• El titular de la SSPC plantea incluir la extorsión y el asalto a autotransporte de carga en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa; regular la compra de tarjetas SIM de prepago (celulares), de armas réplica (de juguete) y establecer mayores controles sobre las operaciones financieras en tiendas de conveniencia

• Propone una reforma constitucional para que las instituciones policiales, entre ellas la Guardia Nacional, tengan autonomía en sus investigaciones y puedan judicializarlas

• Legislar para que el Congreso de la Unión expida un Código Penal Nacional, es otra de sus propuestas

• El coordinador de Morena, Mario Delgado Carrillo, respalda la agenda legislativa del funcionario y afirma que se le dará “máxima prioridad”

Palacio Legislativo, 30-08-2019 (Notilegis).– El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), Alfonso Durazo Montaño, pidió a los diputados de Morena impulsar reformas constitucionales y legales para eficientar el combate y la investigación de los delitos de extorsión, asalto y secuestro.

Asimismo, para otorgar a las instituciones policiales, entre ellas la Guardia Nacional, la facultad de realizar sus investigaciones con autonomía y puedan judicializarlas.

El funcionario federal solicitó la anterior en conferencia de prensa, acompañado por el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Mario Delgado Carrillo, y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, donde también planteó legislar para que el Congreso de la Unión pueda expedir un Código Penal Nacional.

Durazo Montaño acudió a la Cámara de Diputados para participar en la reunión plenaria de los diputados morenistas, donde definen su agenda legislativa para el periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de septiembre.

El Secretario se pronunció por realizar una reforma al artículo 19 constitucional para incluir la extorsión y el asalto al autotransporte de carga en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

“Hoy detenemos a un extorsionador y al siguiente día continua sin restricción alguna cometiendo sus actos criminales”, lamentó.

Para combatir y facilitar las investigaciones de los casos de extorsión, “cobro de piso” y secuestro, pidió regular la compra de tarjetas SIM de telefonía celular de prepago, de armas réplica (de juguete) y establecer mayores controles sobre operaciones financieras en tiendas de conveniencia, utilizadas para cobrar el dinero del ilícito.

Explicó que para cometer extorsiones y secuestros, los criminales utilizan tarjetas SIM de prepago que se adquieren sin requisitos mínimos de venta, y posteriormente los desechan.

“Tenemos registro de que en un secuestro se han utilizado hasta 16 teléfonos, un teléfono por llamada, y no sabemos quién lo compró ni dónde, absolutamente nada, e inmediatamente después de la llamada de extorsión o secuestro se deshacen de él. Perdemos la geolocalización que es imprescindible para localizar al criminal”, indicó.

Planteó estandarizar a nivel nacional los tipos penales para evitar el “turismo delictivo” en estos casos, ya que, por ejemplo, un secuestro se comete en un estado, se llevan a la víctima a otro y cobran el rescate en un tercero, donde las legislaciones son distintas y se complica el proceso para sancionar.

El secretario comentó que la mayoría de los acontecimientos de violencia se han cometido en clubes nocturnos, conocidos popularmente como “antros”, por lo que propuso una modificación al precepto 115 de la Constitución Política, en materia de licencias para establecimientos mercantiles y uso de suelo.

Apuntó que se deben establecer parámetros comunes en la Carta Magna para que los municipios otorguen las licencias a esos establecimientos, ya que actualmente cada gobierno municipal “regula estos giros como mejor le parece”.

Propuso reformar el artículo 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión a emitir un Código Penal Nacional y homologar los tipos penales a nivel nacional, dejando algunos espacios para la legislación estatal.

Otra modificación planteada por Durazo Montaño fue al artículo 21 de la Carta Magna, a fin de que las instituciones policiales tengan la facultad de realizar sus investigaciones con autonomía.

Ello, para que puedan llevar las investigaciones de forma autónoma, “y sólo cuando la indagación se encuentre terminada entregar los registros al Ministerio Público, para que decida formular o no la imputación correspondiente”.

“Eso nos va a permitir evitar la necesidad de la denuncia. Mucha gente no denuncia porque no quiere problemas. Pero la policía no puede judicializar sus investigaciones”, dijo.

Finalmente, planteó fortalecer las capacidades del órgano desconcentrado de reinserción social de la SSPC, “con el propósito de facilitar el rescate de los penales del autogobierno y de organizaciones criminales que los tienen controlados”.

Asimismo, cambios a la Ley Federal de Seguridad Privada y a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por su parte, el diputado Delgado Carrillo destacó que la SSPC ha tenido un respaldo muy importante de este grupo parlamentario y de la Cámara de Diputados para impulsar todos los cambios legislativos necesarios para cambiar la tendencia de criminalidad y de violencia.

Aseveró que se le dará “máxima prioridad” a las propuestas legislativas del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Decirles, Secretario y General, que se vayan tranquilos, que van a contar con el presupuesto que se necesita para que la Guardia Nacional llegue hasta 120 mil elementos el año que entra”, agregó.

HSF