|
Palacio Legislativo, 10-04-2019 (Notilegis).– La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que establece la obligación de los centros penitenciarios de contar con un registro de personas mayores de 60 años que incluya información sobre sus condiciones de salud, necesidades de alimentación, apoyos y ubicación. Lo anterior, a efecto de que la autoridad penitenciaria implemente políticas públicas que garanticen el respeto a sus derechos humanos, en condiciones de igualdad con respecto al resto de los internos. El Pleno lo aprobó, en lo general y en lo particular, con 318 votos, cero en contra y dos abstenciones, y lo turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación. El documento adiciona un artículo 35 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal, y surgió de una iniciativa presentada por la diputada Martha Hortencia Garay Cadena (PRI) el 4 de octubre de 2018, dictaminada por la Comisión de Justicia. El nuevo precepto a la letra dice: “Artículo 35 Bis. Los centros penitenciarios deberán contar con un registro de personas de más de 60 años que incluya información específica sobre sus condiciones de salud, necesidades de alimentación, apoyos y ubicación, a afecto de que la autoridad penitenciaria implemente las políticas públicas que garanticen el pleno respeto a sus derechos humanos, en condiciones de igualdad con respecto al resto de la población en internamiento”. La Comisión de Justicia refirió, en el dictamen, que de acuerdo con las “Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México”, elaborado en 2017 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre de 2016 había 188 mil 262 personas privadas de su libertad en centros penitenciarios de los estados, de los cuales 95 por ciento eran hombres y 5.0 por ciento mujeres. Apuntó, que con base en esos datos, se calcula que había, en ese entonces, “más de 5 mil personas en reclusión que entran en la categoría de adultos mayores, de los cuales más de mil 700 no estaban sentenciadas (35 por ciento) y que por un simple tema de capacidad instalada es muy poco probable que no hayan contado o cuenten con los requerimientos mínimos para un atención adecuada y una vida digna”. “El problema que la reforma pretende resolver es cumplir con el deber de cuidado que el Estado tiene para con las personas en reclusión, especialmente, grupos vulnerables como las personas de la tercera edad”, agregó. HSF |
