Palacio Legislativo 14-11-2017 (Notilegis).- La diputada Leticia Amparano Gámez (PAN), secretaria de la Comisión Especial de Salud Mental y Drogas, informó que impulsa una iniciativa para incorporar, en el marco jurídico, el modelo de justicia terapéutica, a fin de que sea considerado como una alternativa para las personas consumidoras de drogas con problemas legales. “Se busca admitir que estos consumidores puedan optar por recibir intervenciones y/o tratamiento en lugar de ser procesados o en su caso, enviados a prisión a purgar penas por su mera posesión o por delitos menores relacionados al consumo de sustancias”, dijo en conferencia de prensa, junto con representantes de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic). Agregó que su iniciativa busca fortalecer los factores de protección para la prevención social de la violencia y de la delincuencia, así como incidir en las causas y los factores que la generan, mediante la cohesión comunitaria y el fortalecimiento del tejido social en coordinación con los tres órdenes de gobierno Amparano Gámez subrayó que la estrategia efectiva que da respuesta a los mexicanos en conflicto con la ley, “y cuyo problema de origen es el consumo de sustancias psicoactivas, es el modelo de justicia terapéutica”. La diputada comentó que dicho esquema promueve la exploración en diversas disciplinas relacionadas con la salud y las ciencias sociales, alternativas que puedan ayudar en el desarrollo del derecho y ejercicio de las leyes, sin afectar el eje central de la justicia. Especificó que su iniciativa pretende reformar las leyes General de Salud, Nacional de Ejecución Penal, Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de sustancias psicoactivas y justicia terapéutica. El director general de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia de la Secretaría de Gobernación, Humberto Veras Godoy, subrayó que las reformas, en caso de concretarse, abonarán a la aplicación de los mecanismos alternos de solución de controversia. “Se guardará el equilibrio entre los protagonistas de conflicto penal, mediante el tratamiento con supervisión judicial enfocado en rehabilitar y reinsertar socialmente al participante… y también se darán servicios de tratamiento integrales”, abundó. Berenice Santamaría González, representante de la Conadic, concluyó que la intención es “darle beneficios anticipados a los consumidores para que en vez de que sean judicializados o privados de su libertad, reciban un tratamiento individual, seguido de una estrategia de reinserción social”. FQA/HSF |