• Proponen establecer obligatoriedad de protección de estas personas por parte de gobiernos locales y fortalecer monitoreo de zonas de riesgo
• Plantean generar condiciones de retorno o reinserción para quienes son protegidos por el mecanismo y diseñar medidas comunitarias
• Asimismo, capacitar a funcionarios y realizar investigaciones encaminadas a sancionar realmente las agresiones contra comunicadores y defensores

Palacio Legislativo 23-07-2019 (Notilegis).– Representantes de organizaciones de la sociedad civil afirmaron que más allá de crear un nuevo marco jurídico, es preciso perfeccionar la ley y el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como aplicarlos de manera eficaz y destinar el presupuesto suficiente a ello.

Coincidieron en la necesidad de establecer la obligatoriedad de la protección de estas personas por parte de los gobiernos locales, generar condiciones de retorno o reinserción para aquellos que son protegidos por el Mecanismo y realizar investigaciones encaminadas a sancionar realmente las agresiones contra comunicadores y defensores.

Este martes se llevó a cabo, en el Centro Cultural Tlatelolco, la tercera mesa técnica de parlamento abierto para la dictaminación de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que organiza la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, que preside la diputada Rocío Barrera Badillo (Morena).

Balbina Flores Martínez, representante en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF), sostuvo que es preciso que el Poder Legislativo establezca la obligatoriedad de la protección por parte de las autoridades locales, ya que hasta el momento no han asumido esa responsabilidad.

“Es un mecanismo federal el que asume esta tarea y eso no es posible en un país donde las condiciones de inseguridad para ejercer el periodismo cada vez son mayores y no creo que vayan a cambiar actualmente. Las autoridades locales deben ser citadas ante los congresos estatales e incluso en el Congreso federal”, dijo.

La activista planteó la necesidad de que haya una mayor coordinación entre las fiscalías que investigan los ataques contra periodistas y defensores y los mecanismos de protección, además de fortalecer el monitoreo de zonas de riesgos para el ejercicio periodístico y la defensa de los derechos humanos.

Asimismo, que el gobierno federal reconozca y respete el trabajo de defensores y periodistas y se implemente una política de atención específica sobre el desplazamiento forzado y el retorno o reubicación de las víctimas.

Edith Olivares, de Amnistía Internacional (AI), apuntó que es indispensable generar condiciones para el retorno de las víctimas, ya que, expuso, las personas que están “permanentemente” protegidas en realidad están abstraídas de su entorno y labor, lo que trae consecuencias psicosociales y en términos de la labor de defensa del periodismo.

Subrayó la importancia de avanzar hacia medidas de carácter comunitario, es decir, planes que puedan ser elaborados por las propias comunidades sin olvidar que es el Estado el responsable de protegerlos y se pronunció por que haya mayor transparencia y rendición de cuentas para garantizar la protección de datos de las personas protegidas.

La directora de la organización Artículo 19, Ana Cristina Ruelas, señaló que en términos de prevención es importante considerar que todavía existen legislaciones locales que criminalizan o limitan la libertad de expresión y, en ese sentido, es preciso asegurar que las leyes no interfieran con la independencia del periodista.

“Es decir, el Mecanismo, una de las medidas de prevención que puede solicitar es la derogación de tipos penales contra el honor, de ultrajes y los tipos penales que inhiben la materia de información en materia de seguridad, que hoy se usan para detener arbitrariamente a periodistas”, explicó.

La activista indicó que es primordial establecer controles judiciales y sanciones para el espionaje e interferencias de comunicaciones de periodistas, que hoy no existen, lo que, advirtió, permite que las autoridades vigilen a comunicadores y defensores de derechos humanos.

Asimismo, permitir la encriptación y anonimato para evitar identificar las fuentes informativas de los periodistas y capacitar a los jueces, ministerios públicos y agentes judiciales y policías de investigación en el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contrala Libertad de Expresión, bajo una perspectiva de género.

Agregó que es muy importante tomar en serio en el presupuesto la partida para la defensa y protección de los comunicadores y defensores, y que se hagan investigaciones, análisis y patrones de agresiones; asimismo, que funcionarios públicos de alto nivel condenen las agresiones contra estas personas.

Gerardo de Jesús Albarrán Alba, presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Periodistas de la Ciudad de México, dijo que las medidas de protección y la legislación ya están, lo que se requiere es aplicarlas de manera eficaz y trabajar en la prevención.

“No podemos seguir abordando este tema desde la simulación. La ley que ya existe no es mala, lo que se necesita es una revisión completa de lo que ya existe y perfeccionarlo, porque un nuevo marco va a terminar por reproducir la impunidad y simulación”, aseveró.

Andrés Hurtado Cardoso, de Propuesta Cívica, planteó la creación de un consejo de evaluación de medidas y monitoreo de agresiones, con la participación de distintas entidades y la sociedad civil, que permitan prevenir, identificar “focos rojos” y diseñar y diferenciar planes ordinarios y de contingencias.

Se pronunció por establecer medidas colectivas enfocadas a prácticas comunitarias de reacción, protocolos y presencia organizativa de las localidades y generar infraestructura de espacios seguros.

NGM