Palacio Legislativo 26-04-2018 (Notilegis).- La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma los artículos 102 y 116 de la Constitución Política, para establecer que las entidades federativas cuenten con Fiscalías Generales de los Estados, con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio.

El Pleno lo avaló por unanimidad y mayoría calificada, con 334 votos a favor, y lo turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

Surgió de dos iniciativas que presentaron los diputados Jesús Sesma Suárez (PVEM), en septiembre de 2017, y Braulio Guerra Urbiola (PRI) y Lorena Corona Valdés (PVEM), en noviembre pasado.

El documento estipula que las constituciones de todas las entidades federativas establecerán la forma de organización de las Fiscalías Generales de los Estados, garantizando su autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio.

Además, tendrán la obligación de realizar sus funciones de procuración de justicia con base en los principios de eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.

Las cartas magnas de los estados también establecerán el tiempo que durarán en el cargo los fiscales generales, quienes deberán ser electos por mayoría calificada en los congresos locales, a propuesta del Ejecutivo estatal.

En un artículo segundo transitorio señaló que los estados deberán realizar las adecuaciones legislativas en un plazo máximo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Una vez realizadas las adecuaciones legales, las legislaturas locales deberán iniciar, de forma inmediata, el procedimiento previsto para la designación del fiscal general del estado.

En un precepto tercero transitorio establece que los fiscales que estén en funciones al inicio de la vigencia de este decreto, podrán continuar en sus cargos en tanto se realiza la designación correspondiente y podrán ser considerados para participar en el referido proceso de selección.

En el documento se expone que el país se encuentra en la mira internacional por los diversos casos de corrupción que han salido a la luz pública en los últimos años.

Por esa razón, agregó, el correcto funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción debe ser una prioridad no sólo en el actuar legislativo, sino para todos los mecanismos institucionales creados para su correcta implementación y funcionamiento.

“La directriz de la política actual obliga a asumir compromisos en materia de transparencia y combate a la corrupción que, con certeza jurídica, proporcionen los mecanismos y herramientas necesarias para atender y afrontar estos retos que, además, son una exigencia social”, señaló.

Subrayó la importancia de garantizar que las instituciones locales de procuración de justicia sean realmente autónomas y con ello se genere una mayor certeza y legitimidad frente a la ciudadanía.

La Comisión de Puntos Constitucionales, que elaboró el dictamen, sostuvo que la reforma tiene el fin de lograr la legalidad, transparencia, imparcialidad y aplicación estricta del derecho en la función de investigación y persecución de delitos en las entidades federativas.

Explicó que estas propuestas derivan del Pacto por México, que promovió la reforma constitucional, en 2014, para que el Ministerio Público de la Federación pasara de ser un órgano de la Administración Pública Federal, dependiente y subordinado al Ejecutivo federal, a organizarse en una Fiscalía General de la República autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio.

“Es necesario sentar las bases para que las entidades federativas homologuen sus marcos constitucionales y legales, a fin de introducir la figura de fiscalías locales y adecuarlas a la nueva realidad jurídica y deontológica en su funcionamiento y fines”, apuntó.

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