Palacio Legislativo, 14-11-2017 (Notilegis).- Diputados del PRI, PAN, PRD, Morena, PVEM, MC, NA y PES, presentaron en la sesión de este martes 18 iniciativas que reforman diversos ordenamientos legales en temas de interés nacional.

Publicar programa de manejo de áreas naturales protegidas

La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (PRI) presentó iniciativa que reforma y adiciona los artículos 65, 66 y 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el propósito de precisar que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) deberá formular y publicar los programas de manejo de estas zonas dentro de un plazo de 180 días contados, a partir de la publicación de la declaratoria respectiva.

El propósito es garantizar que todas las áreas naturales protegidas cuenten con un plan de manejo y, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, en un plazo de 30 días, la Semarnat publique un resumen del programa, debido a que de las 177 áreas naturales protegidas 55 de ellas no cuentan con un plan de manejo y 20 de ellas pese a disponer de un programa ya elaborado, no se había publicado en el DOF. Se mandó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Acciones contra la discriminación

Kathia María Bolio Pinelo, diputada del PAN, planteó reformas al artículo 149 Ter del Código Penal Federal, a fin de ampliar las sanciones aplicables por acciones de discriminación; imponer de tres a seis años o de 350 a 500 días de trabajo a favor de la comunidad y multa de 200 a 400 Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien niegue un servicio, restrinja derechos laborales, educativos o de cualquier tipo y establecer que este delito se perseguirá de oficio.

De igual modo, Bolio Pinelo propuso modificaciones a diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para definir el término “accesibilidad universal”; considerar como conductas discriminatorias el prohibir la libre elección de empleo, o restringir las oportunidades de acceso o permanencia independientemente de la condición de vida por la que atraviese el trabajador, impedir la libertad de preferencia sexual y precisar que las medidas de nivelación incluirán la libertad de tránsito y desplazamiento.

Además, señalar que las medidas de inclusión comprenderán el desarrollo de políticas contra la segregación de personas con discapacidad y, estipular que las acciones afirmativas serán prioritariamente aplicables a personas miembros de la comunidad LGBTTTI.

La primera iniciativa se remitió a la Comisión de Justicia y la segunda a la de Derechos Humanos con opinión de la Especial sobre la no discriminación.

Mociones en las sesiones

Por el PRD, la diputada María Elida Castelán Mondragón presentó iniciativa que reforma los artículos 114 y 115 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a efecto de precisar que toda proposición hecha de viva voz desde su curul por un diputado será considerada como una moción y determinar que una moción de orden y preferencia podrá aplicarse para anticipar el momento de discusión de un asunto que esté contemplado en el orden del día.

Se busca fomentar la participación activa de los legisladores en el desahogo del orden del día a través de la introducción de un nuevo tipo de moción, cuyo objeto primordial es la alteración inmediata del orden del día, adelantando la discusión de un asunto. Fue enviada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Inscribir en el muro de honor IMSS e ISSSTE

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (Morena) presentó dos iniciativas. La primera, sugiere inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La intención es enaltecer a dos grandes instituciones públicas que han estado al servicio del pueblo y de los trabajadores del Estado por tantos años, sin descanso y siempre buscando mejorar y superarse ellas mismas. Será analizada por la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Mantener el salario mínimo como unidad de medida

La segunda propuesta de Juárez Rodríguez plantea reformas al artículo 123 de la Constitución Política, con el propósito de mantener el salario mínimo como base de prestaciones sociales; precisar que los salarios mínimos deberán regir en todas las áreas geográficas y determinar que se utilizará como índice, unidad, base, medida o referencia para los derechos cuya naturaleza sea análoga a la del salario e incluir todas las prestaciones de seguridad social, así como becas y otras transferencias sociales.

Al limitar el alcance de la reforma constitucional de desindexación del salario, se elimina la laguna legal que está permitiendo que algunas instituciones como el IMSS, el ISSSTE o el Conacyt, utilicen de manera ilegítima e indebidamente la Unidad de Medida y Actualización, en lugar de utilizar como índice de referencia los salarios mínimos. Se canalizó a la Comisión Puntos Constitucionales.

