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Nota N°. 1203 Afirman Juárez Piña y Almaguer Pardo que dictamen sobre Guardia Nacional institucionaliza la militarización de seguridad pública; confían en que Senado frene el proyecto

Palacio Legislativo 17-01-2019 (Notilegis).- Las diputadas del PRD, Verónica Juárez Piña y Guadalupe Almaguer Pardo, afirmaron que el dictamen que crea la Guardia Nacional, aprobado ayer, institucionaliza la militarización de la seguridad pública en el país y confiaron en que el Senado de la República lo frene.

 

En declaraciones a la prensa, señalaron que “equivocaron su voto quienes avalaron este dictamen, y el presidente Andrés Manuel López Obrador lo reconoció al manifestar su inconformidad con lo que se aprobó”.

 

“Lo que votamos, sin lugar a dudas, institucionaliza la presencia de los militares en las calles y con la declaración del Presidente y nuestra opinión, se abre la oportunidad para que los senadores puedan parar este dictamen y legislar en torno a una institución de seguridad completamente civil”, aseveraron.

 

López Obrador dijo este jueves no estar satisfecho con el dictamen aprobado debido a que se eliminó un artículo transitorio que permitiría a las Fuerzas Armadas, realizar tareas de seguridad mientras se consolida la conformación de este nuevo cuerpo policial y aseguró que pedirá al Senado de la República incluir este precepto.

 

Las diputadas perredistas refirieron que fue el diputado morenista Pablo Gómez Álvarez, quien retiró el artículo cuarto transitorio de una propuesta que supuestamente presentó la Secretaría de Gobernación.

 

Juárez Piña, vicecoordinadora del PRD, sostuvo que la declaración del Ejecutivo federal significa “reconocer que se equivocaron” y confió en que el Senado de la República pueda frenar el dictamen, trabajar en otro proyecto de reforma para crear un cuerpo de seguridad meramente civil, sin modificar la Constitución Política.

 

“La opinión que hoy está dando Andrés Manuel es reconocer que se equivocaron. Debe hacerse una reforma que no nos lleve a mover el marco constitucional, sino las leyes secundarias, a terminar de reglamentar el artículo 129 de la Carta Magna”.

 

Además, que permita se fortalezcan las policías estatales y municipales, y que, de manera coordinada, se pueda impulsar una estrategia para que el Ejército regrese de manera paulatina a los cuarteles.

 

Realmente, subrayó, no había consenso entre los legisladores respecto a la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles; sin embargo, comentó, su colaboración en tareas de seguridad pública debe ser “transitoria, excepcional, vigilada y con controles”.

 

Almaguer Pardo aseguró que el Jefe del Ejecutivo “tiene tal desconocimiento del proceso legislativo que ni siquiera atinó a decir si se refería al artículo cuarto que pone un alto a la incidencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública o el quinto transitorio, que habla de que éstas solamente pueden estar en la calle en tiempo de guerra”.

 

“Le cambiaron la redacción simplemente, ahora se trata del fortalecimiento de las policías y, por cierto, hay que decirlo, ese cambio de redacción estuvo bajo la responsabilidad de Pablo Gómez, hay que decirlo”, expresó.

 

Indicó que permitir a las Fuerzas Armadas actuar prácticamente de manera inmediata, se violentaría el artículo 29 Constitucional que establece que el Ejército y la Marina solamente pueden estar en la calle en tiempos de guerra.

 

“Habría que dejar el 129 constitucional tal como está, que no permite que la Marina y el Ejército salgan a las calles inmediatamente, porque, nosotros aseguramos, por la evidencia de los 12 años de fracasos, que tener al Ejército en las calles no resuelve el problema de la inseguridad pública”, subrayó.

 

Las diputadas perredistas coincidieron en que debe haber una sanción inmediata y ejemplar para legisladores de su bancada que votaron a favor de crear la Guardia Nacional;“actuaron en contra de la línea política del PRD”; y la decisión la tomará la dirección nacional del partido.

 

“Sí ameritaría una sanción ejemplar para quienes votaron en contra de la línea política del PRD y de lo que se consensuó, que sean expulsados. Pero la dirección nacional tomará la decisión y el tipo de sanción a la que se harán acreedores, que va desde una amonestación pública hasta la cancelación de la membresía”, expresó Juárez Piña.

 

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