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Palacio Legislativo, 08-09-2018 (Notilegis).- La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) acusó al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de mantener en la total opacidad la Iniciativa Mérida, “que prácticamente está ausente en su último Informe de Gobierno”. En un comunicado, dijo que la Iniciativa Mérida, firmada el 30 de junio de 2008, representa uno de los instrumentos de mayor cuestionamiento por la discrecionalidad, opacidad y falta de resultados en la que se maneja. Apuntó que especialistas en la materia han señalado que con este instrumento se ha perdido soberanía e independencia en materia de seguridad pública. La legisladora de Morena sostuvo que “gran parte de los 1.6 mil millones de dólares que el gobierno de los Estados Unidos ha enviado a nuestro país se ha utilizado para armamento, capacitación y equipamiento para la lucha contra el crimen organizado”. De igual manera, ha servido para aplicar el nuevo sistema penal acusatorio en todo el país, de cuestionada eficacia, añadió. Alavez Ruiz comentó que en el VI Informe de gobierno, entregado por escrito el pasado 1 de septiembre a la Cámara de Diputados, sólo se aprecian cinco acciones de capacitación a servidores públicos para la aplicación de este sistema de justicia penal. Sostuvo que otro tema en el que también el Ejecutivo federal evade informar, “es sobre el destino de los datos obtenidos en los quioscos con tecnología biométrica que utiliza el Instituto Nacional de Migración”. Agregó que, según reportes de prensa nacional e internacional, estos datos son remitidos, a través del software que usan dichos dispositivos elaborado por la empresa CSRA Inc., a agencias de seguridad de los Estados Unidos, como el FBI y el Departamento de Estado, entre otras. Esta acción es preocupante, porque “desconocemos el uso que se dé a esta información de ciudadanos mexicanos y de otras nacionalidades que transitan por territorio mexicano rumbo al vecino del norte”, advirtió. Dijo que, sin atentar contra la confidencialidad de esos datos personales, el gobierno federal tiene la obligación de protegerlos e informar si el gobierno estadounidense tiene acceso a éstos. Resaltó que el gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ya anunció que se revisará este instrumento que debe ser conciliado con la estrategia nacional de pacificación, que tiene como eje fundamental atender las causas sociales de la violencia, y no sólo el uso de la fuerza. Alavez Ruiz enfatizó que no se puede permitir nunca más una frontera norte que inicia en el sur de Chiapas y no en el Río Bravo, sin descuidar el mutuo respeto de la relación bilateral. JGM |
