Palacio Legislativo 24-10-2018 (Notilegis).- La diputada Laura Martínez González (Morena), funcionarios y representantes de la sociedad civil, plantearon analizar la situación de las mujeres privadas de la libertad, para que puedan ser posibles beneficiarias de una eventual amnistía.

Durante el foro “Mujeres privadas de la libertad”, se pronunciaron por intensificar los esfuerzos para proporcionar a las mujeres presas un ambiente de derechos, cultura y dignidad, a fin de construir un sistema penitenciario eficiente y eficaz, así como una sociedad menos desigual y más justa.

Martínez González, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, sostuvo que al día de hoy siguen sin atenderse los derechos más elementales de las reclusas en el país, lo que denota, “lamentablemente, una omisión grave por parte del Estado mexicano, en la elaboración de políticas públicas efectivas para ello”.

Expuso que las cárceles se encuentran en condiciones del todo indignas, pues carecen de programas reales de reinserción a la sociedad, están totalmente saturadas, y las reclusas permanecen en hacinamiento, sin programas mínimos de atención a su salud física y emocional o adicciones.

Además, no se les brinda la debida asesoría jurídica y condiciones de seguridad, por las para que puedan purgar su condena en un proceso libre de todo tipo de violencia.

“Pareciese que no es suficiente la condena judicial impuesta que las priva de su libertad por los delitos cometidos, sino que además de ello, deben también sufrir todo tipo de vejaciones durante sus estancia en prisión ante las graves prácticas y condiciones del sistema penitenciario”, aseveró.

La diputada de Morena dijo que con este foro se pretenden encausar una vez más este tipo de problemáticas, a fin de que, en conjunto, se busque una salida legal y se resuelva, pues “no podemos hacer como si nada pasara y volvernos cómplices de una seria violación a los derechos humanos en contra de las mujeres reclusas”.

Resaltó que la “amnistía que propone el nuevo gobierno, encabezado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, puede ser una salida legal dentro del marco constitucional en pro de los derechos humanos, para que aquellos casos que verdaderamente lo requieran”.

El titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, apuntó que las mujeres privadas de su libertad viven en una condición de vulnerabilidad que es necesario contrarrestar mediante acciones y políticas públicas de atención específicas, que se tomen en serio, para que se traduzcan en hechos.

Dijo que una persona puede perder su libertad porque ha cometido un delito o porque presuntamente ha cometido un delito, pero nunca jamás pierde su dignidad, por lo que es un deber del Estado asegurar que el respeto por los derechos de las mujeres sea efectivo, real y que el principio de dignidad se aplique en la práctica sin distinciones.

“Proporcionar a las mujeres privadas de la libertad un ambiente de derechos, cultura y de dignidad, no sólo sirve para construir un sistema penitenciario eficiente y eficaz, sino para crear una sociedad menos desigual y más justa”, indicó.

Sales Heredia resaltó que desde el ámbito federal se ha implementado una política cuyo fin es empoderar a las mujeres privadas de la libertad, la cual contempla un componente educativo, uno laboral, uno deportivo, uno de salud y uno cultural, y se ha impulsado la capacitación del personal penitenciario en la perspectiva de género.

“Un mexicano promedio lee como un libro y medio al año y en los centros penitenciarios a nivel nacional el promedio de lectura es de nueve libros al año, porque hay tiempo”, refirió.

Arely Rojas Rivera, presidenta de la organización ¿Y quién habla por mi?, señaló que el objetivo del foro es analizar la situación de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad, con perspectiva de género y destacando las problemáticas que enfrentan, para tomar en cuenta los retos que aún se tienen hacia este grupo poblacional.

Además, se pretende que sea la punta de lanza que permita que, mediante esfuerzos conjuntos, se analicen los casos de mujeres en situación de privación de libertad, para emprender acciones que les beneficien y hacer una base de datos de casos susceptibles a ser analizados a la luz de una eventual amnistía.

Refirió que en México aproximadamente 10 mil 700 mujeres están privadas de la libertad y casi la mitad se encuentra en prisión preventiva, las cuales, además del abandono y la falta de asistencia legal, se enfrentan a diversas adversidades que se intensifican estructuralmente.

Rojas Rivera enfatizó que la legislación y las normas que rigen las prisiones aún tienen el reto de identificar la particular vulnerabilidad y necesidades de estas mujeres, por lo que se intensifiquen la atención de este grupo poblacional, a los hijos de éstas y las mujeres indígenas y extranjeras que purgan una condena.

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sostuvo que para garantizar buenas condiciones de vida a las mujeres privadas de la libertad, las leyes deben ir acompañadas de voluntad política por parte de las autoridades, además de presupuesto suficiente.

Agregó que también se debe “alentar a los estados para que tengan en consideración las circunstancias específicas de las mujeres reclusas al elaborar las legislaciones”.

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