Sancionar y tipificar delitos informáticos

Sofía González Torres, diputada del PVEM, presentó iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de los códigos Penal Federal y del Nacional de Procedimientos Penales, relativa a fortalecer la protección de datos personales, así como ampliar las sanciones y procedimientos en materia de delitos informáticos, además de la manera de tipificarlos.

En México, cerca de 10 millones de mexicanos fueron víctimas de un ciberdelito en 2014 y esta cifra había aumentado a 22.4 millones de personas para 2016. El costo del cibercrimen este año alcanzó los 5 mil 500 millones de pesos. Fue turnada a la Comisión de Justicia con opinión de la Especial de las Tecnologías de Información y Comunicación.

Plazo para dar respuesta a puntos de acuerdo

El diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (MC) propuso modificaciones al artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para establecer que las entidades y dependencias de los tres órdenes de gobierno, órganos autónomos, fideicomisos públicos y toda aquella figura gubernamental deberán dar atención y respuesta a un punto de acuerdo aprobado por esta Cámara, en un plazo máximo de 30 días naturales.

Durante esta Legislatura a la fecha, se han ingresado 3 mil 331 puntos de acuerdo, de las cuales mil 437 se han desechado. Están pendientes de dictaminación 656, se han aprobado 741 y solo se han atendido 340. “Estas cifras son reveladoras, pues los puntos de acuerdo constituyen una herramienta legislativa útil y sirven de contrapeso”. La propuesta se mandó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Evitar discriminación en jóvenes

De NA, la diputada Karina Sánchez Ruiz propuso reformas al artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a fin de precisar que los jóvenes entre 12 y 29 años no podrán ser discriminados por sus preferencias sexuales o cualquier otra causa que atente contra su dignidad humana.

Con estas reformas se armoniza esta ley con la Constitución, los ordenamientos legales y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, además de propiciar la obligación de respetar, cumplir y garantizar los derechos humanos de los jóvenes. Se remitió a la Comisión de Juventud.

Castigar desvío de recursos para atención a damnificados

El diputado Abdies Pineda Morín (PES) presentó iniciativa que reforma y adiciona el artículo 90 de la Ley General de Protección Civil, a fin de ampliar las acciones que se considerarán como conductas graves; incluir entre éstas el desvío de recursos financieros y materiales con fines de atención a los afectados, almacenamiento de donaciones en algún evento contingente, venta o retardo de la entrega de bienes donados a damnificados.

Pineda Morín dijo que “el meollo es que la ayuda solidaria hacia los damnificados está ahora acompañada por una desconfianza fundada en la corrupción en todas las esferas sociales y políticas, desconfianza que se alimenta de sospechas de que las ayudas terminaron alimentando las campañas electorales y algunos partidos políticos desviaron esos recursos a sus campañas”. La iniciativa será analizada por la Comisión de Protección Civil.

Regular figura de posesionario

Iveth Bernal Casique, diputada del PRI, propuso reformas a diversas disposiciones de la Ley Agraria, para regular la figura de posesionario; enlistar los supuestos bajo los que se podrá adquirir el carácter de posesionario; indicar que a éste se le deberá expedir el certificado parcelario de posesionario el cual acreditará los derechos de los que gozan sobre sus parcelas, siempre que se haya realizado la asamblea de delimitación, destino y asignación de derechos.

Se busca precisar que para los certificados se deberá expedir uno para cada una de las unidades parcelarias de que sea titular el posesionario y dichos títulos sólo acreditarán la calidad de propietario; detallar los derechos y obligaciones con las que contará dicha persona, y determinar que la asamblea de ejidatarios podrá regularizar la tenencia de las tierras de posesionarios únicamente reconociéndoles derecho de uso y disfrute sobre las parcelas. Fue enviada a la Comisión de Reforma Agraria.

