Palacio Legislativo 05-11-2018 (Notilegis).- La diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena), expertos y activistas de derechos humanos, plantearon reformar de manera integral el sistema de justicia penal del país y crear de inmediato la Comisión de la Verdad, para combatir y erradicar la fabricación de culpables y garantizar la justicia a las víctimas.

La fabricación de culpables, que abarca la detención arbitraria e ilegal, tortura, violación, encarcelamiento injusto y el trato cruel a las víctimas, ha sido una práctica habitual en México que involucra a distintas autoridades, para incriminar a inocentes por delitos fabricados, sostuvieron durante el foro “Sobre fabricación de culpables en México. Hacia una política pública para su atención y erradicación”.

El evento tiene como objetivo visibilizar este flagelo como un problema público de seguridad y de derechos humanos, además de crear un espacio a las víctimas, desde diferentes perspectivas, a través de grupos de trabajo con activistas, expertos, periodistas y legisladores, para construir una estrategia de atención, sanción, erradicación y regulación en la materia.

Huerta del Río indicó que la fabricación de culpables se ha categorizado ya como un delito de lesa humanidad, por lo que se requiere en México reformar muchas leyes e impulsar políticas públicas que frenen o erradiquen este y muchos otros flagelos que han permitido la impunidad en el país.

Convocó a los ponentes a comenzar la creación de la Comisión de la Verdad y, a nombre de su grupo parlamentario y del nuevo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a coadyuvar en la solución de esta problemática.

El activista y sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, apuntó que las víctimas de violaciones de sus derechos humanos son la base moral y el nuevo gobierno debe priorizar la búsqueda de la verdad y la justicia para éstas.

“La víctimas son nuestra base moral, donde debemos recomenzar esa nueva etapa para México, y sin las víctimas es imposible hacerlo, porque éstas guardan la memoria en carne viva de esta violencia institucionalizada, represiva de un Estado corrupto y torturador. De un terrorismo social”, señaló.

Agregó que, ante “un Estado que debería de ser de apoyo, de búsqueda de la justicia y que se ha convertido en un mecanismo de control y terror, no hay miedo, hay una enorme sed de justicia y una gran indignación por la impunidad y no vamos a parar hasta que el sistema se cambie”.

Solalinde Guerra dijo que se requieren políticas públicas y un sistema que descubra la verdad, en donde las personas tengan derecho a decir qué fue lo que pasó, que se castigue a los culpables, y se garantice, mediante ese replanteamiento del aparato de justicia y legislación, la no repetición.

“Exigimos que esta nueva Legislatura dé respuestas eficaces e inmediatas a esto y que se cree una Comisión de la Verdad para que se dé solución a todos los casos”, aseveró.

Asimismo, pidió que “el próximo gobierno investigue a Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, y a otros que han estado presuntamente vinculados en casos de fabricación de culpables”.

“Cada víctima es importante, pero me ha indignado mucho que detrás de varios casos, siempre me he encontrado a la señora Isabel Miranda de Wallace y me ha impresionado mucho porque esta persona ha estado como intermediaria de un Estado corrupto y las víctimas. Aquí está un factor terrible de la fabricación de culpables”, enfatizó.

El Padre Solalinde retó al alto clero a que, en este nuevo gobierno, defina si estará de lado de las víctimas o no, pues anteriormente “ha sido, en cierta forma, coparticipe de este sistema injusto”.

El escritor Jorge Volpi Escalante puntualizó que “la fabricación de culpables no es una práctica excepcional, sino una regla de cómo el sistema de administración de justicia, la policía, los ministerios públicos y los jueces, son cómplices de incontables casos”.

Aseguró que “el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio no funciona casi en ningún nivel, está mal diseñado y permite la corrupción en todos los niveles y privilegia la impunidad de los poderosos y reduce las posibilidad de que, quien no tiene o poder o dinero, obtenga una sentencia justa”.

“Somos un Estado fallido, que no puede garantizar justicia transparente, equitativa, independiente para sus ciudadanos.”, lamentó.

En ese sentido, dijo que resulta imprescindible para el nuevo gobierno y la LXIV Legislatura reformar completamente el sistema de justicia penal, para llegar a la verdad y la justicia, que incluya la reparación del daño y la garantía de no repetición.

Al hablar sobre su libro “Una novela criminal”, una investigación del caso de la ciudadana de origen francés, Florence Cassez, Volpi Escalante dijo que pudo conocer cómo se fabrican culpables y delitos en el país.

En este primero de dos días que durará el foro, se llevaron a cabo dos mesas y una conferencia magistral, en las que participaron periodistas como José Reveles, autor de “El Affaire Cassez: la indignante invención de culpables en México” y Marco Lara Klahr, especialista en derechos humanos y justicia penal, así como Miguel Sarre, miembro del Comité para la Prevención de la Tortura de la ONU, activistas, víctimas y familiares.

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