Palacio Legislativo 24-01-2018 (Notilegis).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en 2017 el mayor número de recomendaciones por violaciones graves a estos derechos desde su creación, pero las quejas contra las Fuerzas Armadas disminuyeron, afirmó su presidente, Luis Raúl González Pérez.

“2017 podrá ser considerado un año atípico para los derechos humanos en nuestro país”, por la disminución de quejas contra las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) y por el número de recomendaciones emitidas por violaciones graves, indicó.

El ombudsman hizo este comentario al presentar su informe anual de labores, correspondiente a 2017, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Comentó que las quejas recibidas y las recomendaciones emitidas contra Sedena y Semar bajaron respecto a 2016.

Sin embargo, añadió, “ambas instancias continuaron siendo señaladas como responsables de presuntas violaciones a derechos humanos que involucrarían conductas de evidente gravedad, como tortura, desaparición forzada o ejecución arbitraria, entre otras”.

González Pérez apuntó que la CNDH emitió un total de 97 recomendaciones, de las cuales cinco fueron por violaciones graves en casos ocurridos antes de 2017, pero cuyas investigaciones culminaron en ese año; 81 fueron ordinarias; ocho del mecanismo de prevención de tortura, y tres generales.

“Durante 2017, este organismo nacional emitió cinco recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos, lo cual representa más de la mitad del total de las nueve recomendaciones formuladas bajo tal calificación durante la existencia de la CNDH”, señaló

Las recomendaciones por violaciones graves se dirigieron a 15 autoridades, entre las que destacan la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno de Veracruz, porque cada instancia recibió dos recomendaciones de este tipo.

Los casos por lo que se emitieron estas cinco recomendaciones fueron: el tráfico de niños en el DIF de Sonora, entre 2009 y 2015; la investigación sobre los 49 cuerpos hallados en fosas clandestinas en Cadereyta, Nuevo León, en mayo de 2012, y el uso excesivo de la fuerza en un operativo policial en Nochixtlán, Oaxaca, en junio de 2016.

Asimismo, por los casos de las desapariciones forzadas de tres jóvenes en Papantla, Veracruz, en marzo de 2016; y la tortura, ejecución y desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, en enero de 2016.

Las 81 recomendaciones ordinarias representaron un aumento de 16 por ciento respecto a 2016 y se dirigieron a 62 autoridades, entre las que resaltan: el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), con 19 casos; la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), con 13; la PGR, con 13; el Instituto Nacional de Migración (INM), con 7; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con cuatro, y la Semar, con igual número.

En materia de quejas, las autoridades que fueron señaladas con mayor recurrencia de presuntas violaciones a derechos humanos fueron: el IMSS, con dos mil 634 casos; el ISSSTE, con mil 78; la Secretaría de Educación Pública (SEP), con 656, y el INM, con 521 quejas.

Le siguieron la Policía Federal, con 425 quejas; la PGR, 422; la Sedena, 415; la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), 386; el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, 377, y la Semar, con 259 casos.

Las entidades federativas en las que se reportó con mayor frecuencia la comisión de algún hecho presuntamente violatorio a derechos humanos fueron: Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Chiapas, Jalisco, Aguascalientes, Tamaulipas, Michoacán y Oaxaca.

También se refirió a la violencia e inseguridad que prevalecen en el país.

“Los índices históricos” en estas materias, así como la percepción mayoritaria de inseguridad entre la población, “son evidencia clara y objetiva de que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno han fallado en su obligación y responsabilidad de proporcionar niveles mínimos de seguridad a la población”.

“En un hecho inédito, la violencia contra defensores de derechos humanos cobró, en la persona del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, su primera víctima mortal dentro del sistema de protección no jurisdiccional previsto por nuestra Constitución, caso que continúa en la impunidad”, agregó.

González Pérez también indicó que, durante 2017, la CNDH promovió 34 acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre ellas la que interpuso contra la Ley de Seguridad Interior.

HSF/JGM