Palacio Legislativo, 11-04-2018 (Notilegis).– Diputados de la Comisión Especial que da seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, autoridades del gobierno del Estado de México y habitantes de municipios de esta entidad, acordaron realizar una serie de acciones para verificar y mitigar las afectaciones ambientales derivadas de los trabajos en la terminal aérea.

Los acuerdos se realizaron en reunión de trabajo, a la que también asistieron representantes del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y profesores de la Universidad Autónoma de Chapingo.

El diputado Rafael Hernández Soriano (PRD), presidente de la Comisión Especial, afirmó que hay afectaciones ambientales en algunas zonas de los municipios de Tezoyuca, Tecámac, Ixtlahuaca, San Martín de las Pirámides, San Juan Teotihuacán, Texcoco y Tepetlaoxtoc.

En esos lugares se llevan trabajos para la extracción de minerales y se han creado tiraderos para los desechos de la construcción del nuevo aeropuerto, indicó.

Nicolás Mendoza Jiménez, director general de Ordenamiento e Impacto Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, reconoció que el tiradero ubicado en el poblado de San Nicolás Tlaminca, Texcoco, sí está sobre un área protegida estatal.

Los habitantes de este municipio exigieron cancelar el permiso de ese tiradero, retirarlo de la zona y resarcir el daño ambiental, porque se han depositado desechos húmedos que eventualmente contaminarán el manto freático.

Para este caso, se acordó buscar reuniones con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a fin de evaluar los riesgos de daño al manto acuífero de la zona.

Los habitantes de Tepetlaoxtoc señalaron que en el poblado de San Nicolás Altica se cambió el uso de suelo en una zona de reforestación, para permitir la explotación minera, y derivado de esto han surgido minas clandestinas, cuya actividad, tanto legales como ilegales, están afectando, entre otros aspectos, el hábitat natural del ajolote, que es una especie endémica en peligro de extinción.

Respecto a esto, Mendoza Jiménez aseguró que fueron instancias del gobierno federal las que autorizaron el cambio de uso de suelo, puntualizando que el ecosistema original de dicha zona no es boscosa por naturaleza, sino por intervención humana.

Apuntó que la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México ha otorgado 26 permisos para explotación minera en Tepetlaoxtoc y se está evaluando no conceder más; mientras,la autoridad federal ha dado seis.

Para verificar la existencia de minas clandestinas se acordó realizar un recorrido por la zona con la Secretaría del Medio Ambiente y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem).

Para salvaguardar el hábitat del ajolote, se acordó solicitar la realización de estudios sobre población de esta especie en cuerpos de agua, al Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Hernández Soriano refirió que también se han denunciado daños en el sitio arqueológico Tetzcotzinco, mejor conocido como “Los baños de Nezahualcoyotl”, ubicado en Texcoco.

Al respecto, Mendoza Jiménez requirió que se precisen las presuntas afectaciones a la zona arqueológica, toda vez que se han hecho recorridos y no se han logrado observar, petición a la cual se accedió.

Asimismo, el diputado apuntó que en el municipio de Tezoyuca están operando empresas mineras con permisos vencidos desde febrero, cuyas denuncias ya están presentadas, pero las autoridades no han procedido al respecto.

Subrayó que en San Agustín Actipac, en Teotihuacán, hay evidencia de que se está usando combustible robado por los “huachicoleros” para el transporte de materiales y las autoridades tampoco han actuado, pese a las denuncias.

En ese sentido, Hernández Soriano exigió a las autoridades federales, del Estado de México y de GACM dejar de lado su “negligencia criminal”, tomar medidas preventivas y correctivas en torno a las irregularidades en esta obra, que es la más importante de este sexenio.

Planteó cancelar los contratos a las empresas que delinquen al proveer servicios, actuar penalmente contra los responsables y reparar los daños causados.

El diputado perredista lamentó que los representantes gubernamentales hayan llegado a la reunión a plantear medidas dilatorias, como realizar estudios adicionales a los ya hechos para tener, según ellos, evidencia de los daños ambientales, arqueológicos y patrimoniales, en lugar de proponer medidas concretas para detener los agravios y revertirlos.

La reunión de trabajo de este miércoles se derivó de un recorrido, junto con autoridades del Estado de México, por “zonas afectadas” de los municipios de Texcoco, Tepetlaoxtoc, Teotihuacan y San Martín de las Pirámides, el pasado viernes 6 de abril, indicó Hernández Soriano.

A la reunión de trabajo acudieron la diputada Claudia Sánchez Juárez (PAN) y el diputado Emiliano Álvarez López (Morena).

También José Luis Jiménez Ruiz, subprocurador de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) y funcionarios de la Dirección General de Gobierno de la Región Otumba, del gobierno del Estado de México.

Por parte del GACM acudieron Jorge Alarcón, quien es el enlace legislativo; Alejandro Virchez González, coordinador de Medio Ambiente y Sustentabilidad, así como Rolando Vázquez, Benjamín Granados, Jessica Arizmendi y Mario Vázquez.

Por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes asistieron Miguel Ángel Uribe y Blanca Vélez, de la Dirección General de Vinculación.

HSF/JGM