Palacio Legislativo, 26-06-2018 (Notilegis).– La presidenta de la Comisión Especial para dar seguimiento a los procesos y resultados de las compras del gobierno federal, Claudia Corichi García (MC), señaló la necesidad de reformar las leyes en materia de adquisiciones y obras públicas para reducir la discrecionalidad y cubrir las lagunas jurídicas que favorecen la corrupción.

Al inaugurar el foro “Modificaciones a las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas�, la diputada señaló que estas dos legislaciones tienen aspectos positivos, pero también presentan vacíos jurídicos que permiten “diversos riesgos�.

Corichi García refirió que existe una iniciativa de reforma a estas dos leyes, particularmente a sus artículos 1, que está en estudio en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

El foro se convocó con el objetivo de mejorar y enriquecer dicha propuesta, que “busca reducir el margen de discrecionalidad, cerrando lagunas que permiten la impunidad y la corrupción�.

Reconoció el beneficio derivado de la aplicación de las dos leyes, ya que permiten “llevar a cabo de manera rápida y expedita una contratación� de obra o adquisición; “sin embargo a cambio de este beneficio se corren diversos riesgos�.

La diputada destacó que las dependencias y entidades de la administración pública federal, “no realizan una investigación de mercado para garantizar que el proveedor ofrezca las mejores condiciones para el Estado, por lo que a veces se llega a pagar un sobreprecio�.

Otro riesgo es que el proveedor no acredite “fehacientemente que cuenta con los recursos humanos, materiales y técnicos para poder cumplir con su responsabilidad�.

Hoy, “con sólo recibir una manifestación por escrito del ente proveedor, se da por hecho que este tiene la capacidad� en la materia, con lo cual “se desvirtúa la naturaleza de este tipo de contrataciones, poniendo en riesgo que los bienes y servicios se presten� y se lleven a cabo con calidad.

Este “tipo de contrataciones se está volviendo una práctica común, con la finalidad de evadir el procedimiento de contratación de licitación pública�, de ahí la importancia de aprobar las reformas propuestas.

En el foro participó el subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, de la Secretaría de la Función Pública (SFP), José Gabriel Carreño Camacho, quien anunció que en “las próximas semanas� se emitirán las reformas a los reglamentos de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

La finalidad será precisar cuestiones como la investigación de mercado en materia de supervisión de estas contrataciones, abundó.

En declaraciones a la prensa, el subsecretario afirmó que estas modificaciones serán “un mecanismo de prevención� y ayudarán a detectar empresas “fantasma�.

Las dependencias y entidades de la administración pública federal deberán demostrar que el ente público posee las capacidades técnicas, humanas y materiales para llevar a cabo la actividad que se requiere en la contratación, dijo.

Será un recordatorio para que se cercioren de no incurrir “en situaciones que más adelante pudieran considerarse como un acto de corrupción�, aseveró Carreño Camacho.

Durante el foro, el subsecretario señaló la necesidad de fortalecer la participación de la figura de testigo social en las licitaciones públicas, lo que constituye un mecanismo de participación ciudadana en la gestión de las contrataciones gubernamentales, el cual es designado por la SFP.

Al encuentro también acudieron la coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de la organización “México Evalúa�, Mariana Campos Villaseñor, y el director general del Observatorio de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Alfonso Carrillo Silva, quienes coincidieron en señalar la necesidad de aprobar las reformas a las leyes de adquisiciones y obras públicas.

Ello, para mejorar la transparencia en los procesos de licitaciones y compras públicas, cubrir lagunas que favorecen la impunidad y los actos de corrupción y fortalecer la rendición de cuentas.

Asimismo, se pronunciaron por dar prioridad a los proveedores nacionales por encima de los extranjeros.

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