Expedir legislación única sobre extinción de dominio

Por el PAN, el diputado José Hernán Cortés Berúmen planteó iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política, a efecto de facultar al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en extinción de dominio, así como leyes que establezcan sanciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

En el país, de 138 mil operaciones inusuales detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, solo dos en el 2016 fueron pertinentes para poder ejercitar la acción penal y de las decenas de miles de millones de dólares que se presume se mueven en el crimen organizado, el último año solo se aseguraron 543 millones de pesos y 11.4 millones de dólares, sin reportar un solo decomiso. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Facultar a CFE para cancelar adeudos

El diputado Julio Saldaña Morán (PRD) presentó dos iniciativas. La primera adiciona el artículo 12 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, a fin de facultar a la CFE para cancelar adeudo a cargo de terceros tratándose de actividades públicas estratégicas del Estado mexicano.

La intención, indicó, es que las y los niños cuenten con energía eléctrica dentro de los centros escolares, toda vez que las altas temperaturas que imperan en el país obligan a mantener climas dentro de las escuelas, pero muchas veces no pueden debido a la falta de la liquidez económica de los padres de familia. Fue remitida a la Comisión de Energía.

Subcontratación laboral

La segunda propuesta de Saldaña Morán sugiere reformas a las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social, con la intención de dar a los empleados certezas y evitar simulación o defraudación; redefinir el régimen de subcontratación y que los patrones acrediten su responsabilidad y cumplimiento con las obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social.

Se busca eliminar los vacíos legales que muchas veces los patrones aprovechan para no cumplir con la generación de contratos, capacitación y, sobre todo, la debida remuneración de los trabajadores. “Debemos de ponerle atención en este Congreso para poder ayudar y respaldar a que la subcontratación pueda brindarles todos los derechos a los trabajadores”. La iniciativa fue enviada a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Atención psicológica en la cobertura de un seguro

Carlos Hernández Mirón, diputado de Morena, propuso reformas al artículo 162 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, a efecto de incluir a la atención psicológica en la cobertura del seguro de personas, a efecto de restablecer la salud emocional después de un evento como catástrofe natural, enfermedad grave que haya puesto en peligro su vida o hecho delictivo de alto impacto que produzca alteraciones en la salud mental.

Relató que “hoy en distintos municipios y entidades hay ciudadanas y ciudadanos que no pueden llevar a cabo una vida normal por la afectación emocional que se vivió con los sismos que ya he comentado, e incluso hay niños y jóvenes que no salen de sus casas por la afectación” emocional que padecen y les impide llevar a cabo su actividad de manera normal. Se canalizó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Requisitos del personal de custodia de los centros penitenciarios

La diputada Lorena Corona Valdés (PVEM) propuso adicionar el artículo 6 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de precisar los requisitos del personal directivo, administrativo, técnico y de custodia de los centros penitenciarios, y así atender lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Mandela.

Se deberá considerar la vocación, aptitudes, preparación académica y antecedentes personales de los candidatos; señalar que el personal desempeñará su cargo con pleno respeto a los derechos humanos de los internos, y resaltar que deberán recibir capacitación de manera permanente. Fue turnada a la Comisión de Justicia.

Labores que podrán desempeñar los legisladores federales

De MC, la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis planteó reformas al artículo 62 de la Constitución Política, con el propósito de precisar las labores que podrán desempeñar los legisladores federales durante el periodo de su encargo.

Entre ellas, podrán aceptar cargos honorarios en la iniciativa privada que no interfieran con sus horarios y actividades legislativas, y establecer que no podrán ejercer cargo o empleo en cualquier figura organizativa de tipo gubernamental, a fin de conservar la independencia mental y de actuación que su encargo les confiere. Se mandó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Considerar a la cultura como derecho para el desarrollo social

Luis Manuel Hernández León, diputado de NA, presentó iniciativa que reforma el artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social, a efecto de considerar a la cultura como un derecho para el desarrollo social.

Afirmó que es fundamental reconocer que la cultura es una gran influencia en el desarrollo social mediante el fortalecimiento del bienestar y las libertades a la que aspiran todos los seres humanos, toda vez que envuelven vidas, deseos, frustraciones y ambiciones, determinando en gran medida la identidad individual y colectiva. Fue remitida a la Comisión de Desarrollo Social.

RED/EGV