales.

“Hoy que tenemos la oportunidad de repensarlo (el TLCAN), y cuando el contexto del mundo regresa al proteccionismo, incluso a los nacionalismos, vale la pena considerar si no podríamos recurrir al lema de la ONU (Organizaciones de Naciones Unidas) en su Agenda 2030”.

Que “nadie se quede atrás, el reto tendría que ser cómo avanzamos todos juntos”, agregó Ramírez Marín.

La Agenda 2030 de la ONU contempla 169 metas en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el lema “No dejar a nadie atrás”, a fin de erradicar la pobreza, poner fin al hambre, garantizar una vida saludable, una educación de calidad, igualdad entre los géneros y disponibilidad del agua y saneamiento, entre otros.

“El TLCAN ha servido para dar el gran salto, la tarea inmediata es que nadie se quede atrás, rebasar los fenómenos de desigualdad”, expuso el líder parlamentario.

Señaló la necesidad de “corregir un aspecto de nuestra política agraria y agropecuaria y reconocer que tiene varias vertientes: legislativa, jurisdiccional o administrativa”.

Comentó que, “en este momento, hay que repensar esa justicia, no solamente ampliando facultades y agilizando procesos para repensar la tierra”.

“La permanencia de los jóvenes en sus núcleos agrarios, pero sobre todo su integración a alguna actividad productiva en el interior de los mismos, es un indicador negativo. Nos señala que la situación económica no es favorable para la población joven que habita los núcleos agrarios”, añadió.

Precisó que el 27.9 por ciento de los ejidos y comunidades presenta migración de jóvenes a Estados Unidos; 10. 7 por ciento a centros urbanos, y 2.6 por ciento a zonas rurales, posiblemente como jornaleros agrícolas.

Ramírez Marín expuso que “la articulación de los productores agrarios a complejos industriales vinculados a transnacionales no se está manifestando todavía como una forma de beneficio al empleo o a la modificación de condiciones de vida en las zonas rurales y mucho menos en las comunidades ejidales”.

“Prolifera la agricultura en contrato, se desplaza el concepto tradicional de la economía social y se ha modificado la demografía global y sus condiciones de vida, así como la estructura productiva en el campo, para favorecer una producción agropecuaria orientada hacia los mercados, sobre todo externos”, agregó.

Apuntó que un 37.5 por ciento de los ejidos y comunidades agrarias presentan serias dificultades para su desarrollo, por la carencia de infraestructura y la inadecuada base tecnológica.

“Las bajas condiciones productivas de los grupos agrarios redundan en que en el 41.3 por ciento de estos ejidos y comunidades la mayoría de los jóvenes emigra en busca de empleo”, acotó.

También aseguró que no se puede dejar de lado “el hecho de que la población rural no sólo es producción. En México es cultura, es una concepción de vida, es un tejido comunitario, es mucho más que meros productores de materias primas y alimentos”.

“Es una población en transición, que se expresa a través de nuevas interrelaciones sociales y productivas. Son agentes sociales diferentes a los de antaño, por lo tanto requieren nuevas formulaciones de política pública, nuevas formas de producción, nuevas regulaciones productivas y nuevas formas de cooperación, incluso internacionales”, expuso.

En la clausura del congreso, Ramírez Marín hizo un reconocimiento a José María Franco García, de la Universidad de Vigo en España, por la conferencia magistral “El derecho agrario, una visión desde la Unión Europea”.

También entregó el reconocimiento del agrarismo mexicano “Andrés Molina Enríquez” a Froylán Hernández Lara, director en jefe del Registro Agrario Nacional, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por su labor en materia agraria en el país.

La presea “Emiliano Zapata Salazar” fue otorgada al ingeniero Isaac Bueno Soria, director general de Desarrollo Territorial y Organización Rural de la Subsecretaría de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), por sus aportaciones para enfrentar la problemática del campo mexicano.

Este congreso inició el pasado 6 de noviembre en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en la Universidad Autónoma Metropolita (UAM) Azcapotzalco. Se clausuró este viernes en la Cámara de Diputados.

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