Palacio Legislativo 17-10-2018 (Notilegis).- El ombudsman nacional, Raúl González Pérez, y el representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, alertaron sobre la crisis de violencia, impunidad y desigualdad que vive México y exhortaron a los diputados a diseñar leyes y un presupuesto para 2019, bajo un enfoque de derechos humanos.

Asimismo, durante la instalación de la Comisión de Derechos Humanos, que preside el diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre (Morena), plantearon la urgencia de contar con instituciones sólidas, con credibilidad, que propicien una mayor vigencia y respeto de los derechos fundamentales.

Ambos expusieron a los legisladores de esta instancia, una agenda legislativa, entre lo que destaca redefinir el papel de las Fuerzas Armadas en la Ley de Seguridad Interior, instaurar una Fiscalía General de la República autónoma, legalizar la interrupción del embarazo por elección y el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país.

González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sostuvo que México atraviesa una coyuntura crítica en derechos humanos, sintetizado en binomios de pobreza y desigualdad, violencia e inseguridad y corrupción e impunidad, “que son caldo de cultivo para que se dejen de respetar los derechos humanos”.

Indicó que “esta década de pasivos acumulados ante los flagelos que minan las instituciones y que ha vulnerado a las personas”, solo se puede revertir si se suman esfuerzos para propiciar que la legalidad sea la dimensión de la vida cotidiana.

“El exhorto es que cualquier modificación a la Constitución y a las leyes, parta del principio de respetar derechos humanos. Si hay normas que no se apeguen a la constitucionalidad o a la convencionalidad, la CNDH ejercerá su atribución de acciones de inconstitucionalidad”, señaló.

El ombudsman nacional subrayó la importancia de que México cuente con una Fiscalía verdaderamente autónoma, que surja de un proceso de selección incuestionable, genere certidumbre y confianza; además, que se reestructuren los modelos de procuración de justicia y se revise la Ley de Seguridad Interior.

Además, propuso que se emita una ley general en materia de desplazamiento forzado y las leyes reglamentarias de los artículos 29 y 33 constitucionales; asimismo, que se regule el matrimonio igualitario, la eliminación de la figura del arraigo, el uso legítimo de la fuerza por parte de autoridades y se adecuen las normas para que la implementación de las alertas de género sea más oportuna.

Jan Jarab expuso que ante la violencia generalizada, la impunidad crónica, la discriminación estructural, la marginación y la pobreza que enfrenta el país, los diputados tienen una oportunidad histórica de desplegar su encomienda pública con una visión de cambio y un enfoque de derechos humanos.

Se pronunció por diseñar un Presupuesto de Egreso de la Federación (PEF) 2019, que favorezca la materialización de los derechos fundamentales de la población, especialmente de quienes más lo necesitan y que se avance en el reconocimiento de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad.

Además, que se impulsen los derechos de las mujeres a la interrupción legal del embarazo y el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, y reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Jan Jarab dijo que se requiere un marco regulatorio sobre el uso legítimo de la fuerza acorde con los estándares internacionales, crear un registro de detención único a nivel nacional que permita documentar de manera independiente y certera toda privación de libertad y derogar la figura de prisión preventiva oficiosa.

Coincidió en la necesidad de revertir el paradigma de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad establecido en la Ley de Seguridad Interior e implementar una Fiscalía que asegure la imparcialidad, el profesionalismo, la objetividad, la rendición de cuentas, para superar la impunidad crónica.

También pidió que se emita un marco jurídico en materia de desplazamiento interno forzoso y de asilo, así como actualizar la normatividad de migración, con un enfoque de derechos humanos, entre otros temas.

Al evento asistieron el comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández y el senador Emilio Álvarez Icaza.

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