Palacio Legislativo 24-01-2018 (Notilegis).-Diputados y senadores de siete grupos parlamentarios del Congreso de la Unión, cuestionaron al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, sobre los motivos del organismo para promover una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“¿Cuáles son los puntos centrales del contenido del recurso jurídico presentado por la CNDH contra la Ley de Seguridad Interior recientemente aprobada y qué, particularmente, transgrede los derechos humanos?”, preguntaron durante la presentación del informe anual de labores 2017 de la CNDH ante la Comisión Permanente.

Asimismo, los legisladores condenaron el asesinato, en noviembre pasado, del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDH), Silvestre de la Toba Camacho, y solicitaron a González Pérez informar las acciones emprendidas en este caso, así como los avances en materia protección a los migrantes, periodistas y defensores de derechos humanos, y el presupuesto ejercido.

El diputado Alfredo Miguel Herrera Deras (PAN) y la senadora Angélica de la Peña Gómez (PRD) pidieron al ombudsman nacional ampliar su planteamiento respecto a la necesaria construcción de las corporaciones policiacas que se requieren, para identificar cuál es la particularidad que está trasgrediendo la Ley de Seguridad Interior, en materia de derechos humanos.

Además, cuestionaron a González Pérez sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres migrantes y de los periodistas en el país.

El diputado Ricardo Ramírez Nieto (PRI) preguntó al titular de la CNDH las acciones que tomará el organismo para destinar mayores recursos a la investigación de violaciones a los derechos humanos y disminuir su gasto corriente, toda vez que en 2017 el 73 por ciento de su presupuesto fue destinado al pago de sueldos y prestaciones de seguridad social.

Ramírez Nieto condenó el asesinato del ombudsman de Baja California Sur y pidió informar las medidas que ha tomado la CNDH para prevenir este tipo de ilícitos en otras entidades federativas.

En respuesta, el titular de la CNDH sostuvo que en la acción de inconstitucionalidad que presentó el organismo la semana pasada, impugna que existan imprecisiones en diversos términos de la Ley de Seguridad Interior que generan incertidumbre jurídica para su aplicación.

“La ley permite que, sin parámetros, el Ejecutivo federal pueda ordenar discrecionalmente la intervención de las Fuerzas Armadas e incidir en el ámbito de libertades y derechos de las personas, por cuestiones imprecisas”, indicó.

“Hay términos que no tienen los parámetros para la actuación de los militares”, insistió González Pérez.

Agregó que el recurso jurídico también cuestiona la subordinación de las autoridades civiles al mando de las Fuerzas Armadas, entre otros aspectos.

El ombudsman nacional condenó el homicidio de De la Toba Camacho y dijo que garantizar la seguridad para los defensores de derechos humanos y periodistas es de gran importancia, por lo que, comentó, se han realizado campañas en favor de éstos y para construir políticas en la materia, a fin de que estos hechos no queden en la impunidad.

Respecto a la violencia de género, González Pérez planteó la necesidad de reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que se determine cuándo se decreta la alerta de género en alguna entidad federativa.

Los diputados María Candelaria Ochoa Dávalos (MC) y Virgilio Caballero Pedraza (Morena) pidieron al titular de la CNDH su opinión respecto a la Ley de Seguridad Interior y el recurso jurídico que interpuso el organismo que preside.

“¿Qué opinión le merece que las Fuerzas Armadas realicen funciones que corresponden a las autoridades civiles, como lo es investigar delitos y proporcionar seguridad pública, y ahora se pretende dotarlas de un marco para legalizar su participación en dichas funciones? ¿Qué consecuencias se van a tener?”, cuestionaron.

Los senadores David Monreal Ávila (PT) y Jorge Aréchiga Ávila (PVEM) manifestaron su preocupación sobre el tiempo en que la CNDH emite una recomendación, asimismo respecto a las acciones en materia de migración y protección a defensores de derechos humanos.

González Pérez señaló que, desde la mirada de la Comisión, la Ley principalmente “adolece de los parámetros adecuados, precisamente para que las autoridades intervinientes puedan no incurrir en violaciones a derechos humanos por la gran discrecionalidad que se deja en temas de amenazas o riesgos”.

Indicó que en su acción de inconstitucionalidad se insiste en que las Fuerzas Armadas “no pueden en sí mismas intervenir en asuntos de la competencia de autoridades civiles. Es imprescindible que se requiera su participación y, además, que en las operaciones en la que intervengan, estén subordinadas las autoridades civiles”.

El ombudsman nacional dijo que le “satisface” el número y el tiempo en que se emiten las recomendaciones, debido a la complejidad de éstas, sin embargo, “no justifica que no seamos más oportunos con las víctimas”.

Además, expuso, en materia de migración se han emitido varias recomendaciones en el tema de refugiados y las estaciones migratorias, pero “no basta solamente fijarnos en el norte del país, falta también construir y fortalecer la política de quienes ingresan por el sur del país”.

NGM/FQA/EGV/JGM