|
Palacio Legislativo, 11-04-2018 (Notilegis).- El diputado Ángel García Yáñez (NA), resaltó la necesidad de facilitar a los productores de alimentos orgánicos su certificación por instancias especializadas, que avalen procedimientos libres de tóxicos, con el fin de brindar mayor certidumbre a los consumidores. “Así como facilitarles mecanismos de diversificación comercial para posicionarlos en un ámbito más competitivo en el contexto nacional e internacional”, sostuvo en un comunicado el también integrante de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego México ocupa el cuarto lugar como productor mundial de alimentos orgánicos, que provienen principalmente de Oaxaca, Chiapas y Michoacán, de acuerdo a datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Es fundamental, puntualizó, acreditar también a los denominados Organismos de Certificación Orgánica (OCOs), en apego a lineamientos que fomenten la transparencia en sus procesos de certificación, evaluación y mejorar la calidad de los servicios que éstas ofrecen. Ángel García expuso que en México, una de las vías para acreditar a un producto orgánico como tal, es a través de estos organismos operadores que a su vez están certificados por la Sagarpa. “La certificación orgánica dota de un valor agregado a la producción, ya que brinda certidumbre tanto a los productores como a los consumidores sobre los procesos utilizados; muestra de ello son los montos obtenidos por nuestro país en esa materia”, expuso. En el plano internacional, señaló que el 86 por ciento de la producción orgánica se exporta a Estados Unidos, Europa, Japón y China. Entre los productos que más se exportan, detalló, están el aguacate (15 por ciento), hortalizas (19 por ciento), así como café y alimentos diversos (ocho por ciento). Este sector tiene una aportación notable en nuestra economía, ya que las exportaciones realizadas por nuestro país en el año 2015 con este tipo de productos, según señala el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), alcanzaron los 136 millones de dólares y, hasta abril de 2016, se registraron ventas por casi 49 millones de dólares, destacó. “Se trata de reconocer la importancia que tienen los certificadores, sin pasar por alto la protección de los derechos de los productores desde el inicio del proceso, los requisitos que deberán cumplir y, en caso de que se les rechace el certificado, que conozcan de manera precisa en qué consistieron las deficiencias”, concluyó. RZJ/EGV |
